El oleoducto Vaca Muerta Sur es actualmente uno de los principales proyectos de la petrolera YPF y ha despertado críticas y alertas de conservacionistas, científicos, vecinos que habitan y trabajan en el Golfo San Matías y las principales organizaciones ambientalistas del país.
“Esta es la obra más importante de los últimos 30 años en la energía de la Argentina”, dijo Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de YPF en Neuquén y Río Negro, durante la audiencia pública del 17 de agosto último. Pero el proyecto tendrá una parte central en un área en la que el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta finales de 2022, cuando la ley se modificó a medida del proyecto, de manera exprés y a puertas cerradas de la ciudadanía en la legislatura de Río Negro.
Estas son diez preguntas y sus respuestas para entender de qué se trata el proyecto, quiénes lo apoyan y quiénes lo enfrentan, y sus posibles impactos sociales y ambientales.
¿Qué es Vaca Muerta Sur?
Es un oleoducto, también denominada Vaca Muerta Oil Sur, que tendrá casi 600 kilómetros de longitud, atravesará la meseta patagónica de la provincia de Río Negro y conectará la zona productiva de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, con Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro. El proyecto incluye la construcción de una terminal de exportación en las costas del Golfo San Matías.
El crudo que transportará el oleoducto se bombea desde los pozos concesionados a YPF en la cuenca neuquina hasta una planta de tratamiento. Desde allí viajará a 600 kilómetros atravesando parte de Neuquén y Río Negro. Luego, el oleoducto conduce el petróleo hasta una terminal de tanques, que se construirá en Punta Colorada. La terminal despacha el crudo hacia dos monoboyas instaladas a seis kilómetros de la costa, mar adentro. Allí amarrarán los buques tanque que vienen a buscar el petróleo.
¿Cuál es el estado de las obras?
Las obras se idearon en tres tramos pero aún no han comenzado a ejecutarse, de acuerdo a YPF. La obra se dividió en tres tramos: el tramo I conecta con un oleoducto ya existente (Loma Campana Pellegrini) en el departamento de Añelo, en la cuenca neuquina, donde se encuentran los pozos explotados por YPF. Luego ese oleoducto existente conectaría con el nuevo oleoducto a construir y llegaría hasta General Roca, Río Negro.
El tramo II conectaría Estación Cabecera Allen con la terminal de carga de petróleo Punta Colorada, en Sierra Grande, Río Negro, en las costas del Golfo San Matías.
El tramo III es la terminal de carga de petróleo e instalaciones asociadas en Punta Colorada, es decir, donde termina el oleoducto y los buques cargan el petróleo.
Sólo el tramo I tiene aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El resto de los tramos se encuentran en procesos previos a la aprobación de la obra, pero tanto la petrolera como las autoridades de Neuquén, Río Negro y el Ejecutivo Nacional ya dan por hecho que el oleoducto y su terminal portuaria se construirán.
¿Cuál es el objetivo?
La meta de YPF es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de petróleo de la cuenca neuquina en los próximos tres años y luego exportar ese petróleo.
“Gracias al avance en el desarrollo de Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén, la producción de petróleo del país podría duplicarse en los próximos cinco años. Este crecimiento permitirá no sólo abastecer la demanda que tiene Argentina, sino que abrirá las puertas a que el país pueda exportar hidrocarburos generando las divisas que necesitamos para poder crecer y creando miles de puestos de trabajo”, afirmó la petrolera en un video institucional.
¿Quiénes apoyan el proyecto?
Además de YPF, el gobierno de Alberto Fernández -se han expresado públicamente sobre el oleoducto desde la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, hasta el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa- y los gobiernos de Neuquén y Río Negro; el oleoducto y su terminal portuaria cuenta con el apoyo de gran parte de la localidad de Sierra Grande, la más cercana al punto neurálgico del proyecto: la terminal portuaria en el Golfo San Matías, un área protegida por la ley provincial hasta 2022, cuando la legislatura modificó la normativa para permitir la ejecución de Vaca Muerta Sur.
Durante la audiencia pública realizada el 17 de agosto último en Sierra Grande, se manifestaron a favor de proyecto los sindicatos locales —desde los maestros hasta la construcción—, sectores empresarios de la industria (como el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, IAPG), la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). A nivel provincial, el proyecto es motorizado desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio.
¿Quiénes se oponen?
Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar.
El golfo San Matías, ubicado en la costa del océano Atlántico, se extiende entre punta Bermeja, al norte, en la provincia de Río Negro, y punta Norte, al sur, en el extremo de Península Valdés, provincia de Chubut.
Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico se pronunciaron contra el proyecto: AquaMarina, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN), Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), Global Penguin Society (GPS), Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina). También se opone la ONG Abogadxs Ambientalistas, 350.org y la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a las comunidades costeras de la zona, entre otras.
¿Cuáles son los puntos centrales del conflicto?
Los defensores del proyecto sostienen que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especiel en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos. Se supone que el proyecto garantizaría el ingreso de divisas a través de la exportación de petróleo excedente de la cuenca neuquina (es decir, el que no se destine para abastecer el consumo interno).
Sin embargo, los detractores del proyecto tienen varios reclamos: el principal es que el área donde desemboca el oleoducto y donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo era un área protegida del desarrollo hidrocarburífero desde 1999 debido al alto valor natural, en biodiversidad del Golfo San Matías, lindero con cinco áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.
