El “vamos por todo” de Bullrich en economía: del ajuste al salto de monotributistas

Parece un revival del '''vamos por todo“ de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo gobierno, pero en sentido contrario. ”Si no es todo, es nada“, proclama la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. El significado de la expresión en términos económicos se puede desentrañar leyendo el libro recientemente publicado por su principal asesor económico, Luciano Laspina, 'Desenredar la Argentina. Diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia”. Sin dar detalles del ritmo de las reformas que planea emprender, describe su diagnóstico y sus respuestas, con ayuda de varios de sus colaboradores, algunos de ellos ex integrantes de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, como lo fue Bullrich. Entre quienes figuran están Andrés Edelstein, Guillermo Mondino, Gabriel Lopetegui, Javier Ortiz Batalla, Pablo Sanguinetti, Dante Sica, Carlos Bastos y Emilio Apud.

“Luciano dice que hay que dinamitar el modelo kirchnerista”, presentó Bullrich hace un mes el libro de Laspina en el hotel Four Seasons. Después habló el autor, diputado y economista por la Universidad de Rosario y master en la del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA). “El primer capitulo plantea la creación de instituciones para recuperar la moneda. El santo grial es la Carta Orgánica del Banco Central. En la historia argentina los planes de estabilización -es decir, contra la inflación- se hicieron sin un banco central independiente”, dijo Laspina y recordó a Raúl Alfonsín pero también a Macri. “Hay que hacer lo que nunca hicimos: independencia del Banco Central, para remover el presidente que se necesite el consenso del Senado, prohibir emitir para el Tesoro y prohibir poner el cepo. El cepo es el huevo de la serpiente sobre la que se asienta el populismo de estado, determina quién compra y vende dólares, por eso Cristina lo puso en 2011, porque el modelo era ese, lo ponen (Axel) Kicillof y (Emmanuel) Álvarez Agis y destruye la moneda”, completó. Álvarez Agis comentó a elDiarioAR que él y su entonces jefe en el Ministerio de Economía arribaron allí en 2013 y comenzaron a flexibilizar el cepo. Veamos aquí los diversos comentarios más relevantes del libro del asesor de Bullrich.

Levantar el cepo lo antes posible

El libro aboga por “instaurar un nuevo régimen monetario-cambiario que elimine los controles de capitales de manera permanente y creíble”. “Salir del cepo cambiario debe ser una prioridad desde el día cero. Cuanto antes se haga, mejor”, sostiene el texto. Al principio, Bullrich lo prometía para el 10 de diciembre. Ahora habla de “blindar” las reservas, palabra que remite al fallido rescate internacional al gobierno de De la Rúa en 2000, y liberar el cepo “lo antes posible”

“Lo mejor en países como el nuestro es contar con cierta flexibilidad cambiaria (no mucha, un poco) capaz de «amortiguar» los shocks positivos y negativos”, aboga Laspina por una paridad con el dólar que no sea fija como la convertibilidad, pero tampoco demasiado variable. “Una regla intermedia consiste en utilizar «bandas cambiarias» que permitan una flotación acotada del tipo de cambio.”

Laspina apela a legalizar el bimonetarismo actual de la Argentina y rechaza la dolarización: “El bimonetarismo de jure fortalecería las funciones de reserva de valor y de unidad de cuenta a largo plazo en los contratos que debe cumplir el dólar hasta que se cuente con una moneda nacional estable. Mientras tanto, debería preservarse el peso como medio de cambio y numerario de la economía a los fines de fijar precios y salarios, incluyendo su uso para el pago de impuestos, preservando así la demanda transaccional por pesos. Así ocurrió en la mayoría de las economías bimonetarias de Latinoamérica que lograron estabilizar sus monedas”. “Eliminar por voluntad propia el cepo cambiario no alcanza. Un plan de estabilización con tipo de cambio unificado es condición necesaria, pero no suficiente para reconstruir la reputación de la moneda nacional en el largo plazo”, aclara.

