Melina Romero festejaba su cumpleaños el 24 de agosto de 2014, cuando salió de un boliche del partido bonaerense de San Martín y su rastro se perdió. Violada y asesinada, su cadáver fue hallado un mes después a orillas del arroyo Morón. Las crónicas de la época destacaron que aquella chica de 17 años no trabajaba ni estudiaba, repararon en su forma de vestir y en sus relaciones y la erigieron en un arquetipo de la mala víctima. Esa figura exculpatoria de la violencia de género persiste en sentencias judiciales y se asocia con su complemento: el buen victimario, aquel varón insospechable de los delitos que le imputan por su perfil público y por sus condiciones de clase y de raza.
“La mala víctima absuelve al acusado y a una sociedad que promueve violencias con la sexualización de niños y niñas y la forma en que somos mostradas las mujeres cis en los medios de comunicación”, afirma Ana Oberlin, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de La Plata. “Si bien fue visibilizada por parte de los feminismos, esa figura nunca fue desterrada y hoy está muy presente en el sistema judicial. Esos estereotipos atraviesan la sociedad y permean profundamente a los operadores y operadoras”, agrega.
Con veinticinco años de antigüedad en el Poder Judicial, Oberlin observa “algunos logros” en la incorporación de perspectiva de género pero sobre todo un rechazo que se activa con la presidencia de Javier Milei y el desmantelamiento de las políticas de género: “El sistema de justicia en general es muy permeable a los cambios cuando tienen que ver con volver a políticas conservadoras, porque es parte importante del sostenimiento del sistema hetero cis patriarcal”.
Abogade lesbiane y militante feminista, Luciana Sánchez litiga en casos de violencia sexual ante tribunales bonaerenses, porteños y de la Nación y da cuenta de la coyuntura: “Se notan cambios y se notan retrocesos. Algunos son más obvios y otros están más solapados”. Entre estos últimos destaca que hay casos en que “los jueces y juezas liberan a acusados de violencia sexual contra mujeres y niñas refiriéndose a cuestiones jurídicas como la insuficiencia de la prueba”.
“Los tribunales locales no pueden contradecir los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las víctimas de violencia sexual. Pero estos casos se cometen en la clandestinidad y es difícil que haya otra prueba directa más allá del testimonio de la sobreviviente, en el caso de que haya sobrevivido. Entonces los jueces plantean que el imputado también tiene garantías y utilizan esa frase como una muletilla constante y un argumento en contra de las víctimas”, resalta Sánchez, también docente en la Universidad Nacional de Avellaneda.
El Tribunal santafesino que falló en el caso del profesor de educación física Juan Francisco Trigatti, acusado por abuso sexual simple contra cinco niñas de 3 a 6 años, sostuvo como principio “partir siempre de la credibilidad” de la víctima “y posteriormente corroborar la coherencia interna y externa de sus dichos”. Pero en este aspecto contempló “la posibilidad de fabulación, inoculación de información y/o sugestión” y absolvió al docente el 18 de octubre con un sesgo “prejuicioso y discriminatorio” encubierto bajo el supuesto respeto a la normativa, según una de las querellas.
El Tribunal integrado por Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres analizó la prueba “partiendo de un preconcepto del caso vinculado a la persona del imputado y de las niñas víctimas”, planteó la abogada Carolina Walker Torres, al apelar la absolución como querellante por una de las víctimas: de un lado un “varón, heterosexual, de clase media, proveniente de sectores católicos, representativo de la masculinidad hegemónica santafesina”, del otro “niñas muy pequeñas y, por tanto, susceptibles de ser manipuladas, pobres, con familias que aparecen como conflictivas desde el imaginario colectivo, representativas de la idea de mala víctima”.
Sánchez sostiene a la vez que el falso síndrome de alienación parental (SAP), un argumento repetido en defensa de abusadores, subyace a los razonamientos judiciales pero sin explicitarse. “Los jueces no dicen que los niños mienten sino que la prueba no es suficiente –apunta-. Utilizan el estándar de la duda razonable para albergar absoluciones de agresores utilizando estereotipos de género como base”. Entre estos lugares comunes, “la mala víctima y las líneas de preguntas prejuiciosas siguen apareciendo en los juicios pero no en la sentencia, donde lo que se invoca es la duda razonable”.
Otro argumento reiterado en defensa de los abusadores, más ante los medios y la opinión pública que ante los jueces, es que la perspectiva de género distorsiona las sentencias y que las acusaciones de falsas denuncias surgen de mujeres celosas despechadas, como se alegó en apoyo al abogado Guillermo Martín Moncayo, condenado a dieciséis años de prisión en agosto de 2024 por abusos contra dos hijas. El fallo no está firme; Moncayo es un abogado especializado en comercio internacional y medio ambiente, se doctoró en Alemania y trabajó en la Procuración del Tesoro de la Nación.
“El SAP y sus derivas como la teoría de los discursos implantados en las víctimas volvieron con mucha fuerza –afirma Luciana Sánchez–. En el grupo específico que trabaja con Cámara Gesell dentro del Cuerpo Médico Forense de Justicia de la Nación creen que los niños pueden tener discursos contaminados y lo que llaman falsas memorias. Es una forma de criminalizar a las personas que están a cargo de esos niños y de negar la violencia específica contra niños, niñas y adolescentes”.
