Entidades que representan a agricultores de Argentina rechazaron este jueves la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández avance con el cobro de un canon por el uso propio de semillas obtenidas a partir del cultivo de eventos modificados genéticamente y patentados por empresas de biotecnología.
“Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos”, expresó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina.
El martes pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.
Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento.
Los “obtentores”, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.
Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado “uso propio”, aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.
Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al “obtentor”.
Años atrás, ya hubo una fuerte polémica cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías sobre los embarques con soja transgénica cultiva en Argentina y exportados a diversas partes del mundo.
“La solución debe ser equilibrada entre las partes, obtentores, usuarios y Estado”, dijeron este jueves en un comunicado las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otra de las grandes patronales del sector agropecuario, que sostuvo que la eventual imposición de una tasa tecnológica sobre la venta de granos solo beneficiaría a los obtentores.
Las entidades rurales también se quejaron por no haber sido convocadas para discutir este asunto.
“Siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”, dijo CRA.
Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, el tercero de porotos de soja y el quinto de harina de trigo.
Con información de EFE.
IG