El sistema de sociedades offshore en paraísos o guaridas fiscales -como se quiera llamar a los países que ofrecen nula o baja tributación a grandes empresas, pymes y adinerados- le quita al mundo cada año US$ 427.000 millones de recaudación impositiva, según el informe “El estado de la justicia fiscal 2020” que elaboraron las ONG internacionales Global Alliance for Tax Justice, PSI y Tax Justice Network (TJN). Se trata de un cálculo conservador. Para entender su impacto en tiempos de pandemia, los estados perdieron el sueldo de un enfermero por segundo.
El informe incluye a la Argentina y calcula que el país dejó de recolectar gravámenes por US$ 2.341 millones de empresas multinacionales. El estudio advierte que las compañías “transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que obtuvieron realmente en los países en los que operan y, por tanto, pagan menos impuestos de los que deberían”. Eso incluye también compañías argentinas con sociedades offshore. El reporte también advierte de que al Estado se le escurrieron otros US$ 343 millones porque “personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley”. Con esos US$ 2.684 millones se podrían haber pagado los sueldos de 421.000 enfermeros todo el año o un décimo del presupuesto educativo de todos los niveles del Estado.
Pero incluso el cálculo de la evasión y la elusión (cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue minimizar el pago de impuestos) de TJN se queda corta, según Magdalena Rua, contadora, investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En un artículo en El Cohete a la Luna, Rua explica que los 343 millones fugados por personas afortunadas se basa en el cálculo de que la riqueza financiera offshore originada en la Argentina fue de US$ 19.600 millones en 2018, pero ella advierte que, según cálculos oficiales, la inversión de argentinos en el exterior acumula unos US$ 388.000 millones entre 1970 y hace tres años. Si se aplicara una regla de tres simple, la pérdida de recaudación por el dinero offshore de los ricos argentinos podría alcanzar los US$ 6.790 millones anuales.
También hay cálculos más prudentes, como el del informe “Ganancias perdidas”, de investigadores de las universidades de Copenhague y California Berkeley, que advierten que las multinacionales giran el 40% de los beneficios a paraísos fiscales, unos US$ 900.000 millones por año, lo que reduce la recaudación tributaria global en US$ 200.000 millones. En el caso de la Argentina, esta pérdida llega a US$ 1.278 millones, el 9% de lo recolectado por el Estado del impuesto a las ganancias de empresas. Esa plata termina tributándose en países de baja imposición como Holanda, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Bermudas, Puerto Rico, Hong Kong o Singapur.
Otros cuentan más pérdidas de impuestos. En un trabajo de la Universidad de Naciones Unidas, los investigadores Alex Cobham y Petr Janský calcularon que se eluden y evaden US$ 21.400 millones por año en la Argentina por el desvío de ganancias de empresas multinacionales. Esta cifra representa más de la mitad de las reservas internacionales, advirtió Rua en la revista Derechos en Acción, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, y la Universidad de La Plata.
Los estados, incluido el argentino, pierden tanto por dinero que se elude por artilugios legales y que está declarado ante el fisco como por lo que se evade lisa y llanamente. Sin embargo, expertos como el economista, investigador y profesor de la Universidad de La Plata Juan Valerdi cuestionan la distinción entre usos lícitos e ilícitos de las sociedades offshore: “No hay justificación para los que usan las guaridas para cosas buenas”. Valerdi advierte de que este sistema pone en riesgo el Estado del bienestar que en mayor o menor medida se creó en el mundo en el siglo XX, dado que la evasión y la elusión offshore acotan la recaudación tributaria de los que más tienen y el peso de los gravámenes termina recayendo en el resto de la población para financiar un gasto público más ajustado.
Valerdi calcula que casi dos tercios de los fondos depositados en “guaridas fiscales” corresponde a flujos provenientes de la elusión y la evasión impositivas de ricos -que eligen, sobre todo, depositar en Estados Unidos y Suiza- y empresas transnacionalizadas. Eso incluye dinero que se origina en forma legal y se transfiere en forma lícita a sociedades offshore, pero siempre para reducir el pago de impuestos. También hay recursos que se obtienen evadiendo impuestos y por eso sus dueños los giran en forma ilícita y los depositan en países donde se mantiene el secretismo de su titularidad.
Otro 30% de los recursos en paraísos fiscales corresponde a otras actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando de armas. Sólo un 5% proviene de la corrupción política, según Valerdi. Este experto recuerda que todo el aparato de offshore se sostiene gracias a la ingeniería que ofrecen grandes bancos internacionales y poderosos estudios contables internacionales.
Elusión más impuestos regresivos
“Quienes poseen mayor capacidad contributiva cuentan con mayores recursos para eludir el pago de los tributos, a la vez que la mayor parte de la recaudación se nutre de impuestos regresivos que gravan con la misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica”, advirtió Rua en Derechos en Acción. “Las personas de alto patrimonio utilizan variadas estrategias para evitar el pago de impuestos, que involucra la transferencia de riqueza al exterior -continúa Rua-. Se utilizan las fundaciones y fideicomisos (o trusts) como instrumentos para separar la titularidad de los activos de sus beneficiarios finales, además de otras estructuras opacas, como fondos y sociedades con acciones al portador, que mantienen en secreto el nombre de sus beneficiarios, que se interponen entre los activos del exterior y los titulares.”
“Las empresas multinacionales y grandes grupos económicos también utilizan múltiples técnicas, gracias al asesoramiento de expertos, que les permiten constituir sociedades holding que controlan todo el grupo en el exterior, o sociedades financieras que financian al resto del grupo, ubicadas en guaridas fiscales, a los fines de erosionar la base imponible local”, continúa Rua. “También, utilizan los precios de transferencia (precios de operaciones intragrupo) para transferir arbitrariamente ingresos hacia guaridas fiscales, a través de la manipulación de estos o, directamente, la creación ficticia de servicios, intangibles (marcas, derechos, etc.), costos y endeudamiento. También explotan los tratados para evitar la doble imposición.”
Existen diversas iniciativas para terminar con la elusión y la evasión impositivas, aunque siempre corren por detrás de los artilugios contables privados. A nivel internacional se creó este año el impuesto global a las ganancias de las empresas con una tasa del 15% para evitar que las corporaciones tributen sólo en países de baja carga impositiva. En la Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont, creó un registro de beneficiarios finales de las sociedades, para combatir el secretismo reinante en la titularidad de las offshore, y una nueva normativa de precios de transferencia. Ahora se suman nuevos desafíos a los estados con el boom de las criptomonedas, todo un circuito opaco para ocultar ganancias y patrimonio de los fiscos del mundo.
AR