Hace poco menos de un año, el mundo observaba con atención la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. En los primeros meses, sus políticas de ajuste en el gasto nacional y promesas de reformas estructurales para la apertura de la economía despertaron cierta expectativa en el escenario internacional, para quienes cobijan la esperanza de que estabilizarían el país y generarían oportunidades de negocios. Sin embargo, en algunos ámbitos en los que las oportunidades de negocios se enmarcan en sociedades que se toman en serio los principios y valores de los derechos humanos, hoy el entusiasmo va dejando lugar a la preocupación.
Lo que comenzó como una serie de exabruptos retóricos ha revelado un proyecto ideológico que no solo amenaza la estabilidad democrática argentina, sino también la legitimidad de la cooperación multilateral entre países, la sostenibilidad de las inversiones y los derechos humanos en la región. Los retrocesos en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ son solo el preludio de un sismo ideológico que aleja a Argentina de los principios y compromisos globales que Occidente sostiene como pilares. El discurso contra el Pacto del Futuro, la destitución de Diana Mondino y los cambios abruptos en Cancillería, a solo días de la cumbre del G20, son un indicio de las tensiones y los desafíos diplomáticos que Argentina enfrenta.
Valores de occidente en retroceso
Desde el inicio de su mandato, Javier Milei ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó partidas presupuestarias y despidió masivamente al personal que mantenía las políticas públicas en pie. Todo esto, negando explícitamente la existencia de la violencia de género, incumpliendo normativas vigentes y compromisos internacionales. Con evidencia podemos afirmar que estas medidas configuran un retroceso de décadas en materia de derechos humanos y protección social en Argentina, que no se explica solo por la búsqueda del superávit fiscal y la “necesidad” de un ajuste.
Por eso es que su posición ya trascendió las fronteras. Milei inició un cambio notable en la política exterior argentina, que incluye un alejamiento de posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas, un distanciamiento deliberado de cualquier coordinación posible con la región latinoamericana y el impulso de una agenda incluso anti-liberal, que pretende incentivar retrocesos en materia de derechos humanos a nivel global.
Algunos de los hitos más significativos de estas intervenciones en materia de género en el escenario internacional: el 20 de marzo de 2024, en la Comisión sobre la Condición Política y Social de la mujer (CSW) que reune a todos los países en el ámbito de Naciones Unidas, Argentina expresó su oposición al uso de lenguaje que permite la “promoción” del aborto y la “ideología de género” y votó junto con Nigeria, Rusia, Irán, Irak y Nicaragua. Este posicionamiento significó un cambio de postura respecto de la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, en contra de nuestra propia legislación nacional. El 18 de junio, en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina solicitó remover de un proyecto de resolución sobre Haití la mención a la violencia sexual y de género como aspecto de preocupación específica sobre la situación de ese país caribeño. Ese mismo día, también objetó en otros proyectos todas las referencias a temas de igualdad de género, abordaje de la violencia basada en género, la violencia sexual y el abordaje interseccional (que reconoce que la condición migrante, rural, de discapacidad, la edad, entre muchos otros aspectos, impactan en las condiciones de vida de las personas), a la vez que se opuso a la inclusión de lenguaje vinculado a la Agenda 2030, firmada por 193 países miembros de la ONU.
Argentina no envió una delegación oficial a la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que desde hace tres décadas promueve la atención de la violencia hacia las mujeres en la región. Tampoco a la V Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, un espacio de diálogo político donde se da seguimiento a los compromisos internacionales; ni participó de manera presencial en la sesión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en septiembre de este año, en el marco del proceso de revisión de la situación de niños, niñas y adolescentes del país. Ese proceso dio lugar a muy importantes Observaciones del Comité a la Argentina. Además, hace pocas semanas y de manera sorpresiva, Argentina fue el único país que se negó a firmar la Declaración “sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres” del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, rompiendo el consenso de todos los países (incluyendo países como Arabia Saudita) y generando sorpresa y preocupación.
Hoy, 14 de noviembre, Argentina tendrá que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de tres audiencias solicitadas por organizaciones de la sociedad civil para dar cuenta del grave retroceso en materia de derechos que se vive en Argentina, un hecho que evidencia la preocupación de los organismos de protección de derechos humanos con la mirada atenta de la comunidad internacional.
Esta exhaustiva enumeración que, de todos modos, no termina de exponer la totalidad de las acciones que está llevando adelante el Gobierno argentino, dan cuenta de una búsqueda consciente y una decisión explícita de atacar simbólica y materialmente estas agendas que reflejan un consenso democrático sobre aquellos valores que compartimos junto a la comunidad internacional. Esto debería encender las alarmas del mundo porque no se trata sólo de desacuerdos relacionados con una “cuestión de género”. Estas acciones suponen un retroceso en los valores que son pilares fundamentales de Occidente y un mensaje a toda la comunidad global: los acuerdos y avances en igualdad pueden ser revertidos fácilmente.
