Pasaron 2.192 días desde la primera vez que miles de mujeres salieron a la calle en distintas ciudades de la Argentina para exigir la erradicación de los femicidios a través de una consigna que, por su potencia y sobre todo por su lamentable vigencia, no ha sido reemplazada: Ni Una Menos. La primera vez fue hace exactamente seis años, el 3 de junio de 2015, como reacción al asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada, por parte de su novio. Lo encabezó el colectivo Ni Una Menos y llenó no sólo la Plaza de los Dos Congresos sino los centros cívicos de varias capitales provinciales.
Desde ese 3 de junio hasta este 3 de junio hubo 1.733 femicidios: en promedio, uno cada 30 horas. En ese tiempo, 2.015 hijos e hijas perdieron a sus madres: cada 26 horas, alguien -en el 64% de los casos fueron menores de edad- tuvo que enfrentarse a esa pérdida.
Las estadísticas son de la organización civil La Casa del Encuentro, que desde 2008 lleva adelante un registro de los crímenes mediados por violencia de género que ocurren en el país. Es que, en ese momento -y tuvieron que pasar varios años- ningún organismo estatal llevaba adelante ese registro: recién en 2015 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró su primer informe.
Las cifras de la Corte, que establecieron en un registro reciente que en 2020 hubo 251 mujeres asesinadas en un femicidio, no son las únicas que elabora el Estado. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Sistema Nacional de Información Criminal, también lleva su registro: las cifras de 2020 están en proceso de consolidación y está previsto que se conozcan en julio, según fuentes de esa cartera.
Sin embargo, el número de mujeres víctimas de femicidio informado por el Estado no es uniforme. En 2019, por ejemplo, según la Corte hubo 268 víctimas y en el 2020, 251. Según la cartera de Seguridad hubo al menos 226 víctimas, con la posibilidad contemplada de que otros 37 homicidios dolosos cometidos contra mujeres ese año se trataran también de crímenes por violencia de género, lo que implicaría un total de 263 víctimas.
“Estaría muy mal tener un solo registro de femicidios del Estado. Trabajamos junto a la Corte y al Ministerio Público Fiscal, compartimos la misma definición de femicidio y usamos los mismos indicadores objetivos para determinar cuándo se trata de uno. Pero tenemos distintas fuentes. En Seguridad trabajamos con el sumario inicial del hecho y en algunos casos no se puede definir si se trata o no de un femicidio en el momento inicial de lo ocurrido, mientras que la Corte trabaja con la causa judicial”, explica Ángela Oyhandy, directora nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género de la cartera de Seguridad nacional, sostiene: “Dado que la enorme mayoría de los femicidios ocurren en el ámbito privado, nuestro trabajo es lograr que las denuncias se hagan en las mejores condiciones posibles, no revictimizar a quien se acerca a hacerla, y trabajar en difundir que la denuncia debe ratificarse ante la Justicia”.
“Es imprescindible que desde el Estado exista una sola estadística para que, por ejemplo, se pueda saber cuál es la provincia del país con índices más altos de violencia y generar así las políticas públicas correspondientes a esa información”, dice Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro. Según el informe que esa organización elaboró por los seis años del primer Ni Una Menos, Salta, Santiago del Estero y Jujuy fueron las provincias con mayor tasa de crímenes por violencia de género en ese período, en el que el 9,75% de las víctimas fatales habían denunciado a su femicida previamente, y en el que el crimen fue perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima en el 64% de los casos.
Este año, el segundo Ni Una Menos en pandemia, la convocatoria masiva será virtual. Entre los reclamos principales, además de la erradicación de los femicidios y mayor presupuesto para las políticas que los combatan, se cuentan una ley nacional de cupo laboral, travesti y trans, una reforma judicial con perspectiva de géneros y feminista, así como la vacunación contra Covid-19 de trabajadoras comunitarias y el cumplimiento efectivo de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Interrupción Legal del Embarazo. A la vez, se exige la aparición con vida de Tehuel, el joven trans visto por última vez el 11 de marzo en Alejandro Korn y por cuya desaparición hay dos detenidos que se niegan a declarar. Así lo consensuaron más de doscientas organizaciones de mujeres y disidencias. Para visibilizar todo es es que convocan a un “cartelazo”, con consignas que pueden pegarse en una cartulina en la ventana o en la puerta, y en redes sociales, con el uso de los hashtags #NiUnaMenos y #3J.
“La condena del asesino de mi hija no está firme. Su abogada sigue apelando. Un juez de primera instancia emitió su sentencia, de 21 años y medio de prisión. La Cámara de Apelaciones mantuvo esa sentencia, pero volvieron a apelar y el Tribunal Supremo de la Provincia todavía no se pronunció. Hace un par de años que la causa está ahí pero no tenemos respuesta. Él está cumpliendo su condena pero falta esa firmeza, y creo que esa demora, esa falta de definición de la Justicia, ayuda a que los femicidios sigan ocurriendo. A que pasen los años y no haya manera de bajarlos”. Lo dice Verónica Camargo, la mamá de Chiara Páez. Este jueves participará de la convocatoria contra los femicidios en Rufino, la localidad santafesina en la que asesinaron a su hija.
BJ