Entre otros casos, Sánchez fue querellante en el juicio por el asesinato de la activista trans Amancay Diana Sacayán que culminó en 2018 con la condena de prisión perpetua para el acusado, Gabriel David Marino, y con la adopción de la palabra “travesticidio” por parte de la Justicia. También advierte por apropiaciones de denuncias progresistas desde la perspectiva anti derechos, como las que visibilizan las malas prácticas policiales en las ruedas de reconocimiento: “Hay muchos videos sobre la producción de memoria falsa y de falsos recuerdos. Estos argumentos están siendo trasladados de manera completamente acrítica al campo de los delitos sexuales y contradicen todos los estándares de valoración del testimonio de la víctima sobreviviente que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres décadas de sentencias. Es necesario cuestionar la forma en que se hacen los reconocimientos por parte de testigos de delitos contra la propiedad porque hay un sesgo racista en la Justicia. Pero esta forma de trabajo no se puede trasladar al campo de los delitos sexuales, porque se cometen en condiciones de clandestinidad donde la única prueba directa suele ser el testimonio de la víctima sobreviviente”.
Imágenes inmaculadas
Juan Trigatti participaba en actividades de Cáritas, había sido catequista en barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe y estaba conceptuado como un hombre religioso. “La imagen pública de buena gente, buen profesional, buen católico, buen padre, buen amigo, es muy común en los casos de abusadores sexuales infantiles”, destacó Carolina Walker al apelar la absolución por abusos presuntamente cometidos en el Jardín de Infantes que depende del Arzobispado de Santa Fe.
La abogada citó precedentes notables en la provincia de Santa Fe: el arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni, condenado en 2010 por abuso sexual agravado de un seminarista; el sacerdote Enzo Monzón, de Reconquista, por quien se organizaron marchas y protestas de monjas y fieles mientras era juzgado y finalmente sentenciado en 2022 por dos casos de abuso sexual; la catequista Nidia Morandini, condenada a 20 años de prisión por abusos en la ciudad de Esperanza; el preparador físico Guillermo Clement, condenado a 35 años en Venado Tuerto por el abuso de nueve alumnos; el entrenador de triatlón Walter Sales Rubio, fallecido en diciembre en la cárcel de Piñero, donde cumplía una pena de 50 años de prisión por al menos quince abusos en San José del Rincón.
“Los buenos victimarios son mostrados por ejemplo cuando ocurren violaciones en el contexto de una cita. Esto termina en una especie de disputa de la palabra de una persona contra la de otra donde se resalta la figura de la mala víctima, porque aceptó ir a la casa del varón y después no quiso estar con él”, dice Ana Oberlin. Ante delitos “donde la culpa y la vergüenza se traslada a las personas victimizadas”, el sistema judicial “privatiza y minoriza los casos, como dice Rita Segato, como si fueran violencias de menor cuantía y que tuvieran menor importancia que otras”, agrega la fiscal de La Plata.
Oberlin destaca que la campaña sobre las falsas denuncias que fogonean legisladores nacionales, organismos antiderechos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no es una novedad: “Parecería que muchos problemas se habían solucionado en la administración de justicia y ahora cambiaron, pero no es así. Los estereotipos de la mala víctima nunca fueron desterrados. Pero cuando el discurso desde el Poder Ejecutivo es continuo y violento contra la política de género estas cuestiones latentes toman más fuerza”.
Luciana Sánchez destaca que tampoco es novedosa la prédica sobre “la discriminación positiva” que difunden Agustín Laje y otros voceros del gobierno nacional para impugnar al feminismo: “Es un discurso que busca poner en discusión los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso. El objetivo es cuestionar la existencia de la violencia de género y volver a un mundo donde no se reconocía el problema. Tienen un discurso donde interpelan a los hombres como si estuvieran a favor de ellos, pero no es así, porque también promueven discursos muy violentos contra los hombres en alianza con sectores del feminismo radical”.
Sánchez cita a Angela Davis y sostiene que “el arquetipo del buen victimario es el pater familia, el varón blanco y propietario”. En la casuística reciente, “vimos cómo un nuevo fallo sacó la calificación de femicidio para la muerte de Lucía Pérez (la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata el 9 de octubre de 2016) y ella todavía representa el arquetipo de la mala víctima, por lo que increíblemente la siguen castigando: el proceso era tortuoso, llevaba años, y la Cámara de Casación Penal vuelve a decir que ella falleció sola, que nadie la asesinó, sin tener en cuenta la evidencia”.
Oberlin se manifiesta crítica la ley Micaela, “porque en parte terminó generando una burocracia donde se daban unos casos que otorgaban una constancia que certificaba la perspectiva de género y no es la manera; no todos esos cursos estaban bien encarados y tampoco dieron el resultado esperado, un poco por esa burocracia y un poco por la resistencia del mismo sistema a modificar estas prácticas tan arraigadas”. No obstante, señala una mayor visibilización de la violencia sexual y una conciencia creciente de las víctimas y de sus familiares, lo que se traslada a un aumento de denuncias. “En esto sí hay un cambio positivo –dice-. Todavía existe un imaginario muy fuerte donde asociamos la violación con la agresión cruenta, en un callejón y con un arma en la cabeza, pero ahora se denuncian muchos otros casos que son y siempre fueron violencia por medios sexuales pero que estaban encubiertos o tenían tramas más complejas que dificultan relatarlas por la culpa y la vergüenza”.
Si bien “la justicia en general no está preparada para dar las respuestas adecuadas y mantiene una base machista, heterocispatriarcal y clasista que es profunda, estructural y difícil de modificar, hay que seguir peleando para que se modifique”, plantea Oberlin. Las memorias de Melina Romero, Lucía Pérez y otras víctimas todavía esperan su reparación.
DTC