La legislatura de Río Negro modfició en tiempo record la legislación en 2022 -prohibiendo el ingreso de la ciudadanía- para que el proyecto sea ejecutable. Los riesgos y posibles impactos medioambientales pusieron en alerta a quienes viven del turismo y la pesca artesanal en el golfo, ya que creen que el tránsito de buques petroleros y el peligro de microderrames o derrames en el mar podrían cambiar para siempre la vida en el área.
Ariel Slipak, coordinador del área de Investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a elDiarioAR que “el riesgo de derrame en el Golfo San Matías y el riesgo para la Península Valdés es elevadísimo y que desde lo económico se generarán pocos empleos asociados sólo a la construcción, por un plazo corto y el potencial de destrucción de empleos del turismo y la pesca es mayor”.
“El proceso por el cual se modificó en clave regresiva la Ley 3.308; y la forma en la que se convocó a la audiencia pública del 17 de agosto estuvo llena de irregularidades y se bloqueó la participación. Fue una audiencia antidemocrática. Además, se impide la participación de no residentes en Río Negro que serán afectados y afectadas por el proyecto”, afirmó Slipak.
¿Qué establecía la ley 3.308 y qué dice la normativa actualmente?
La ley 3.308 protegía el Golfo San Matías de cualquier proyecto de hidrocarburos desde 1999. Se sancionó tras la presión social y ante las versiones de que YPF, entonces empresa privatizada, instalaría un proyecto petrolero en la zona.
La normativa prohíbe en “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos”.
Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2022, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionaron una nueva ley para modificar y dejar sin efecto la norma 3.308 y permitir el transporte de hidrocarburos en el golfo. Lo hicieron a través de la sanción de la ley 5.594, que modifica el artículo 1º de la ley original prohibiendo “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera”, y excluyendo las tareas de transporte, posibilitando así el proyecto de YPF, ya existente para esa fecha.
Rafael Colombo, de la organización Abogadxs Ambientalistas, dijo a elDiarioAR: “Este proyecto además nace con un vicio de inconstitucionalidad, que cuestionamos junto a las organizaciones y asambleas locales, ante el Superior Tribunal de Rio Negro y que actualmente debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la legislatura provincial tuvo que reformar regresivamente la ley 3308, en un trámite a puertas cerradas, sin debate, sin participación de la sociedad civil”.
¿Cuál podría ser el impacto ambiental?
Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en cada uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tramo III: la terminal de carga en el Golfo San Matías, Río Negro.
La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla expuso en la audiencia del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo último.
“No existen impactos ni significativos ni críticos -dijo Pinilla- porque, a diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar. Por ejemplo, si el desarrollador dice vamos a hacer tal actividad y nosotros le decimos no, porque esa actividad va a generar un impacto de tipo crítico o de tipo malo, esa actividad no se realiza”. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional.
Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.
“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.
“La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999”, informaron.
¿Qué sucedió en la audiencia pública del 17 de agosto?
Más de 400 personas participaron en la audiencia pública de Sierra Grande, una localidad de más de 12.000 habitantes, para escuchar la exposición de la petrolera YPF sobre el proyecto y a los funcionarios de la gobernación —desde el vicegobernador, Alejandro Palmieri, hasta la defensora del Pueblo, Adriana Claudia Santagati— y a las consultoras ambientales contratadas por la petrolera, como informó elDiarioAR.
Si esta audiencia pública fuera vinculante, yo diría que aprobado el estudio de impacto ambiental.
La audiencia es un requisito legal para poder avanzar con las obras y fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Dina Migani. El objetivo fue exponer los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras: el oleoducto y la terminal portuaria. También debían exponer los detractores de la iniciativa, pero se retiraron poco después de iniciada la audiencia. Hubo tensión con la policía provincial y la secretaria de Ambiente ordenó a la fuerza pública desalojar de la audiencia a una docente que la interrumpió para manifestarse por la imposibilidad de que todos ingresaran. Mientras, un grupo con banderas del sindicato de la construcción buscó impedir que los manifestantes se acercaran al lugar de la audiencia. Los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste decidieron entonces replegarse y retirarse de la audiencia.
Al menos 145 personas estaban inscriptas como promotores del proyecto, invitados y oradores para exponer su postura sobre el proyecto, pero finalmente sólo expusieron quienes apoyan las obras. Todos los invitados por la Secretaría de Ambiente de Río Negro se manifestaron a favor del oleoducto y su puerto. Es decir, no hubo ninguna voz crítica invitada por el organismo oficial, que se supone, debe ser independiente y evaluar el impacto ambiental de la obra para su aprobación final.
¿Cómo sigue el proceso de aprobación de la obra?
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) presentados por las consultoras contratadas por YPF y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para tomar la decisión final: si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra. La secretaria de Ambiente de la provincia, sin embargo, estuvo muy cerca de adelantar su posición el mismo 17 de agosto, tras presidir la audiencia pública. “Si esta audiencia pública fuera vinculante, yo diría que aprobado el estudio de impacto ambiental”, dijo Migani al finalizar el acto público.
Nota: se corrigieron errores de tipeo el 26 de febrero de 2024.
ED