Alberto Fernández llegó al poder porque el anterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que firmó Mauricio Macri agravó la crisis que estalló en 2018 y elevó de 25% a 35% el piso de la pobreza en la sociedad argentina. Después cayó la pandemia y ese suelo subió a un dramático 40% difícil de bajar. Y ahora que el Presidente se decidió a distanciarse del cristinismo para terminar de reprogramar el préstamo récord que tomó su antecesor y aceptó un sendero de ajuste fiscal y monetario, incluida una mayor suba de tarifas a la anunciada a principios de año, irrumpe la guerra de Ucrania, que vuelve a amenazar al mundo con menos actividad económica y más inflación.
El conflicto bélico que enfrenta a Rusia con tropas ucranianas sostenidas por Occidente es una mala noticia para la economía argentina. ¿Y el acuerdo con el FMI? Máximo Kirchner y otros muchos sectores del Frente de Todos (FdT) advierten de que hundirá el repunte de 2021 y conducirá a la derrota electoral en 2023. En el PRO coinciden con Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, en que era peor no sellar el pacto y caer en un impago con el FMI, pero vaticinan que el ajuste convenido, aunque menor al sellado por Macri, se combinará con la desconfianza inversora y todo acabará tal y como pronostica el ex jefe de la bancada de diputados del FdT. En el albertista Grupo Callao, que reapareció en público esta semana para apoyar el convenio y que integran Santiago Cafiero, Matías Kulfas, Cecilia Todesca Bocco, Sabrina Frederic, Victoria Tolosa Paz, Fernando Peirano y Ana Castellani, entre otros, esperan, en cambio, que la actividad crezca más de lo esperado. Veamos cómo se bifurcan los senderos de esta economía que lejos está de parecerse a un jardín de rosas.
Economistas que comparten la visión de Kirchner, desde la agrupación Soberanxs --donde militan Amado Boudou y Fernanda Vallejos- hasta la CTA de los Trabajadores -que conduce el diputado Hugo Yasky-, no prevén una catástrofe en el corto plazo, pero sí descartan que el acuerdo permita crecer entre 3,5% y 4,5% en 2022, como establece su letra, porque exige una acumulación de reservas del Banco Central que fuerza a un ambicioso salto de las exportaciones de US$ 78.000 millones en 2021 a 90.000 millones y limitaría las divisas para la importación de maquinaria, insumos o gas -que se disparó de US$ 8 el millón de BTU, su unidad de medida, en el invierno pasado hasta los 61 actuales por la guerra-. Por tanto, prevén que la economía crezca este año sólo un 2% porque el repunte pospandemia de 2021 dejó un arrastre del 2,5% al 3%, pero en sí la comparación de la actividad de diciembre pasado con la del mismo mes de 2022 mostraría estancamiento. La falta de expansión tras años de crisis económica y con demandas sociales insatisfechas sería el marco para iniciar el 2023 electoral, según esta visión cristinista. Advierten de que la moderación del gasto público y de la intervención estatal ralentiza la salida de la crisis 2018-2020, temen que se demoren las paritarias y que no se cumplan las metas fiscales y terminen por recortar las partidas sociales que ahora se prometen intocables. Alertan de que el acuerdo no traerá inversión porque, pese a que la Argentina está barata para los inversores, como promociona Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA, persiste la creencia empresaria de que el colapso sólo está difiriendo para 2026, cuando haya que empezar a devolver al FMI lo que ahora le prestará a Fernández para repagar el crédito de Macri.
Con semejante visión de futuro, la pregunta es cuántos diputados y senadores cristinistas acompañarán a Kirchner en la abstención o el rechazo del pacto. O si algunos lo apoyarán para mantener algunos pies en el plato del FdT. En el albertismo se preguntan cómo los cristinistas que dirigen el Plan de Atención Médica Integral (PAMI), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Aerolíneas Argentinas, YPF, la Secretaría de Energía o el Ministerio del Interior podrán aplicar un plan económico que repudian. Rescatan que al menos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó, tocó y sonrió al jefe de Estado en la Asamblea Legislativa del martes: interpretan estos gestos como señales de que no boicoteará el acuerdo e incluso quizás ordenará que algunos de los suyos lo aprueben. No por nada el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, lo apoyó este sábado. Habrá que ver qué sucede entre los legisladores.
