A una pareja de dealers vinculados a Los Monos, en Arroyo Seco, les incautaron o robaron -esa parte no está del todo clara- varios kilos de cocaína que tenían para fraccionar y vender en los puestos de esa ciudad a 30 kilómetros de Rosario. Como debían responder por eso ante sus jefes, decidieron armar un plan para conseguir dinero en poco tiempo. Ellos le vendían drogas a un joven de 23 años, que varias veces había generado una deuda grande y que terminaba siempre pagando con dinero de su padre empresario. La solvencia de sus familiares se había puesto a prueba varias veces y ellos respondían. Por esa razón, decidieron secuestrar y pedir rescate por su cliente.
El 23 de julio por la noche, la víctima le escribió a la mujer de la pareja de dealers para decirle que necesitaba comprar marihuana. Ella le contestó que no había problema. Según el relato de los fiscales, pasaron unos minutos y la mujer le pasó una captura de pantalla con esa información a miembros de la banda que estaban esperando al joven. Cuando él frenó en la esquina y caminó hasta la puerta le cruzaron un Chevrolet Astra. Bajó un hombre vestido de policía y dio la voz de alto. Otro apareció por atrás y le dio un culatazo. A pesar del golpe, el joven quiso escapar y llegó a gritarle a un amigo que iba con él y que sí pudo huir. A él lo apuntaron con armas y lo subieron al auto. Lo metieron en el medio del asiento de atrás sujetado por otras dos personas. El Chevrolet aceleró y desapareció del barrio sin que nadie pudiera dar muchas precisiones de lo que había ocurrido.
A las pocas horas, la madre del joven recibió un llamado desde el penal de Piñero. Todavía no habían notado la falta de su hijo, con lo cual oscilaban entre la sorpresa y la desconfianza. Pero le avisó a su marido que de ahí en adelante se encargó de la negociación. Primero le pidieron 100.000 dólares para no matarlo. El padre del dijo que era imposible conseguir ese dinero de un momento para otro. Y los captores se lo bajaron a la mitad.
Durante las dos horas que estuvo secuestrado, al joven lo llevaron a un búnker de Villa Gobernador Gálvez. Lo golpearon, y le fracturaron un dedo, la mano y el codo. Y con un cuchillo le tajearon la punta de una falange, por lo cual tuvieron que operarlo. Ese corte fue filmado y enviado a su padre para intimidarlo. En los relatos posteriores, la víctima explicó que recibió trompadas y golpes con objetos metálicos y un arma durante gran parte del tiempo que estuvo ahí.
Mientras él sufría esas torturas, desde otro teléfono un “soldado” acordó que la familia le entregara lo que había podido juntar hasta ese momento. Así dejaron en el Puente Cargill, también en Gálvez, 10.000 dólares, joyas y otros objetos de valor. Apenas unos minutos después de que la familia entregara el dinero, al joven lo dejaron sin ropa, a unas cuadras del puente.
Lo que se puede ver a partir del análisis de los mensajes de la pareja es que los que recibieron la plata del rescate -y que también respondían a altos mandos de la banda- nunca les dieron la parte que habían acordado y que iba a servir para pagar las deudas. “Tuve que mandar a secuestrar un pibe para que me caguen todo”, le escribió el hombre de la pareja, que también estaba preso, a su novia.
En base a las llamadas de los dos dealers, los investigadores pudieron reconstruir los vínculos con el secuestro de varias personas cercanas al líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. La primera llamada se habría hecho desde el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, donde estaban alojados en ese momento Axel Vilches, Leonardo “Pollo” Vinardi, Jonatan Lencinas y Nicolás Avalle, hombres de confianza de Cantero. Para los investigadores, Cantero tuvo que autorizar el secuestro.
A partir de las pruebas encontradas, los fiscales pidieron el procesamiento con prisión preventiva de Cantero, de los cuatro presos mencionados y de cinco hombres y tres mujeres más, todos integrantes de la organización. Se les imputa los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por las lesiones graves infligidas y por el uso de armas. La presentación fue realizada en conjunto por los fiscales federales de Rosario Claudio Kishimoto y Franco Benetti, de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que le pidieron al juez Carlos Vera Barros, que procese a todos los sospechados.
En su requerimiento, también se les imputó a Cantero y a Vinardi haber organizado y financiado la distribución y comercialización de drogas, al menos desde el día del secuestro hasta el 2 de octubre de 2021, en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco.
Para los fiscales el secuestro extorsivo que disparó esta investigación “no fue producto de un accionar aislado cometido por un grupo de personas que se organizó de improviso o en forma transitoria con el objeto de perpetrarlo, sino que fue cometido por una agrupación criminal dedicada, entre otras cosas, al comercio de estupefacientes”. Esto es importante para entender el perfil cada vez más violento que están tomando Los Monos. A diferencia de otras bandas narcos, no solo se dedica al narcomenudeo sino a delitos como el secuestro o la extorsión.
Mesa sobre narcocriminalidad desde las cárceles
Por delitos como éstos, que se organizan desde las unidades penitenciarias, una mesa de trabajo integrada por fiscales intervinientes en temas relacionados al narcotráfico e impulsada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, alertó sobre el aumento de casos de bandas que siguen operando desde las cárceles. También un informe de la PROCUNAR señala que “las organizaciones se sirven de contactos del exterior y que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad”.
A partir de ese informe, Casal entregó una lista de recomendaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre cómo terminar con el poder narco detrás de las rejas. Entre varias medidas, sugiere separar a los presos de organizaciones narcos, prohibirles las comunicaciones con el exterior, instalar inhibidores de señales, mayores controles de las visitas, llevar a líderes nacos a cárceles de máxima seguridad y extremar controles sobre los presos y los agentes de servicio penitenciario.
AM