Las empresas reunidas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) rechazaron este jueves el proyecto de gestión de envases, que obtuvo dictamen de comisión ayer en la Cámara de Diputados, al que consideraron “una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y genera una mayor carga tributaria al tejido productivo”. La iniciativa, promovida por el oficialismo, contempla la creación de una “tasa ambiental” a ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado.
El proyecto, que fue presentado a fines de octubre por Máximo Kirchner y el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, dispone la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública para, entre otros objetivos, fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores y fomentar el desarrollo del ecodiseño. Además, según informó el Ministerio de Ambiente, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.
Frente al avance de la iniciativa en la Cámara Baja, la AmCham difundió un comunicado oficial en el que expresó su “preocupación”. Señaló que los fondos que la ley generaría no tienen una contraprestación clara y afectan el federalismo. Además, anticipó que medidas de este tipo “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”. Argumentos similares a los esgrimidos frente a otras iniciativas de discusión reciente, como la de etiquetado frontal de alimentos.
“Hoy más que nunca, es necesario que el Gobierno y, en este caso, el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable”, detalla el texto.
Por otro lado, asegura que AmCham “adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”.
Según se detalló, genera “alarma” el hecho de que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación. Como “otro de los puntos débiles” del proyecto, señala el cálculo de la tasa ambiental, “cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación”.
Como contrapropuesta “lógica”, sugirieron que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación (3 a 5 años), reservando para el Estado el rol de autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes, o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente.
Por otro parte, el comunicado señala que proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. “Una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”, apunta.
“El proyecto debe centrarse en cómo mejorar los sistemas de gestión en base a modelos probados y garantizando su eficiencia —suma—. Pero sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil, y nada efectivo, a un desafío que amerita otro tipo de compromiso en torno a la recolección y al reciclado”.
DT