En el PRO, donde tallan desde Hernán Lacunza y Francisco Gismondi hasta Franco Moccia y Luciano Laspina, coinciden en la percepción de Máximo Kirchner de que si el acuerdo “se cumple” implicará un ajuste “dañino para el que está en el poder”. Y por eso mismo explican que empresarios como Elsztain se atrevan a invertir ahora pensando en un cambio político el año próximo. Pero, a diferencia del hijo de la vicepresidenta, advierten que si no se sellara el pacto con el FMI, se provocaría una crisis. No obstante, condicionan su voto al programa con el FMI a lo que haga el propio Frente de Todos, en especial el cristinismo. Se indignan con la causa que impulsa el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que busca dilucidar responsabilidades penales por el préstamo que tomaron Macri, su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y compañía y que sirvió para que los acreedores no sufrieran por dos años la reestructuración de deuda que terminó ocurriendo en 2020 y para que más de un millonario comprara dólares y los enviara al exterior. En cambio, el presidente de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, está decidido a apoyar el artículo primero del proyecto de ley del acuerdo con el FMI, que refinancia el crédito que vencía en 2022 y 2023, y aún no define qué hará con el segundo, que se refiere al programa económico que es condición para la reprogramación a diez años.
En el PRO consideran que el recorte del déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) será insuficiente para arreglar la macroeconomía: recuerdan que el que firmó en 2018 Dujovne implicó bajar el rojo 4 puntos del PBI en un año y medio, mientras que ahora Guzmán se compromete a reducirlo 2 puntos en dos años. Observan que los desequilibrios ahora son mayores que hace cuatro años, teniendo en cuenta que la inflación pasó de un rango del 25% anual a uno del 50% -que dejó el propio Macri- y se debieron aplicar mayores controles, como el cepo cambiario y a las importaciones.
En el partido de Macri y Horacio Rodríguez Larreta calculan que 2022 cerrará con un crecimiento del 3%, pero sólo por el arrastre de 2021. Comparten con el cristinismo que la economía a fin de año quedará estancada. ¿Por qué? Porque el dólar oficial deberá subir a la par de la inflación y dañará el consumo, la suba de tasas de interés es recesiva, el Gobierno carecerá de margen fiscal para repartir subsidios, también se acotará la emisión monetaria y los salarios correrán por detrás del índice de precios al consumidor (IPC). Sólo prevén inversiones de corto plazo de los pesos que no pueden irse al dólar por el cepo.
En la consultora abeceb, que fundó el ex ministro de Producción macrista Dante Sica, vaticinan un crecimiento mayor, del 4,5% en 2022, pero por el empuje de 2021. Calculan un 1,5% real a fin de año. Se basan en que el acuerdo evitaría un descalabro devaluatorio e inflacionario, pero consideran que no corrige lo que ellos califican como desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales como la legislación laboral o el sistema jubilatorio. Ponderan que el FMI se resigna a que Fernández no pueda emprender esa agenda y el establishment sólo espera que pueda terminar su gobierno y se produzca un cambio político en 2023. Evalúan que algunos hombres de negocios con dólares sobrantes pueden llegar a traerlos por el contado con liquidación para adquirir ciertos activos baratos, pero vaticinan que la mayoría esperar a ver qué hace el próximo presidente antes de tomar una decisión. Con Macri se ilusionaron en vano, apostaron y perdieron en la bolsa y en los bonos, pero eso sí: nunca llegaron a desembolsar inversiones reales sustanciosas. Como sostiene Miguel Kiguel, ex subsecretario de Financiamiento de Carlos Menem y actual consultor de Econviews: “La gente hace tiempo que no compra activos argentinos porque siempre dicen que están baratos, pero al final nunca repuntan, salvo en 2001. En 2015 parecían baratos y después se fue todo al demonio. Los inversores de afuera se preguntan por qué ir a un país que no cumple, que no hace el esfuerzo para pagar su deuda”.
