A principios de 2020, cuando el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se impuso en la Argentina, el aplauso público a los profesionales de la salud se convirtió en parte de una rutina colectiva. Sorteado el momento más álgido de la crisis, el reconocimiento volvió a sus niveles regulares y en 2022 quienes estuvieron en la primera línea de atención durante la emergencia, los y las residentes médicos, debieron incluso salir a la calle para exigir por sus condiciones de trabajo.
Ahora el Gobierno incluyó en los 72 puntos del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de Ley del Sistema Nacional de Residencias, que busca reemplazar la normativa vigente que habilita situaciones de precarización y es una herencia de la última dictadura militar.
El nuevo marco pretende mejorar la circunstancia de los residentes y, al mismo tiempo, incentivar a los médicos y médicas recién recibidos a optar por ese camino de formación, que no es obligatorio. Según fuentes del Ministerio de Salud, las residencias configuran el “mejor sistema de posgrado para la formación en competencias vinculadas con diversas disciplinas de la salud, al tiempo que se realiza una práctica intensiva en escenarios de trabajo”.
“Se entiende que hoy nadie quiera hacerla porque sigue siendo de un nivel irrisorio de precarización y vulneración de los derechos laborales”, dice a elDiarioAR Delfina Rimoldi, residente de infectología en el hospital Presidente Perón de Avellaneda. Suelen trabajar jornadas de más de 12 horas diarias, además de cumplir con la obligación de hacer guardias de 24 horas.
A ese escenario se le sumó en los últimos años el estrés adicional que significó el cambio de modalidad del examen único de residencia, que pasó de ser presencial a virtual, con varias fallas. Ese examen, para el que las personas se preparan durante meses, arroja un puntaje y determina las posibilidades y condiciones de inserción en el sistema.
La iniciativa de un nuevo régimen fue impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación y debatida en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) con las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones y universidades nacionales. Que se trate o no en el Congreso en las próximas semanas dependerá de que se reanude la posibilidad de diálogo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en el Congreso, paralizada por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia hecho por el Gobierno.
“La intención del oficialismo es avanzar con todo el temario de extraordinarias, incluido este punto, pero hay que ver si se llega al número para sesión”, explican en las oficinas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
Las residencias médicas estuvieron en la agenda de 2022, sobre todo en la última parte del año, cuando estalló el conflicto entre estos profesionales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó semanas de paro y manifestaciones en la calle. Culminó a mediados de noviembre, con la definición de un aumento salarial, que pasó a ser de $200.000 netos a partir del primer año. En cambio, quedaron pendientes los reclamos de los “concurrentes”: profesionales de la salud que realizan las mismas tareas que los residentes pero que no obtienen ninguna remuneración a cambio y que tampoco están contemplados en este proyecto de ley.
Independientemente de las leyes y reglamentos jurisdiccionales, hoy sigue vigente la Ley 22.127 para el Sistema Nacional de Residencias sancionada por la dictadura en 1979, bajo una realidad, contexto y necesidades socioculturales que –según los argumentos del proyecto– no corresponden a los problemas sanitarios actuales, ni al compromiso democrático alcanzado desde hace casi ya 40 años.
De acuerdo con el ministerio que conduce Carla Vizzotti, la ley actual contiene definiciones que han permitido sostener un funcionamiento coercitivo y despojado de derechos laborales, académicos y sin lugar para denuncias sobre violencias o aspectos relativos a la diversidad, inclusión y género. Además, establece la figura de “beca anual” en lugar del salario, favoreciendo la precarización laboral y el abuso en la cantidad de horas de trabajo. En la misma línea, la antigua normativa permite el acceso a las residencias únicamente a graduados que tengan no más de cinco años de recibidos, mientras que la nueva ley elimina esta limitación.
Los 10 puntos centrales del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Residencia:
- Deroga una ley de la dictadura.
- Tiene como finalidad proporcionar formación humanística, profesional, científica y técnica en el más alto nivel, en servicio, para contribuir a la preservación del estado de salud, autonomía y bienestar de las personas y comunidades en las cuales viven, mediante la formación de personas responsables, respetuosas, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, competentes en sus prácticas y capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, aportando valor al tejido sistémico del campo de la salud.
- Incorpora derechos y condiciones laborales dignas, horas máximas de guardias y descansos obligatorios, remuneración sujeta a normas laborales vigentes (licencias, normas de liquidación, etcétera), perspectiva de género y diversidad.
- Establece condiciones innovadoras para el aprendizaje de las nuevas subjetividades, incorporando la salud digital y simulación.
- Redefine la figura de jefa/e o instructora/or por la de tutora/or y coordinadora/or, con un perfil específico para formar profesionales éticos, que puedan abordar la complejidad, la interdisciplina y un trabajo comunitario con foco en la atención primaria de la salud.
- Impulsa y fortalece la evaluación de calidad de las residencias.
- Favorece el trabajo junto a las universidades, facilitando la integración de la formación de grado y posgrado.
- Crea la Red de Referentes Jurisdiccionales para el Sistema Nacional de Residencias con un rol activo de monitoreo y reajuste del sistema.
- Crea el Observatorio del Sistema Nacional de Residencias, gestionado e integrado por residentes de todo el país.
- Impulsa la sistematización de registros y usos de sistemas de información para la mejora en la toma de decisiones.
DT/MG