Cristina comentarista, lamento provinciano y un promiscuo loteo privado del Estado
Mediante un convenio firmado el 11 de marzo pasado, el Ministerio de Capital Humano transfirió $548.098.087 a la fundación católica integrista Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), para la distribución de alimentos entre la población humilde. Luego, el 5 de agosto, la cartera que desmaneja Sandra Pettovello amplió la partida en $767.337.312.
En suma, el megaministerio delegado en una de las funcionarias favoritas de Javier Milei, famoso por haber abandonado alimentos adquiridos por la administración anterior, lleva entregados más de $1.300 millones a la fundación dirigida por el médico mendocino Abel Albino, de acuerdo a una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública presentado por este medio.
Albino, facultativo afín a la secta católica Opus Dei, se encuentra con convenios cada vez que asume un Gobierno de derecha en la Casa Rosada, aunque mantiene lazos con un elenco estable de gobernadores de todos los signos, en especial, en las provincias del Norte y Cuyo, y Capital Federal.
La canalización de la ayuda social vía Conin es problemática en varios planos.
- Primero, por la militancia de Albino favorable a la virginidad de las mujeres hasta llegar al matrimonio y la divulgación de teorías acientíficas, como que los preservativos no previenen las enfermedades de transmisión sexual, porque, por ejemplo, “está demostrado que el virus del sida atraviesa la porcelana”. La creencia íntima de Albino es irrelevante, pero sus centros de atención promueven prácticas entre la población más vulnerable que contrarían la legislación argentina en materia sanitaria, lo que debería invalidarlos para la ejecución de políticas públicas.
- Segundo, porque Conin no cuenta con la logística necesaria para distribuir alimentos a gran escala. Cuando se descubrió que la cartera de Pettovello dejaba vencer alimentos en depósitos y fue intimada por el juzgado federal de Sebastián Casanello, la funcionaria derivó una entrega parcial en el Ejército y Conin. Milagros Moreni informó en este diario, el 8 de junio, que un centro de Albino en Mendoza sólo contaba con diez empleados para repartir 69.000 cajas de leche. “Bajo un crucifijo gigante”, los atribulados trabajadores de Conin intentaban derivar el stock en más de cien comedores barriales que no operaban bajo su órbita.
- Tercero, porque la intermediación de la ayuda social contradice la esencia del discurso ultraderechista. Uno de los motivos centrales con los que Milei justifica la desidia institucionalizada de su administración, que lleva a interrumpir la entrega de alimentos y medicamentos y a eliminar programas contra la violencia machista, la educación sexual y la recuperación de la identidad, es que los intermediarios se quedan con presupuestos que debe administrar el Estado.
En el caso en cuestión, la intermediación es triple. El Programa de Abordaje Comunitario es coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según la nota remitida a elDiarioAR. El paraguas de organismos internacionales fue aprovechado con creces por el ministerio de Pettovello para repartir sueldos por fuera de la plantilla de la administración pública. El contrato llega a Conin, que, como no tiene personal suficiente ni una gran red territorial, deriva la entrega de los alimentos (70% secos y 30% frescos) en terceros.
La práctica de delegar la gestión estatal en privados, por debajo del radar y en aviesa contradicción con la prédica oficial, encuentra en Conin lo que equivaldría a una muestra gratis. Al Gobierno de los ultras le interesan otros volúmenes.
Los brindis de Caputo
Primero fue en sigilo. Los abogados del estudio Bruchou y Funes de Rioja trabajaron en la redacción de los dos instrumentos normativos que fundaron el ciclo Milei: la ley Bases y el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Entre ambos, cientos de leyes y algunos artículos de la Constitución resultaron afectados. Su verdadera legalidad será definida con los tiempos del oportunismo que caracteriza a los tribunales argentinos.
Letrados de Marval, O'Farrell y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados merodearon Olivos sin disimulo para afinar el lápiz del régimen de grandes inversiones.
Los abogados corporativos ni se molestaron en disimular las intervenciones que le hicieron llegar a Federico Sturzenegger, ante la mirada atónita de la Secretaría Legal y Técnica. Ni hablar de la pasividad de las bancadas oficialistas LLA y PRO que votan a libro cerrado, y las acotaciones desde el margen del radical Rodrigo de Loredo y el peronista Miguel Ángel Pichetto, referentes del bloque “Déjese ayudar, Presidente”. Letrados de Marval, O'Farrell y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados merodearon Olivos sin disimulo para afinar el lápiz del régimen de grandes inversiones. Uno de ellos fue Liban Kusa, socio del Departamento de Impuestos de Bruchou.
Ocho años atrás, en el inicio del Gobierno de Mauricio Macri, Caputo comandó la negociación por el pago de US$9.000 millones (terminarían siendo US$12.000 millones) a los holdouts de la deuda externa liderados por Paul Singer. La pulseada en Manhattan duró un suspiro. Caputo aceptó pagarles hasta el café. A su regreso, fin del verano porteño de 2016, el entonces ministro de Finanzas se permitió ir a brindar a la sede del estudio Bruchou en Retiro. Lo impropio de la escena causó escozor en algunos de los presentes.