U.N. enemigo inexistente
En este derrotero, el discurso de Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024 marcó un punto de quiebre. Repitiendo el guión de una serie norteamericana sin citar, Javier Milei descalificó los acuerdos globales sobre derechos humanos ante los 193 Estados miembros y rechazó la Agenda 2030, una agenda de compromisos políticos para promover el desarrollo sostenible “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. Desde ese podio, la describió como una “imposición ideológica socialista” y puso en duda el rol de los organismos multilaterales, acusándolos de violar la soberanía y la libertad de las naciones. Para Milei, la ONU ha pasado de promover la paz a imponer una “agenda woke” y un “nuevo contrato social” que, según él, amenaza las libertades individuales y fomenta un colectivismo “moralmente tóxico” e incompatible con su mirada del progreso.
Este posicionamiento marca un intento deliberado por deslegitimar los espacios de diálogo multilateral que amenaza el tejido social y político que da forma a la cooperación y al desarrollo global. Representa un cuestionamiento de los valores democráticos y humanistas que Occidente ha defendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Al rechazar la cooperación multilateral, Argentina se retira de los espacios de acuerdo que buscan enfrentar los problemas compartidos del siglo XXI, desde la crisis climática hasta los derechos humanos. Para la comunidad internacional, esta postura es una amenaza real: la legitimidad de los organismos multilaterales, que son esenciales para mantener los espacios de diálogo, resolver conflictos y promover el desarrollo sostenible, queda debilitada cuando un país con la influencia de Argentina promueve su rechazo.
Además, como si fuera poco, en ese mismo discurso Milei anunció que Argentina abandonaría la neutralidad por primera vez en su historia, un elemento fundamental para el sostenimiento de la paz en la región latinoamericana. ¿Hasta dónde llegará la guerra ideológica en la que se embarcó el presidente? ¿Qué consecuencias sociales, políticas e incluso económicas puede traer?
Efectos económicos y sociales de la desigualdad
La población argentina no come déficit cero. En un país con 52,9% de pobres -con un histórico crecimiento de más de 11 puntos en los primeros 6 meses de gobierno- y 18,1% de indigentes, la estabilidad económica y política es una expresión de deseo. La experiencia de las últimas tres décadas en nuestro país muestra la volatilidad de los acuerdos, las reglas y los arreglos institucionales, en particular cuando se construyen sin consensos sólidos, basados en evidencia y apoyados en argumentos. ¿Qué sucedería entonces con cualquier inversión a mediano o largo plazo? Así, no hay seguridad jurídica que se sostenga.
Desde principios del siglo XXI, Argentina fue un factor de estabilidad en América Latina. Más allá de las dificultades económicas y financieras, luego del 2001 el país no sufrió graves crisis institucionales y sociales que repercutieran negativamente en el clima regional. La política de ajuste brutal interno, combinada con un modelo de rechazo a los derechos humanos y al multilateralismo, no es solo un cambio de estilo: es una amenaza a la estabilidad global. La decisión de desvincularse de organismos de cooperación internacional afecta también acuerdos de inversión y tratados comerciales.
Las inversiones que esperaban capitalizar un clima económico favorable encuentran ahora un contexto de gobernanza que muestra pocas garantías, con reglas que pueden cambiar sin consenso y en medio de un escenario global donde las crisis sociales, migratorias y la desigualdad se profundizan. La inseguridad jurídica y la inestabilidad económica y social en Argentina pueden generar un efecto dominó en toda la región. En una economía globalizada, la desconfianza y el distanciamiento de acuerdos comunes pueden desencadenar efectos que se sentirán más allá de las propias fronteras.
Nos están mirando
Los retrocesos en Argentina afectan los valores y derechos compartidos. Si queremos abordar las problemáticas de derechos humanos y de desarrollo sostenible de manera colectiva, cooperando entre las naciones en un mundo cada vez más conectado, debemos comprender que los retrocesos en derechos humanos y el desmantelamiento de políticas de igualdad de género en Argentina tienen consecuencias para todos. Atacar a las políticas para la promoción de la igualdad y la protección frente a las violencias, no es solo atacar a las mujeres ni exponer una mirada del mundo distinta: es un ataque a la construcción de los valores y principios que abrazamos como democracia. La protección de los valores humanistas y la cooperación multilateral es esencial para la paz y la prosperidad global.
El presidente Milei está siendo visto como un ejemplo a nivel mundial para quienes quieren imponer en sus países discursos violentos, que proponen la supresión del otro como un método político para profundizar las grietas y los conflictos. Argentina desafía los valores y objetivos de los países que defienden un modelo de crecimiento inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y ofrece una alternativa a los movimientos ultra conservadores y reaccionarios que ya están presentes -y creciendo- en todo el mundo.
La comunidad internacional tiene en el próximo G20 una oportunidad para reafirmar su compromiso con el desarrollo inclusivo y dar una respuesta contundente a estos intentos por desbaratar los consensos que trabajosamente se construyeron por décadas. No es solo el destino de Argentina lo que está en juego sino la defensa de un modelo de estabilidad y desarrollo en el que los derechos humanos y la equidad sigan siendo el camino hacia un mundo que cuide la paz y promueva la igualdad.
La autora es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género