Déficit cero

“Recuperar el equilibrio fiscal y la solvencia intertemporal, para que la prohibición de financiamiento monetario al fisco esté fuera de toda posibilidad y tentación”, plantea como objetivo para evitar que el Central financie al Tesoro con emisión monetaria. Pero también apunta a terminar con el rojo de la autoridad monetaria, que se endeuda con Letras de Liquidez (Leliq) y otras: “Reducir el déficit cuasifiscal del Banco Central a niveles razonablemente acotados, para que no sea una fuente incontrolable de emisión monetaria”. Los bancos toman depósitos de sus clientes e invierten en Leliq. Por las dudas, el libro aclara que está en contra de un Plan Bonex, aquel de 1989 por el que el gobierno de Menem los impuso un bono a los depositantes.

“Reducir el gasto público y recuperar el equilibrio fiscal exigen priorizar, reestructurar y eficientizar los gastos del Estado”, apunta. Y aclara que hay que resolver el “tamaño del Estado”, “los desafíos del sistema previsional” y “buenos acuerdos fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias”.

Podar el gasto público y social

 El asesor de Bullrich “exige comenzar a priorizar los gastos del Estado”: “Una racionalización y modernización del Estado requiere indispensablemente analizar todos los rubros del gasto. El déficit operativo de las empresas públicas, el gasto de las universidades nacionales y el de los fondos fiduciarios son algunos de los rubros que pondremos «bajo la lupa» para trazar un diagnóstico preciso de los desafíos que se enfrentan a la hora de cumplir el sueño de contar con un Estado austero, moderno y al servicio de la gente”. Laspina critica que en los últimos 20 años se haya duplicado la erogación del Estado: “El crecimiento del gasto público puede explicarse, resumidamente, en base a tres factores: el incremento de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, el aumento del empleo público (mayormente provincial) y la expansión del gasto previsional. Las transferencias sociales es uno de los rubros del gasto que más controversias ha generado. De la evolución del gasto social sobresalen dos elementos: primero, una mayor discrecionalidad en la asignación de fondos; y segundo, un aumento notable en la concentración geográfica del gasto en la provincia de Buenos Aires.”

“Muchas de las universidades del conurbano fueron creadas por motivos políticos más que por criterios de necesidad académica o logística”, advierte. También apunta contra las transferencias a fideicomisos y menciona los más importantes: el de los créditos hipotecarios Procrear, otro para subvencionar el transporte urbano y suburbano, incluidos los peajes, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Fondo de Garantía y Administración para el Financiamiento de la Vivienda Social.

Eliminar empresas estatales

“El Estado argentino hace cosas que no son propias de su función esencial —como tener una empresa de energía para importar gas, una empresa de aviación o una petrolera— y hace mal las que son inherentes a su razón de ser: la seguridad, la justicia, la defensa, la educación, la salud y la moneda”, sostiene Laspina con la mira en Enarsa, Aerolíneas Argentinas e YPF. “El universo de empresas públicas ha ido creciendo en número, tamaño, déficit y opacidad a lo largo de los años”, opina y propone “un plan de regularización que reduzca las transferencias que reciben del Tesoro hasta lograr un equilibrio financiero”. “Muchas de las empresas que son propiedad del Estado carecen de una justificación de política económica que explique seguir invirtiendo recursos de los contribuyentes en actividades que podrían ser rentables bajo una administración privada”, alega y ejemplifica con tres casos: “El Correo Argentino, Aerolíneas o la administración de empresas ferroviarias”.

Receta antiinflación

“Volviendo al debate de fondo, gradualismo versus shock, la evidencia sugiere que las políticas de desinflación rápida reducen el costo total de la desinflación”, opina Laspina. “Dada la importancia del problema fiscal como factor explicativo de la inflación, el país deberá encarar una consolidación fiscal ineludible como paso previo a la estabilización. Un plan de estabilización exitoso requiere de un conjunto de prerrequisitos que hemos explorado a lo largo de este capítulo. Los principales son:

Bajar impuestos al campo y los ricos, subir el monotributo

“Avanzar en la eliminación de los derechos de exportación”, es una prioridad. “Las retenciones deberían desaparecer a la mayor brevedad posible. Si el objetivo es meramente recaudatorio, para no desfinanciar al Tesoro en el corto plazo, es lógico asumir que una reforma comience por eliminar de un plumazo las retenciones que se aplican al resto de los productos, en particular a la carne, las economías regionales y las producciones no tradicionales. En el caso de la soja, el trigo y el maíz, existen diversas propuestas presentadas por entidades vinculadas al sector que apuntan a fijar un cronograma de reducciones establecido por ley”, aclara que algunos derechos continuarán por un tiempo.

