Hace diez años que, ininterrumpidamente, la economía argentina crece en años impares (electorales) y se contrae en años pares (no electorales). Esto es así porque durante los años pares se suelen generar las condiciones (acumulación de reservas, corrección de precios relativos, etcétera) para, al año siguiente, poder aplicar la típica receta de los años electores: atraso cambiario, ingresos reales creciendo, incentivos adicionales a la demanda vía crédito subsidiado y política fiscal expansiva tanto por mayor gasto social como en obras públicas.
Este año viene siendo, por ahora, una excepción a la regla: la economía creció en el primer semestre y se ubicó en junio un 1,3% por encima de los niveles de diciembre. Hubo dólares para importaciones y no se registraron cortes significativos de energía en las industrias. El tipo de cambio oficial avanzó 21,9% en el semestre, mientras que la inflación trepó al 36,2%. Como contrapartida, al Banco Central se le volvió cuesta arriba comprar dólares en el mercado y tuvo que poner un fuerte torniquete a las importaciones a fines de junio para sumar reservas netas.
Por el lado fiscal, el balance de junio mostraba un déficit primario viajando al 3,4% del PBI en los últimos doce meses, casi un punto por encima de la meta de 2,5% acordada con el FMI, con todos los rubros del gasto creciendo más que la inflación. La escasa previsibilidad económica, la incipiente crisis política y las crecientes dudas de los inversores acerca de las posibilidades del gobierno de refinanciar vencimientos venideros, hicieron colapsar al mercado de deuda en pesos en junio. La historia a partir de allí es por demás conocida: el Banco Central emitió más de un billón de pesos para sostener el precio de los títulos públicos y en medio del -desprolijo- cambio de nombres en el Ministerio de Economía se dispararon nuevamente los dólares alternativos.
A falta de poco más de cuatro meses para cerrar el año, el escenario macroeconómico es muy diferente al del típico año par: 1) el Central está lejos de conseguir un colchón de divisas que le permita apreciar el tipo de cambio real el año próximo; 2) el Ejecutivo no tiene margen para hacer política fiscal expansiva porque no cuenta con fuentes “genuinas” de financiamiento; 3) el persistente desbalance de precios relativos pone un piso a la inflación de los próximos meses y dificulta el repunte de los ingresos reales.
Lo cierto es que a la economía argentina no le queda demasiado espacio para seguir apreciando el tipo de cambio en términos reales y financiando importaciones “baratas” a costa de una sangría constante de reservas internacionales. Dado que la devaluación del tipo de cambio oficial no está en la agenda del Gobierno, para fortalecer las reservas internacionales el flamante ministro trabaja en mecanismos para incentivar la oferta de divisas en el mercado de cambios, a la vez que busca cerrar préstamos con bancos internacionales y organismos multilaterales de crédito. Lo cierto es que si no llegan los dólares suficientes anticipados del campo o préstamos generosos de bancos extranjeros y organismos internacionales, la única forma de ahorrar divisas sin devaluar es volviendo a poner un torniquete a las importaciones, afectando la actividad económica.
Donde sí hubo algunos avances concretos en las últimas jornadas fue en el plano fiscal. Con el propósito de ajustar el gasto en subsidios energéticos y reducir el déficit operativo de AySa, la semana pasada se anunció la segmentación tarifaria para los servicios de electricidad, gas y agua. La mejora fiscal se concentraría principalmente en electricidad, ya que la temporada alta de consumo de gas va quedando atrás junto con las bajas temperaturas invernales, y la segmentación para el caso del agua comenzará recién en noviembre. El ahorro total entre subsidios a la electricidad, gas y agua sumaría 0,2 puntos del PBI respecto al escenario en el que no se aplica la segmentación. En cambio, si simulamos que la segmentación y el tope al consumo residencial para los casos de la electricidad y del gas se hubiesen aplicado a comienzos del año, el ahorro en subsidios hubiera sido de 1,6 p.p. del PBI.
En cuanto a la inflación, el impacto directo de todo el proceso de segmentación de tarifas, que comienza en agosto y termina en marzo de 2023, será de casi 2 p.p. adicionales sobre la inflación general, de los cuales un punto se sumaría a la inflación de 2022 y el resto durante el primer trimestre de 2023. Si sumamos el impacto indirecto (suba de costos de los comercios), el efecto total sobre la inflación podría rozar los 3 puntos porcentuales. En concreto, este año la suba de tarifas y el impacto sobre la inflación serán elevados y el ahorro fiscal en subsidios será bajo, pero esta relación se invertiría en 2023. Y en esta instancia, la pregunta es si el Gobierno seguirá ajustando tarifas en los próximos meses para que los subsidios no vuelvan a inflarse debido al incremento en los costos o utilizará el margen generado este año para dejar atrasar nuevamente las tarifas de servicios públicos y mejorar el ingreso disponible del electorado.
A la fuerza, más que por decisión propia, parece haber arrancado el ajuste de los años pares. Esta vez, la intención política es que sea sin un ajuste brusco del tipo de cambio oficial. A pesar de que la economía crecerá en el promedio del año favorecida por el arrastre estadístico que dejó 2021, en el segundo semestre del año registraría una caída no menor a 2%. Los dos grandes interrogantes son si el gobierno logrará hacerse de los dólares necesarios para llegar a 2023 sin sobresaltos cambiarios y si los contratiempos podrán evitarse de otra forma que no sea a costa de una fuerte recesión. De esta dinámica dependerán las chances electorales del oficialismo.
LG