El fracking (o fractura hidráulica) parece avanzar en América latina. O, al menos, eso es a lo que aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan darle y a los millonarios subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los últimos años, esta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en los Estados Unidos.
Esta técnica, resistida por las denuncias de sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.
Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta a pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas.
Qué no, que sí
El 1º de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100 compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013 había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Tras su asunción, en principio sólo continuaron operando los pozos autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido.
Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.
La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en su Plan de Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020 asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de fracking.
A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso. Hasta ahora, ninguna avanzó.
Caballo de Troya
Otro presidente que dijo “no” al fracking durante la campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante, desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.
La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones —incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.
“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero, para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva demanda ante el Consejo de Estado, que finalmente ordenó su paralización en todo el territorio.
El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos”, que un puñado de meses después aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales.
“La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.
Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de Estado, que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del gobierno.
En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no convencionales.
Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente.
Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición ligada al extractivismo. “Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país”, sentencia Gómez.
Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.
El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia, juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”, advierte Gómez.
¿La nueva Vaca Muerta?
Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el potencial en la materia de las llanuras del Chaco.
Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.
A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.
En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca. La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado.
No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador Oscar Camapnini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
En Macharetí, conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte, entre otras cosas, sus pozos. Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.
El área fue declarada como reserva por la alcaldía de Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.
No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos no convencionales.
Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema publicado en Mongabay y Página Siete.
Contexto más amplio
Prohibiciones como la que impulsan a nivel nacional los movimientos ambientalistas en México y Colombia ya rigen en varios lugares del mundo. Francia y Bulgaria picaron en punta al vetar la técnica en 2011 y 2012, respectivamente. Le siguieron Luxemburgo, los estados de Vermont y Nueva York, en los Estados Unidos, además de tres condados de California. Algunos países también ordenaron las primeras moratorias, como Escocia, Gales y los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en Alemania, que sólo autoriza las perforaciones con fines de investigación, como ocurre, de hecho, en Colombia. Con el tiempo se sumaron prohibiciones a nivel regional en distintos países, como en la provincia argentina de Entre Ríos o el estado de Paraná, en Brasil, donde desde 2013 la Agencia Nacional de Petróleo ha estado subastando bloques para exploración.
Una situación análoga ocurre en Uruguay, donde rige una prohibición temporal. Se estableció por cuatro años a través de una ley que se logró tras una serie de proyectos fallidos sobre hidrocarburos no convencionales y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017. El plazo vence a fin de año.
Paredes rajadas
“Hasta los 35 años, nunca había sentido un temblor en la ciudad”, dice Antonio Hernández, un biólogo de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León.
En la zona se han explotado hidrocarburos convencionales en las últimas seis décadas. Por eso, cuando Pemex instaló las primeras torres de fracking, en 2013, a nadie le llamó la atención. “Lo que detonó el ojo crítico fue la sismicidad”, recuerda el biólogo.
Por esas perforaciones de Pemex se presentó una petición internacional ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que vela por el cumplimiento de las leyes ambientales en los países que firmaron el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. “La empresa se retiró y con eso nos dejaron los sismos, pero la vida ya no volvió a ser la misma”, indica el escrito de representantes de la localidad de Hacienda El Carrizo.
La denuncia, presentada en 2018, menciona que sus pozos de agua se secaron y que tuvieron que hacer nuevas excavaciones, pero que el agua sale contaminada. No se lo atribuyen al fracking, por falta de pruebas, pero sugieren que podría haber sido la causa. También aseguran que ya no pueden sembrar maíz y frijoles, y que se secaron sus nogales y naranjos. “Algo pasa con el agua que no les sirve a las plantas”, describe.
La petición fue ampliada el 21 de febrero de 2019, cuando se presentó un escrito que alegó que Pemex nunca presentó una manifestación de impacto ambiental. Y así, finalmente, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomendó que se inicie una investigación. Será una instancia internacional la que revise el caso.
A 7780 kilómetros de Hacienda El Carrizo está el pueblo de Sauzal Bonito, sobre el yacimiento Vaca Muerta, en la Argentina. Tras el aumento del uso del fracking en la zona, sus vecinos no tardaron en percibir que los sismos eran frecuentes y que las paredes de sus casas se agrietaban. Fueron más de 130 movimientos telúricos sólo en 2019.
En febrero de 2020, técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) publicaron un artículo en su sitio Shale en Argentina en el que se preguntaron si la estimulación hidráulica podría activar fallas geológicas y generar terremotos de magnitud. La respuesta fue que esa posibilidad es “nula o extremadamente poco probable”.
Sin embargo, varias investigaciones rebaten esa idea y algunos países, como los Estados Unidos, el Reino Unido y China, tomaron medidas al respecto. En la Argentina, un estudio divulgado recientemente detectó que en una zona de Vaca Muerta, entre 2016 y 2020, hubo 62 movimientos telúricos de más de 3º en la escala de Richter, a raíz de uno por mes. “Es muy difícil que eso haya sucedido en 40 años”, afirmó el investigador Sebastián Correa Otto al divulgar en La Mañana de Neuquén los datos que detectó y que coinciden con otros trabajos hechos en la zona.
¿Sin vecinos?