En Argentina pasan muchas cosas, pero la promiscuidad que ofrecen los Milei es inédita. Dos viernes atrás, el citado Kusa fue presentado por Caputo como el máximo especialista en el blanqueo en curso, durante un streaming organizado por el Ministerio de Economía. A la vista de todos, un abogado de un estudio privado que asesora a blanqueadores explicó la forma en que quienes adhieran a la amnistía fiscal podrán pagar cero gravamen, con Caputo y dos funcionarios que se supone representan al Estado como patrocinadores de su emprendimiento.
Hay que reconocer abnegación no sólo en el círculo rojo integrado por empresarios, periodistas, jueces, lobistas e influencers que alaban o disimulan las obscenidades de Milei, sino también en su electorado, los que “la ven” y creen que “hay que aguantar porque se afanaron todo”.
No es fácil enfervorizarse por un Gobierno que apalea a jubilados para no aumentarles unos miles de pesos o manda a científicos a testear sus investigaciones en el mercado, mientras decreta fondos oscuros para la SIDE, y cuyo presidente, probado plagiador, usa tono erudito para arrojar cifras a las que llega con razonamientos primitivos (17.000%, 15 puntos del PBI, el más grande de la historia, “el formato estándar”).
Esta semana, unos cuantos empleados de Mercado Libre, con sus sueldos superiores al promedio, sus posgrados y sus negronis consumidos en un bar cool de Palermo, pero personas de a pie al fin y al cabo, cumplieron el papel que se esperaba de ellos al reírse de las groserías de Milei, agasajado por Marcos Galperin en la sede de la empresa, en Saavedra. Cuando terminó el fraseo presidencial, varios acudieron presurosos a sacarse una selfie, y algunos hasta hicieron el gestito con la trompita y el pulgar para arriba. Ya tienen una foto para mostrarles a sus nietos.
Al menos, cabe consignar, Milei se guardó el gesto de la masturbación para divertir a los miembros del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Mendoza, dos atardeceres más tarde.
Cuando terminó el balbuceo presidencial, varios empleados de Mercado Libre acudieron presurosos a sacarse una selfie, y algunos hasta hicieron el gestito con la trompita y el pulgar para arriba
Gobernadores distraídos
Un país respira más allá de la procacidad. Al menos, eso se desprende de las quejas de los gobernadores de distinto signo, que se ven empujados a administrar la malaria por el inédito recorte de fondos implementado por la motosierra de los hermanos Milei.
El peronista disidente Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, describió días atrás que nunca había ocurrido que la ANSES no le transfiriera ningún peso para la caja previsional de su provincia. Su par de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, se quejó del corte en la obra pública y argumentó, en osada pirueta, —como quien disimula para no chocar con un Presidente al que votó—, que los fondos que le faltan a su distrito terminan “en esa zona improductiva que es el AMBA”. Terció el presunto kirchnerista Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, molesto porque los fondos extras por unos $90.000 millones por mes que acordaron Milei y Jorge Macri para la Capital Federal serán restados a las provincias.
De acuerdo al Pacto de Mayo firmado por Llaryora, Pullaro y Zamora, no hay plata para los fondos que ahora reclaman
El cordobesista, el santafesista y el santiagueñista coinciden en describir que sus provincias aportan a la Nación más de lo que reciben. Lo mismo hacen los gobernadores neuquenista, rionegrista, chubutensista, santacrucenista, mendocenista, salteñista y entrerrianista.
Llaryora, Pullaro y Zamora comparten algo más: la distracción cuando acudieron solícitos a firmar el Pacto de Mayo en la gélida medianoche del 8 de julio en Tucumán. El punto 3 de ese acuerdo refundacional indica que los firmantes se comprometen a una “reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”.
Ese recorte significa entre 10 y 15 puntos porcentuales menos que en las últimas dos décadas. Con esos fondos evaporados (porque según Milei es plata que el Estado roba a los privados), el presupuesto no alcanza siquiera para pagar a la vez las jubilaciones, la AUH y los sistemas públicos de salud y educación. Hay que elegir, y Milei lo está haciendo. Por lo tanto, en cumplimiento de lo que Llaryora, Zamora y Pullaro (desobediente, fue a Tucumán de traje gris e incumplió el dress code negro), no hay plata ni para la jubilación mejorada de los estatales cordobeses, ni para la terminación de plantas potabilizadoras en Santa Fe y Rosario, ni para los salarios de los estatales santiagueños. Si se quejan, Milei les tiene preparado un chiste sobre el ano de los mandriles en la próxima entrevista con Luis Majul.
El error es el otro
Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el documento “es la economía bimonetaria, estúpido”, hecho público el viernes, para saldar cuentas con el peronismo y erigirse en la única que queda en pie.
La expresidenta y ex vicepresidenta pisó firme al marcar las notorias inconsistencias del programa de Milei y Caputo. Las alquimias financieras sobre las que está montado habilitan cuestionamientos por izquierda y por derecha.
