Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres, intentando hacer uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia ni trascendencia a las luchas y reivindicaciones que impulsamos desde los feminismos hace muchas décadas.
En otro momento de la historia, hubiera sido imposible denunciar a una persona con tanto poder como un expresidente y mucha gente hubiera puesto en duda esa denuncia. Si hoy hay tantas personas dispuestas a creer en esa palabra es porque las mujeres, las feministas y nuestros movimientos trabajamos para que esto suceda desde hace muchas décadas. Ninguna gestión de gobierno, ninguna fuerza política puede arrogarse el mérito que no es suyo sino de las mujeres que trabajamos a nivel nacional, regional e internacional para generar marcos jurídicos y mecanismos de implementación importantes para las mujeres.
Las mujeres hacen pública la situación de violencia cuando pueden, cuando sienten que están en condiciones de hacerlo: tienen derecho a hacer una denuncia (no tienen la obligación de hacerla) y cuando esto sucede la justicia tiene la obligación de investigar y tomar medidas de manera veloz y procurando su efectividad. El Poder Judicial, igual que otros organismos públicos (desarrollo social, áreas de salud, la Policía) debe implementar estrategias de protección y acompañamiento. No todas las violencias son delitos y aún cuando lo fueran, no siempre las mujeres quieren impulsar su denuncia y sanción. ¿Y entonces? ¿Esto quiere decir que si no hay delito (o no hay impulso de una acción penal para investigar un delito) no pasa nada? No. Hay otras medidas que el Estado debe promover para prevenir nuevas violencias, para acompañar a quien la está atravesando, para ayudar a reparar los daños que ha sufrido y generar condiciones que le permitan vivir mejor. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que establecían los Planes Nacionales de Acción contra las Violencias que se implementaron desde 2015 y que hoy nadie impulsa. Esa es la obligación que Argentina asumió como país ante la comunidad internacional y ante cada una de nosotras.
No aceptamos la doble vara en ningún caso, tampoco del Gobierno Nacional que reacciona con sobreactuada indignación y tiene posiciones como mínimo erráticas y sin duda regresivas acerca de la lucha contra la violencia de género desde el inicio de su gestión. Mientras impostan preocupación y recomiendan a las víctimas llamar a la línea 144, la realidad es que:
- Se eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por la violencia y 19 políticas públicas están siendo desmanteladas.
- En lo que va del año se ejecutó un 28% menos de presupuesto de la Línea 144, en comparación con el 1er semestre de 2023. En junio de 2024 despidieron al 38% de las personas que trabajaban en la línea 144, que recibe llamados con pedidos de asistencia en situaciones de riesgo de manera cotidiana. Quedaron turnos con sólo dos trabajadoras atendiendo los llamados de todo el país.
- La línea 144 recibió 10.000 comunicaciones consultando por el Programa Acompañar, que era una ayuda económica que implementó el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para mujeres que la necesitan para poder salir de un vínculo violento. Este programa hoy se encuentra en pleno desmantelamiento: se ejecutó 82% menos del presupuesto de este programa comparando con el primer semestre de 2023 y hay incertidumbre sobre su continuidad. En el primer trimestre del 2023, lo habían recibido 34.023 personas mientras que en el primer trimestre de 2024 sólo 434 lo recibieron. Es decir, un 98.63% menos.
Si se elimina el organismo especializado para atender la violencia y se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la Línea 144 para acompañarlas?
Como institución que trabaja hace más de 20 años siguiendo el legado de quienes estuvieron antes que nosotras para lograr un reconocimiento de las violencias hacia las mujeres como un problema público y político, desde ELA siempre vamos exigir, monitorear y evaluar las políticas que el Estado tiene la responsabilidad de implementar. Para que el derecho a vivir una vida libre de violencia no sea una promesa vacía en el papel, es el Estado el que debe impulsar políticas públicas activas, financiadas, sostenidas y coordinadas, donde el centro de las preocupaciones esté en la protección de las mujeres, niñas y adolescentes y la promoción de mejores condiciones de vida para toda la comunidad.
En nuestra investigación sobre el estado de situación a seis meses de la gestión de gobierno nacional encontramos que, al no contar con información certera sobre la continuidad de estas políticas para atender las violencias hacia las mujeres, las áreas de género provinciales y municipales deciden dejar de ofrecer algunos programas para no generar falsas expectativas en mujeres que ya están en situación de vulnerabilidad. La consecuencia es clara: con grandes dificultades para sostener el acompañamiento de la mujer, con una economía que se cae a pedazos, aumento de la pobreza y del desempleo, muchas veces la víctima regresa con el agresor.
Como desde hace muchos años y frente a las gestiones de distintos signos políticos, en ELA trabajamos siempre con la misma misión: promovemos la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Por eso, hace algunas semanas hicimos una presentación judicial contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género y por la incertidumbre generada ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de Violencias y el despido del 85% de sus trabajadores. Todavía esperamos la respuesta de la justicia.
Frente a quienes celebran el cierre del ex Ministerio de las Mujeres o afirman que el feminismo no sirve para nada, reafirmamos: ninguna política pública, ninguna ley y ninguna institución resuelve, por su sola existencia ni de un momento para el otro, un problema social, cultural e histórico complejo. Eso de ninguna manera significa que esas políticas sean innecesarias o ineficaces. La negación de un problema estructural rodeado de falsos debates y simplificaciones está lejos de permitirnos avanzar. Muy por el contrario. La reflexión debería ser al revés: ¿no son estas políticas públicas más necesarias que nunca?
NG
Algo en común: derechos, igualdad y democracia es una columna semanal en la que el Equipo ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) ofrece una mirada feminista sobre los temas de la agenda de género en Argentina.
En un contexto complejo que parece cuestionar muchas de los acuerdos que fuimos construyendo en las últimas décadas, en esta entrega semanal se analiza lo que nos une, las convicciones que compartimos, los anhelos que sostenemos mirando el futuro. Con el aporte de las investigaciones de ELA en temas como las violencias, los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos y la participación social y política de las mujeres, se ofrece un retrato de un estado de situación y se explora la realidad del país y de la región buscando recuperar aquello que nos une. No son “temas de mujeres”, son temas de la sociedad que atraviesan a las mujeres y diversidades. Algo en común propone recordar(nos) que sin igualdad no hay democracia y no hay democracia sin mujeres.
ELA es una organización de la sociedad civil apartidaria y feminista, creada en 2003 y que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho y las políticas públicas. www.ela.org.ar
0