Las dos masacres indígenas por las que ya ha sido condenado el Estado argentino -la de Napalpí de 1924 y la de Rincón Bomba de 1947- tienen características comunes que dan cuenta de una particular metodología aplicada para el desarrollo de las prácticas genocidas que se continuaron más allá de las “campañas al desierto”.
Tanto en la matanza de población qom/mocoi en territorio chaqueño como de pilagás en la actual Formosa, se habló de un inexistente “malón” para justificar la represión, en ambas hubo fusilamientos masivos de personas sorprendidas reunidas y desarmadas, en ambas hubo persecución posterior que se prolongó por varias semanas, fosas comunes y quema de cuerpos, desalojo, complicidad de la sociedad civil, impunidad y silencio historiográfico.
Por si fuera poco, en los dos episodios se usó una aeronave para ametrallar desde las alturas a la población civil.
“Vinieron los milicos y empezaron a disparar. ¡Pobre gente! Caían niños, mujeres, ancianos... Me acuerdo que a un hombre le quebraron la pierna y a otro le dispararon en la boca (…) y a una mujer la balearon en la nuca”, testimonió el sobreviviente de la Masacre de Rincón Bomba (1947), Ni'daciye, para el libro “Octubre Pilagá” de la documentalista e integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena, Valeria Mapelman.
En ambas matanzas hubo fusilamientos masivos de personas sorprendidas reunidas y desarmadas, en ambas hubo persecución posterior que se prolongó por varias semanas, fosas comunes y quema de cuerpos
“Todos los troncos de los árboles quedaron llenos de balas, por eso Gendarmería los volteó después. Sólo había 50 metros entre ellos y nosotros (…) Si no hubieran cortado el monte hubiéramos encontrado todas las balas incrustadas, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles”, agregó sobre los fusilamientos perpetrados muy cerca de la localidad formoseña de Las Lomitas, a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital.
Los relatos sobre la masacre de Napalpí ocurrida en el paraje El Aguará (138 kilómetros al noroeste de Resistencia) 23 años antes, en otra geografía y bajo otro gobierno igualmente constitucional, no difieren mucho.
“En El Aguará éramos como mil aborígenes cuando atacaron. En las tolderías no había armas de fuego. Y mataron más de 200: hombres, mujeres, ancianos y niños (…) Nunca hubo malones. Querían que trabajáramos a cambio de nada, querían eliminarnos”, testimonió Melitona Enrique en el libro “Crímenes en sangre” de Pedro Solans.
“Los que corrieron al monte, dos días y dos noches estuvieron sin comer (…) Los cuervos nos volaban (alrededor) porque estaban comiendo de los muertos”, contó en un documental esta mujer que falleció en 2008 a los 107 años.
Masacre de Rincón Bomba
Con la expresión “Masacre de Rincón Bomba” se conoce la represión llevada adelante por Gendarmería, la Fuerza Aérea y la Policía de Territorios Nacionales contra indígenas pilagás en el paraje La Bomba -próximo a la localidad formoseña de Las Lomitas y a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital-, entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 (primera presidencia de Juan Domingo Perón), que incluyó fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro y reducción a trabajos forzados de cientos de personas.
Según los hechos que consideró probado el Juzgado Federal Nº1 de Resistencia en 2019 a cargo de Fernando Carbajal, la matanza sobrevino como consecuencia de la negativa de los indígenas tanto a desalojar el área donde se habían asentado, como a incorporarse a la reducción de San Bartolomé de las Casas de triste recuerdo por el nivel de explotación que allí se registraba.
Esta “decisión política de las autoridades civiles y militares asentadas en la región” fue la respuesta a “una tensión de base interracial e intercultural, alimentada por los prejuicios y la ignorancia de la población criolla y las autoridades blancas”
El ataque “fue realizado sin que mediara ataque alguno por parte de los pobladores originarios” y se ejerció contra “una población civil desarmada” y reunida en gran número en una actividad religiosa.
“A continuación y de manera aún más inexplicable, se produjeron un conjunto de actos de persecución y matanza indiscriminada de la población indígena en fuga (…) Todo ello con el objetivo de eliminar todo vestigio de reclamo y reducir la totalidad de la etnia Pilagá sometiéndola al control estatal y el trabajo forzado, lo cual fue conseguido en alto grado”, concluyó el juez.
Masacre de Napalpí
En la “Masacre de Napalpí” registrada el 19 de julio de 1924, los perpetradores fueron más de un centenar, entre efectivos de la Policía Nacional de Territorios, gendarmes y algunos civiles armados, actuando unos bajo las órdenes y otros con anuencia del gobernador Fernando Centeno que había sido designado por el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear.
Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre y el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados
La matanza de entre 400 y 500 integrantes de las etnias qom y moqoit se produjo en el paraje El Aguará (a 19 kilómetros de la reducción de Napalpí, hoy Colonia Aborigen), después de varias semanas de que organizaciones de la población civil y los diarios exigieran a las autoridades tomar medidas contra los indígenas qom y moqoi que protagonizaban la primera huelga de peones indígenas en reclamo por la baja de sus jornales y la prohibición de salir del territorio para ir a trabajar a los ingenios salteños, como hacían cada año.
“En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados”, sostuvo la jueza Zunilda Niremperger en los fundamentos de su fallo dictado en mayo de 2022 en el marco del primer juicio de lesa humanidad por el genocidio indígena.
Dentro de los fundamentos, se hizo foco en que la ejecución de la masacre “fue un hecho premeditado y planificado con antelación para el cual se destinaron recursos públicos”.
“La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, (…) supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación”, indicó la magistrada.
MAA/MG