La titular del Instituto Patria describió por enésima vez la “economía bimonetaria”. En un descubrimiento tardío, cercioró que buena parte de las transacciones, las más importantes, se hacen en dólares, y la misma moneda constituye la unidad de ahorro principal de los argentinos. El abismo llega cuando pasa por alto que imprimir pesos para solventar gastos, como hizo en sus gobiernos y como presionó para hacerlo en el de Alberto Fernández, genera inflación y, con ello, profundiza la preeminencia del dólar.
La exmandataria sentenció cuándo el peronismo “se torció” y “se desordenó”, en los párrafos que pareció haber disfrutado más.
Comenzó por su leit motiv. Acusó a Fernández y a Martín Guzmán de haber convalidado la deuda de US$44.500 millones contraída por Macri en 2018, y de haber aceptado las sobretasas dispuestas por el organismo, que siguen vigentes en todos los acuerdos de esa institución multilateral cuando el receptor está sobreendeudado.
¿No 'convalidaron' los Kirchner el endeudamiento de Menem y De la Rúa cuando decidieron pagar US$9.810 millones al FMI en 2006?
Se podrían decir muchas cosas sobre esa pincelada oportunista, que encuentra en Cristina y en su hijo, Máximo, severas contradicciones con lo actuado en los dos años de preparación del acuerdo con el FMI sellado por Guzmán en febrero de 2022.
Una decisión histórica de Néstor Kirchner expone el doble rasero del argumento. Cuando los Kirchner decidieron cancelar US$9.810 millones de la deuda con el FMI, en 2006, ¿no convalidaron sin chistar el endeudamiento de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, tan dilapidado y sospechoso como el que se atribuye a Macri en 2018? ¿Y cuando aceptaron las exigencias impuestas por el Fondo en 2003, más restrictivas que las admitidas en 2022? ¿No cupo entonces auditar “la normativa interna” y el posible fraude antes de devolver el monto?
Al igual que durante todo el Gobierno del Frente de Todos, Cristina brindó un favor inaudito a Macri, al centrar la pérdida de poder adquisitivo del salario en una responsabilidad del mandatario al que ella misma había propuesto para encabezar la fórmula. En la carta del viernes, Cristina volvió a omitir el peso de la deuda externa y la pandemia en ese deterioro de los ingresos de los trabajadores, circunstancia que comenzó, por otra parte, en su segundo mandato (2011-2015). En ese cuatrienio el PBI per cápita cayó, la pobreza subió y el mercado laboral se hizo más precario. De nada de ello atina a dar cuenta la responsable del tercer Gobierno kirchnerista.
La ex vicepresidenta se sintió habilitada para cuestionar la administración de divisas, como si ella misma no hubiera sido responsable de decisiones tomadas en conjunto. No hay registros en el discurso cristinista de los efectos lacerantes de haber impulsado una irresponsable política de subsidios a los servicios públicos que beneficiaron a millones de familias que no los necesitaban. El sinsentido de haber cobrado tarifas de las más baratas del mundo a toda la población se pagó con un desequilibrio sistémico de la economía, que lastró a su segundo Gobierno y al de Fernández.
Es cierto que la foto de Olivos de Alberto y Fabiola “anuló la palabra presidencial”, pese a un manejo de la pandemia responsable y con resultados mensurables, como indican las estadísticas internacionales de muertes, saturación de los centros de salud y vacunación. ¿No “anularon” la palabra presidencial de los Kirchner la pertinaz elección de funcionarios corruptos para las áreas de Obras Públicas y Transportes, el secretario que trasladó millones de dólares de madrugada y los negocios familiares con Lázaro Báez? ¿Puede un proyecto que hace bandera de la justicia social convivir con semejantes niveles de corrupción, sin dar cuenta de ningún caso, porque todo es —aunque en efecto, en parte lo sea— “lawfare”?
Cristina parece tener nuevas ideas sobre el mercado laboral, las comunicaciones y una “nueva estatalidad” que alumbre en otro sentido la remanida postulación del “Estado presente”. Asume recién ahora, luego de tres mandatos que reivindica como propios y un cuarto que niega, que hay círculos endogámicos de privilegio al amparo de regímenes de promoción y exenciones.
En la medida en que su foco siga estando en deslindar toda responsabilidad por la parte negativa del Gobierno de Fernández, sus acciones siguen sujetas a tergiversar hechos e interpretaciones
También apuntó al “consignismo del gatillo fácil”, sin mención alguna a que su protegido Sergio Berni es uno de los máximos exponentes en el rubro.
Además de escribir cartas, la expresidenta ejecuta acciones que deslegitiman el contenido de sus textos, sin que ello desmienta que resulta imperioso para el peronismo dar cuenta de las modificaciones en el mercado laboral, la educación y la relación con las tecnologías. En la medida en que Cristina siga enfocada en deslindar toda responsabilidad por la parte negativa del Gobierno de Fernández, sus argumentos quedarán sujetos a tergiversar hechos e interpretaciones.
Tres párrafos sobre los problemas acuciantes se escriben rápido. Mantener alianzas sórdidas con los Martín Insaurralde de turno, enredarse en una política menor para limar a Axel Kicillof y ensimismarse en el Instituto Patria con un libreto repetido son decisiones con un efecto destructivo contante y sonante.
SL/DTC
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