El Pozo de Vargas fue un símbolo de la represión ilegal en Tucumán. Dentro de esa construcción de tres metros de ancho y casi cuarenta de abismo, durante la dictadura militar fueron arrojados 148 cuerpos. Después de cinco años de parálisis en las excavaciones y las investigaciones, nuevamente los trabajos se pondrán en marcha para que se puedan identificar los 35 que restan de ese total. Finalmente, el Gobierno Nacional y el provincial acordaron las entregas de partidas presupuestarias necesarias para retomar los trabajos, que rondarían los dos millones de pesos.
Entre 2015 y 2020, durante la gestión de Cambiemos y lo que lleva la de Alberto Fernández, los fondos se habían interrumpido. Pero hace una semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, visitó Tucumán y allí acordó con el gobernador Juan Manzur la reactivación de las excavaciones. En el acuerdo se determinó que la provincia aportará los fondos. Ahora se espera la decisión del juez federal Fernando Poviña, quien debe autorizar y determinar los requerimientos para los trabajos.
“La decisión política de terminar los trabajos de identificación de cuerpos se convierte en un imperativo ético y moral y es una demanda para el Estado y toda la política. Es lamentable que en estos años se les haya retirado el dinero y se haya politizado el trabajo en materia de Derechos Humanos que se venía haciendo. Por suerte eso ahora se revirtió y en poco tiempo comenzarán de nuevo las excavaciones”, explicó a elDiarioAR, el legislador provincial oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, quien fue uno de los impulsores de este acuerdo. Vargas Aignasse es hijo del senador Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en Tucumán y cuyos restos fueron fueron hallados en el Pozo de Vargas. Por ese crimen, en 2008, condenaron a prisión perpetua al represor y ex gobernador Antonio Bussi.
A finales de 2001, vecinos, familiares y organismos de derechos humanos, denunciaron la existencia de un pozo en la finca de Vargas, que había sido utilizado para la inhumación de cadáveres. Con la ayuda del Grupo interdisciplinario de arqueología y antropología de Tucumán (GIAAT), se encontró una construcción subterránea, que había sido tapada para borrar evidencias. El sitio queda a apenas 5 kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán.
El primer hallazgo de restos humanos se produjo en 2004. Y desde 2009 hasta 2015, el GIAAT, junto al Colectivo de Arqueología, Memoria e identidad de Tucumán (CAMIT) realizó los trabajos de arqueología forense y recuperando más de 38.000 partes óseos humanos (enteros o fragmentados) de 148 personas. Según los perfiles genéticos serían 120 hombres y 28 mujeres. En los trabajos se se encontró ropa, calzados y objetos de las víctimas. También proyectiles, tabiques y mordazas y otros elementos habituales en centros de detención y tortura de la dictadura.
Dentro de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de personas Desaparecidas (ILID) del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se analizaron en 2011 en Buenos Aires las muestras genéticas y se identificaron a 113 personas. Todos estas pericias de arqueología forense y el análisis de muestras genéticas se desarrollan en el marco de una causa judicial, a cargo del Juzgado Federal 2 de Tucumán. De hecho, para avanzar con las 35 identificaciones que faltan se espera por la autorización judicial.
Las excavaciones que restan son las que se deben hacer en los 5 metros finales. Para eso se requieren equipos y estructura para trabajar en profundidades, con oxígeno y seguridad extra. Ese espacio que era un viejo pozo de agua, tiene una napa con la que deberán convivir los antropólogos que bajen hasta los 40 metros.
Presupuesto para la “Escuelita de Famaillá”
La “Escuelita de Famaillá” también tiene serios problemas presupuestarios. Allí las necesidades son múltiples: desde corte de pasto y limpieza, mantenimiento de los sectores históricos y de los que se utilizan para capacitaciones y talleres. Tampoco tiene dinero para materiales de librería, impresiones y demás gastos. De esta manera describieron desde la Mesa de Consenso de ese Espacio para la Memoria.
En este momento, el Ministerio de Educación de la provincia paga cuatro sueldos del personal del Espacio, la Dirección Nacional de sitios de Memoria, cubre otro y el resto del equipo se completa con 10 voluntarios. La secretaria de Derechos Humanos de provincia paga algunos de los gastos, pero eso no completa el presupuesto operativo. Por esa razón, hace un mes la Mesa de Consenso del Espacio pidió la colaboración a la comunidad para cubrir desde necesidades básicas de mantenimiento hasta la conservación de los sectores históricos.
Desde febrero de 1975 y al menos hasta el 24 de marzo de 1976, las instalaciones de la escuela fueron utilizadas como centro de detención del Operativo Independencia y se extendió luego durante el resto del proceso militar.
AM