Pero en el Gobierno se esperanzan con que la economía crezca más de lo esperado, como ocurrió en 2021. Reivindican que, aunque la actividad se reactivó en gran parte porque se eliminaron las restricciones del Covid-19 y al aumento del precio de las materias primas agrícolas, también se recuperó la industria más allá del nivel prepandémico gracias a una política que impulsa la exportación con sustitución de importaciones de insumos. El turismo interno volvió a ponerse en marcha en buena medida por el PreViaje, en manos del ministro Matías Lammens. En el albertismo celebran desde el proyecto de hidrógeno verde hasta el plan Argentina Programa o la tarea de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológica y la Innovación, que conduce Peirano. Cobijan la ilusión de que si estabilizan la macroeconomía y la inflación -bajo presión mundial por la guerra-, pueden llegar a crecer 5% en 2022 y competir electoralmente en 2023. Si no, hasta temen que Javier Milei pueda rivalizar con cualquier candidato del FdT por entrar a la segunda vuelta con JxC. De cualquier manera, sostienen que al libertario y a los ultraliberales del PRO y de la UCR hay que apretarlos en la discusión sobre qué recortarían, pues el gasto principal del Estado nacional son las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones por hijo y, en segundo término, los subsidios energéticos, a los que ahora Guzmán consiguió apuntar. De otro lado, le contestarán que si las tarifas suben menos que la inflación, resultará insuficiente no sólo para las cuentas fiscales sino para la inversión del sector.
Algunos economistas comparten el pronóstico de 5% de crecimiento en 2022. Francisco Eggers, el profesor de la Universidad de La Plata que en 2016 vaticinó que en 2018 se acabaría la confianza de los bonistas en Macri por el sobreendeudamiento, califica de “suave” el ajuste ahora pactado con el FMI y por eso descarta que provoque una recesión. “Los oficialistas que proyectan que van a perder en 2023 se quieren quedar lo más lejos de la derrota y preservarse para 2027, pero son los mismos que manejaron mal la economía desde 2009 -año en que Boudou asumió como ministro de Economía- porque no entienden los equilibrios macroeconómicos”, opina Eggers. “Pero hay cierta chance de estabilizar la economía con un crecimiento, que igualmente sería mediocre, más fruto del arrastre de 2021. Es que lo que va a dominar son las expectativas, que dependen de si se aprueba o no el acuerdo y después si cumple o no. Si se cumple, se puede esperar un despegue en 2023, pero no como en 2003. Y para cumplir hace falta algo que falta: cohesión interna en el Frente de Todos”, advierte Eggers. Otros analistas prevén que en 2022 se alcanzan las metas, pero ya no en 2023, con la presión al gasto electoral.
Nicolás Zeolla, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE, donde se desempeñaba Mercedes Marcó del Pont), opina que primero debe aprobarse el pacto para despejar la incertidumbre financiera que había sobre un impago al FMI. No por nada el dólar contado con liqui bajó de $ 233 a fines de enero, antes del anuncio del principio de acuerdo, hasta $ 205. Zeolla destaca que el primer desembolso del Fondo sea mayor al esperado: de US$ 9.800 millones, en lugar de 7.500 millones, sobre el total de 45.000 millones. Prevé que se cumpla el programa en la primera revisión de julio próximo, a diferencia de lo que ocurrió con el plan de Macri con el FMI. No se ilusiona con la llegada de inversiones, como promete el acuerdo, pero espera un superávit comercial basado en una cosecha menos afectada por la sequía que lo previsto. Sus dudas recalan en la segunda mitad de año: teme falta de divisas porque el crecimiento exigirá más importaciones. Aunque reconoce que la inflación subirá por el mayor alza tarifaria, prevé que aminore con el correr de los meses. Enciende la alerta de que el gas importado y encarecido engrosará los subsidios, por lo que anticipa que en 2023 se necesitarán “esfuerzos adicionales” para alcanzar la metal fiscal (1,9% de déficit). Para 2022, predice una expansión del 4,5%, la mitad por el arrastre, pero celebra que el turismo y el consumo mejoraron este verano, al tiempo que espera para el resto del año una recomposición de las jubilaciones del 7% real (ajustado por inflación), dada su fórmula de actualización según la evolución de la recaudación impositiva y de los salarios, y una continuidad de la leve recuperación de los sueldos algo por encima del IPC. “Tener al FMI es lo peor que te puede pasar, te acorta los grados de libertad, pero las alternativas son peores”, concluye Zeolla.
La Argentina está sobreendeudada y lo estará por años, y eso es malo. Será sometida a auditoría del FMI, y de su principal socio, Estados Unidos, cada tres meses y lo será por años, y eso es malo. La guerra de Ucrania, tan mortal como las que se libran en otros rincones del planeta, tiene un impacto económico mundial inmensamente mayor que las otras, y eso también es malo. Hasta puede que en invierno haya industrias sin gas. El acuerdo con el FMI implica un sacrificio, y eso es negativo para las clases media y baja que ya venían golpeadas. Pero el impacto global del pacto dependerá de cómo se instrumente, de la unidad del Gobierno y del impredecible y cambiante contexto internacional.
AR