Vaca Muerta comenzó a operar en 2010. Una década después se habían perforado más de 2000 pozos. Es la “estrella” del fracking en América latina. Es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
Su explotación le demandó al Estado grandes erogaciones de dinero, debido a que el fracking necesita financiamiento constante, pues los pozos tienen una vida útil de entre tres y cinco años, mucho menos que los convencionales. “Para 2017, los subsidios [a los combustibles fósiles en la Argentina] implicaron un 5,6% del presupuesto nacional”, explicó la organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un informe.
Una de las cuestiones que suelen destacar a la hora de buscar inversores es que no hay poblaciones en la zona. Falso: sólo en su área de influencia, hay casi 40.000 habitantes.
Sobre el potencial impacto negativo del fracking en la salud de esas poblaciones cercanas hay muchos estudios. Por caso, la Universidad de Yale detectó en Pensilvania (Estados Unidos) que la frecuencia de los problemas de salud aumenta a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Otros trabajos académicos vinculan a la técnica con la tasa de hospitalizaciones y con un aumento de hasta un 600% en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer y defectos congénitos.
Es posible que parte de esos problemas tengan que ver con los compuestos orgánicos volátiles, gases potencialmente cancerígenos que emiten los pozos de fracking, pero que suelen pasar desapercibidos, pues son invisibles, como benceno, metano y propano.
Mientras el sector petrolero argentino propone una nueva ley de inversiones, en mayo de 2020 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que la situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”. Lo hizo tras una inspección de su cartera.
Otro informe de FARN destacó que “los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la expansión de la actividad”. En concreto, “se registraron 863 eventos en 2015, 868 en 2016, 703 en 2017 y 934 en 2018”. Uno de los más conocidos fue un derrame petrolero, durante 16 horas, en el área de Loma Campana, que operan YPF y Chevron. También en Alto Valle de Río Negro, en Allen, hubo varias fugas, al menos dos de las cuales alcanzaron cuerpos de agua.
Hay, a su vez, dos basureros petroleros con denuncias por contaminación en Vaca Muerta. La primera la presentaron en diciembre de 2018 las organizaciones Greenpeace y la Confederación Mapuche de Neuquén, contra la empresa Treater Neuquén SA, que entre sus directivos tuvo a tres dirigentes ligados al expresidente Mauricio Macri. Uno de ellos, Edgardo Cenzón, fue recaudador de su campaña en 2015 y Ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.
El basurero es un repositorio de cutting que recibía supuestamente lodos de perforación de las empresas Shell, Total y la estatal YPF. De acuerdo a la denuncia, no está impermeabilizado ni tiene un canal de drenaje adecuado. El fotógrafo alemán Stefan Borghardt denunció formalmente que fue “golpeado, pateado e insultado” por la policía tras ser demorado mientras retrataba la zona.
Sumado a ello, un informe publicado recientemente reveló la grave historia de contaminación de otro de estos basureros petroleros: Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), una de cuyas plantas está ubicada en la ciudad de Neuquén, la más poblada de la Patagonia. A fines del año pasado, una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina desnudó el desmadre que es, en realidad, la gestión de los residuos. Lo novedoso es que, por primera vez, la información oficial confirma esta actuación ante la justicia.
Mil ciento ochenta y cuatro páginas de actas de las inspecciones realizadas a Comarsa fueron remitidas por la cartera de Ambiente al diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Estas fueron analizadas por el Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario, y son una radiografía de los basureros petroleros en Vaca Muerta.
Es la revelación oficial de que el 10% de los bolsones de arenas silíceas utilizadas para la fractura hidráulica se rajan o descosen en el proceso de estibaje. No se trata de un dato menor si se considera que cada pozo puede utilizar 13.000 toneladas de este material, que debido al tamaño de sus partículas puede permanecer en suspensión y ser fácilmente transportado por los fuertes vientos de la zona. La exposición al sílice prolongada en el tiempo puede provocar silicosis.
La cultura del gas
Otro país en el que se utiliza en fracking en América latina, pero a mucho menor escala, es Chile. Detrás de la explotación hay una cuestión cultural. Así lo explica el abogado Maximiliano Proaño, co-coordinador del grupo de trabajo Energía y Equidad: “Chile no es un país productor, sino importador. Las reservas que tiene están en la región de Magallanes, la más austral, donde hay toda una identidad vinculada a los hidrocarburos”.
Magallanes es la única región del sur donde la calefacción es a gas. En 2010 y 2011, hubo una crisis por el agotamiento de las reservas y dos años después, en 2013, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el hallazgo de reservas de gas no convencional en el bloque Arenal, que se empezó a explotar en 2014 para abastecer a las 150.000 personas que viven en la zona.
“Es una producción chica, pero grande para la escala chilena. Se estiman reservas que duplican la producción histórica de ENAP”, aclara el abogado.
Eso sí: nada se dijo sobre el método que usaba. Proaño coordinó en esos años la “Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes”. “Nos dimos cuenta que se producía mediante fracking, que no está específicamente regulado en Chile y que no se hacían estudios de impacto ambiental, sino meras declaraciones”, comenta.
El tema tuvo escaso rebote en la población, en parte porque el bloque Arenal está muy alejado y porque la producción es relativamente chica. Sin embargo, Proaño estima que las reservas permitirían ampliar el servicio a otras regiones, lo que podría tener otro tipo de consecuencias.