Tener que acudir a la justicia para exigir el aumento de la cuota alimentaria cada vez que se deprecie su valor no sólo es un sinsentido sino que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal. Principios rectores en los procesos que implican la protección de los derechos de las infancias y que se vuelven aún más relevantes en contextos de crisis. Hay una línea que conecta la violencia económica de género y la postura de los operadores judiciales frente a incumplimientos de la cuota alimentaria.
En el complejo entramado de la sociedad argentina, la violencia económica de género al manifestarse presenta grandes desafíos para la unidad económica familiar. La falta de cumplimiento de la cuota alimentaria emerge como un indicador claro de las tensiones financieras familiares, y la actuación de la justicia desempeña un papel crucial. La respuesta judicial no solo define el acceso a recursos básicos para mujeres e infancias, sino que también revela la capacidad del sistema para abordar de manera justa los desafíos socioeconómicos en este momento crítico para el país.
Los “lentes violetas” pueden ayudar a ver las cadenas invisibles. Las formas más invisibilizadas de violencia basada en género. Esas cadenas no son simples de soltar. Están forjadas a partir de estructuras de desigualdad muy sólidas, de larga data, que demandan un trabajo arqueológico, pesado pero sobre todo una voluntad política determinada a erradicarlas.
La violencia económica de género da cuenta de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, perpetuadas por roles y estereotipos de género. Estos menosprecian la contribución de las mujeres en el hogar y sociedad, infravaloran sus capacidades económicas y, en el contexto judicial, puede tener un impacto negativo y desproporcionado en los hogares, especialmente en casos de reclamo de alimentos.
En el 2023 el 59% de los hogares monomarentales destinaba la mayoría de sus ingresos a pagar deudas o atrasos, según datos oficiales (CEPAL y DNEIyG, 2023). Además, en el 2022 la tasa de pobreza en estos hogares alcanzaba el 53%. En un contexto donde el sostén de la familia se complejiza cada vez más y las canastas básicas de alimentos e insumos para el inicio de ciclo lectivo escalan a precios que no tienen relación proporcional con los salarios, el abordaje efectivo de las realidades de las mujeres y las infancias se vuelve el piso mínimo exigible al reclamar justicia.
Recientemente, los organismos regionales de derechos humanos han enfatizado la importancia de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que considere las realidades que enfrentan las mujeres, así como las decisiones judiciales en el contexto actual.
A propósito de la importancia de este enfoque, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una decisión que reducía la cuota alimentaria y eliminaba la actualización semestral, argumentando que el ajuste automático basado en el aumento del costo de vida viola la prohibición legal de indexar deudas establecida por la Ley de Convertibilidad n° 23.928.
La Corte consideró que la actualización de la cuota alimentaria tenía como objetivo preservar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Explicó que la obligación alimentaria deriva del ejercicio de la responsabilidad parental, buscando la protección integral de la infancia y vinculándose directamente con el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Esta interpretación tuvo en cuenta las normas civiles, su propósito y el posible impacto en los derechos fundamentales de una niña.
Además de ofrecer una interpretación relevante, la Corte estableció un criterio útil para casos futuros. Criticó que la madre debiera iniciar procesos judiciales periódicos para demostrar la insuficiencia del monto. Desde esta perspectiva, la Justicia no debió anular la actualización semestral sin proponer un mecanismo alternativo que tenga en cuenta que, debido a la inflación, el valor de la prestación alimentaria disminuye significativamente con el tiempo.
La decisión destaca la posibilidad de que el proceso judicial se convierta en un escenario dónde persiste la violencia, instando a los operadores judiciales a abordar con precisión tales circunstancias. La Corte resalta la dificultad probatoria y la necesidad de establecer parámetros realistas en el actual contexto económico. Vale la pena entonces retomar algunas herramientas que existen hoy día y que están a disposición de la justicia.
Tal es el caso de la canasta de crianza, un insumo para considerar para la organización y planificación familiar, que ofrece un valor de referencia sobre los gastos dedicados por las familias a alimentos, vestimenta, vivienda, traslados y cuidado de las infancias.
Las decisiones judiciales que emplean este índice priorizan la celeridad en los casos de alimentos, dada la impactante repercusión que tienen en los hogares. Se consideran edades y contextos familiares, reconociendo el valor económico de las tareas de cuidado, especialmente para las madres. Además, se destaca la importancia de ajustar las cuotas alimentarias según los informes periódicos del INDEC.
El Índice de crianza resulta una herramienta que suministra datos objetivos sobre los gastos esenciales en el día a día familiar. Su utilidad es crucial cuando no se disponen de pruebas precisas para evaluar las necesidades a satisfacer y la capacidad económica del alimentante al determinar el valor de la cuota.
Pagar tarde o no pagar la cuota alimentaria constituye violencia económica, y esto agrava las situaciones de violencia que pueden vivir las mujeres e infancias en sus hogares. El impacto de la crisis y los aumentos de precios no dejarán de afectar a todas estas familias. Lo mínimo que podemos demandar es un abordaje realista a la hora de garantizar el derecho de acceso a la justicia. Lo máximo es lo que la realidad exige y tenemos con qué.
La autora es abogada del área jurídica de ELA.
AC/DTC