Martín Guzmán cruzó este lunes las puertas del anexo del Congreso para someterse a lo que prometía ser un escrutinio riguroso del proyecto de presupuesto que había sido enviado el 15 de septiembre y dormido tres meses en los cajones, con rumores (o promesas) de grandes retoques que le cambiarían el espíritu original.
Adusto, serio y un poco tenso comenzó a recorrer en su presentación los pormenores de un proyecto cuyo diagnóstico es casi tan cuestionable como sus proyecciones. Es que el presupuesto 2022 parte de caracterizar a la situación económica como si estuviera en franca recuperación, aun cuando el 43% de los habitantes son pobres según los datos de la UCA y cuando el año cerrará con una inflación superior al 50%.
Aunque impacte el tono triunfal que recorre el texto, la mayor dificultad radica en comprender cómo se justifica la estimación de que el aumento de los precios será de 33% para todo el año que viene, bajando casi veinte puntos porcentuales respecto de un año en el que el ministro se valió de dos “anclas inflacionarias”: un dólar oficial que aumentó un tercio que la media de los precios y unas tarifas que en el AMBA lo hicieron una quinta parte que el IPC. Anclas que no anclaron.
El Fondo Monetario tiene un papel protagónico en toda esta escena. El presupuesto 2022 no contempla ningún pago al organismo, con lo cual da por descontado un acuerdo que siempre está por llegar, pero del que se desconoce la letra chica. En Washington son conscientes de los desequilibrios de la economía argentina y están dispuesto a usar la carta del acreedor privilegiado para imponer una política económica que le garantice la devolución del préstamo más grande de su historia, o todavía mejor, el cobro parcial y la continuidad de las auditorias permanentes.
El comunicado que salió el viernes pasado, casi en simultáneo al acto del Frente de Todos, tiene diversas interpretaciones, pero lo que es seguro es que el Fondo sigue siendo el Fondo. Aunque se maquille con toda clase de eufemismos, las recetas siguen siendo las mismas que fracasaron tantas veces. Reducción del déficit al arco, reformas estructurales en el medio y devaluación arriba: equipo que pierde no se toca.
Allí se plantea una preocupación especial acerca de la inflación en nuestro país, pero al mismo tiempo se recomiendan políticas que es probable que la aceleren. Todos los cañones apuntan a una reducción de los subsidios energéticos que son claramente ineficientes. Sin embargo, la segmentación -que casi le cuesta la cabeza al ministro- puede ser el golpe de gracia para un sector de los trabajadores que ahora solo tiene la añoranza de un pasado mejor. Las reacciones populares en la región frente a aumentos en los servicios públicos mantienen al peronismo en vilo.
Otra política recomendada es la “recomposición de las reservas”. La sugerencia no podría ser más razonable en un contexto tan adverso para el BCRA, pero la solución que proponen los soldados de Giorgieva es que ese crecimiento de las reservas venga de la mano de una significativa modificación del tipo de cambio, también conocida como devaluación. El presupuesto que se apresta a votar el Congreso contempla una devaluación del 21% del dólar oficial, llegando a $131 a diciembre de 2022. Las consultoras que mide el Banco Central, en cambio, consideran que por ese entonces va a estar en $161.
La mitad del vaso lleno de las crisis recurrentes en la historia reciente de Argentina es que nos permitieron ver en poco tiempo la aplicación de distintas políticas económicas y cómo cada una de ellas se encontró con escollos que componían el lado B de esas mismas políticas. El denominador común de la devaluación de Kicillof y la de Prat Gay es que rápidamente se trasladaron a los precios, una consecuencia inevitable de la estructura económica argentina y el bimonetarismo. Una pesada herencia y un vaso de agua no se le niegan a nadie.
En resumen, mientras el gobierno y el FMI señalan que el principal problema de la economía es la inflación, se le va a echar nafta al fuego de la mano de un aumento de tarifas y una devaluación. Al sostener el 33% el gobierno no podrá aducir que es la primera vez que le pasa, repite lo hecho en 2021 cuando alcanzó en apenas 7 meses la inflación proyectada para todo el año.
Se trata, entonces, de un error recurrente y, si miramos un poco más fino, de una maniobra antes que un mal cálculo. Es que subestimar a la inflación proyectada permite por un lado, una mayor recaudación a la inicialmente estimada y una licuación de los gastos en pesos que terminan teniendo un ajuste real aunque aumenten nominalmente.
El ajuste inflacionario es el peor padecimiento para quienes les sobra sueldo a fin de mes, pero es al mismo tiempo la estrategia que se llevó adelante en los últimos dos años, ambos con un sobrecumplimiento de la meta fiscal, es decir con un déficit menor del que se había anunciado.
Más allá de las inconsistencias, es de esperar que el proyecto que se tratará hoy en la Cámara de Diputados será aprobado y lo mismo ocurrirá en el Senado, luego de otro tratamiento exprés. La oposición de Juntos por el Cambio ha declarado que no tiene intenciones de poner palos en la rueda, lo cual no quita que el PRO vote en contra siempre y cuando la CC garantice su abstención.
El panorama económico para 2022 no estará regido por la ley de leyes, sino por un acuerdo con el FMI del que todavía no hay certezas. En su intervención Guzmán clarificó qué pasaría con la economía argentina en caso de que se pague al Fondo, es decir de que no haya acuerdo. Lo que omitió decir es cuáles serán las consecuencias de ese acuerdo y si existirá o no una chispa que encienda la pradera en un clima social con la mecha corta.
GL