Devaluar y subir las tarifas

 “Alinear los precios relativos antes y no después del lanzamiento del programa (antiinflacionario). En particular, el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos. Este es un requisito básico de consistencia que insólitamente se ha omitido en algunos intentos de estabilización del pasado”, promueve el libro. Aclara que los porteños y los habitantes del conurbano no son necesariamente más privilegiados con la subvenciones como se cree: “La energía eléctrica es mucho más barata en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) que en el resto del país por varias razones: 1) es el congelamiento tarifario decidido a nivel nacional para las distribuidoras del AMBA; 2) las economías de escala que permiten operar en un área con altísima densidad poblacional; y 3) una gestión privada que ha sido más eficiente en términos de sus costos y de la administración del personal respecto a algunos de sus pares provinciales, en particular las empresas de propiedad estatal que en ocasiones se han vuelto un «coto de caza» de la política. El AMBA no recibe más subsidios que las provincias, como habitualmente se cree”. 

Más negocio privado en la energía

“Libre disponibilidad de las divisas obtenidas de la explotación del recurso, que será la regla general para toda la economía, y garantizada, en particular, para el sector energético”, propone a favor de las petroleras. Critica a Enarsa, encargada de importar energía o construir el gasoducto Néstor Kirchner y propone volver a la regulación de los 90: “Con mercados mayoristas libres y competitivos, esta empresa no tiene razón de ser”. Las inversiones en gasoductos “deberán ser canalizadas a través de la participación directa del sector privado”.

Se rescata un anhelo por desarrollar la industria nacional a través de desarrollos energéticos como Vaca Muerta, la idea es no sólo exportar gas sino agregarle valor: “Esto requiere desarrollar las cadenas de valor industriales «aguas arriba», en particular los miles de proveedores, muchos de ellos pymes, que orbitan en torno a la industria energética. Pero también el desarrollo «aguas abajo», vinculado a los sectores industriales energo-intensivos, entre ellos, la industria siderúrgica y el polo petroquímico de Bahía Blanca, que permitirá exportar gas natural con valor agregado en la forma de urea, metanol y polietileno”. 

Abaratar la contratación y el despido

“La Argentina necesita de manera urgente una modernización de las regulaciones del mercado de trabajo”, sostiene el texto. “Las contribuciones patronales al régimen de la Seguridad Social son elevadas en la comparación internacional, incrementando el costo laboral y desincentivando la generación de empleo. Una forma progresiva de reducir el costo laboral consiste en reestablecer la detracción de un importe sobre el salario que hace las veces de mínimo no imponible”, propone abaratar la contratación. “Argentina es el país de Latinoamérica con mayor brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, elevándose el sobrecosto por encima de un 43 % en promedio. En el marco de la emergencia laboral, entendemos que es necesario establecer un régimen de promoción del empleo por el plazo de un año, que implique una baja de las contribuciones patronales para las nuevas contrataciones del 100% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el tercer año, que beneficie a aquellas empresas que incrementen su dotación laboral.”

Apertura económica

“Un país que no compite y que no comercia con el mundo está condenado al estancamiento, porque la competencia y el comercio son el motor del progreso en un sistema capitalista”, proclama en coincidencia con los gobiernos de Carlos Menem y Macri. “Esto incluye concretar los acuerdos de integración comercial que ya tiene en agenda el Mercosur, en particular, el acuerdo con la Unión Europea”, apunta a este que se firmó en 2019 pero nunca se ratificó en los congresos de los países miembros y que ahora la UE pretende condicionar con nuevas exigencias ambientales.

Refinanciar la deuda en pesos

“Contar con un programa de financiamiento relativamente despejado para la deuda doméstica cancelable en pesos, como forma de acotar los riesgos de equilibrios múltiples. O mejor dicho, los riesgos del mal equilibrio”, señala Laspina, que en su momento había calificado de “bomba” el pasivo de corto plazo del Tesoro en moneda nacional, con lo cual alentó especulaciones sobre una reestructuración como la que hizo en 2019 Macri y su entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ahora asesor de Larreta.

AR/MG