En una sesión que significó el regreso de la presencialidad plena al Congreso, Diputados convirtió este martes en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.
La iniciativa fue aprobada en general con 200 votos positivos; 22 negativos y 16 abstenciones.
La discusión de la iniciativa se cruzó en varias oportunidades con el conflicto actual entre el Gobierno y los grandes fabricantes de alimentos, que se oponían a la medida y son señaladas por aumentos injustificados en las góndolas.
La sesión, la última previa a las elecciones del 14 de noviembre, se inició a las 12.30, pero el tema comenzó a tratarse pasadas las 15.30. Alrededor de las 18 cerraron las exposiciones de los bloques y comenzaron las individuales, con 54 diputadas y diputados anotados en la lista de oradores. El Frente de Todos definió respaldar masivamente la medida, aun cuando eso implicó forzar el voto de algunos miembros del bloque que hasta ahora habían manifestado reparos.
Fue el caso del tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud Pública y ladero del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que en comisiones presentó un dictamen alternativo. “No voy a ocultar el desafío que fue para mí, entendiendo la importancia de la industria azucarera en mi provincia”, dijo Yedlin, antes de anticipar su apoyo. De todos modos, insistió en que el azúcar “no es un veneno” y planteó algunas observaciones de forma al proyecto.
Otros representantes de Tucumán, provincia que produce el 68% del azúcar que se consume en el país, sí habían adelantado su voto en contra. La diputada de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila, por caso, consideró que la norma “va a significar mayor pobreza y desempleo para la región” y llamó a unirse a los representantes de las provincias del norte.
Además de Yedlin, en comisiones habían presentado propuestas alternativas dos legisladores del Pro, Carmen Polledo y Alejandro García, que este martes insistieron con su posición en el recinto. Polledo dijo que “existe una posición que tiene mucho de fanatismo que pretende imponer la idea de que hay una sola forma posible de etiquetado, la de los octógonos negros” y se mostró a favor de modelos “menos hostiles”. Además, consideró que “la publicidad es una consecuencia de la libertad de expresión y que, al regularla, el proyecto implica ”censura previa“.
Alejandro García, por su parte, cuestionó que no se haya podido modificar “un ápice” el texto que llegó desde el Senado (recibió el apoyo en comisiones de 91 legisladores) y anticipó un efecto negativo sobre la industria. Para el legislador, se enmarca en una “discusión mayor” entre el Gobierno y las grandes empresas, con su capítulo más reciente vinculado al congelamiento de los precios de 1.400 productos ordenado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
Dentro del mismo espacio político que García, Gisela Scaglia apoyó la medida y apuntó contra empresas “engañan” escondiendo información “detrás de jeroglíficos”. “La ley no le prohíbe a nadie vender un producto. Quien no quiera un sello negro va a poder darnos alimentos de mejor calidad”, sostuvo. Tal como ocurrió con otras leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de etiquetado evidenció apoyos —y rechazos— transversales a las fuerzas políticas.
José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal, hizo una encendida defensa de la ley y apuntó contra los “agoreros que presentan dictámenes de minoría y que pretenden que el lobby de las empresas minimice el valor de esta ley”. “Cuando se trata de reconocer derechos que van directamente a la economía, la salud y el bienestar de las personas las medidas tienen que ser fuertes, e intentan meter miedo”, dijo el aliado del Frente del Todos. “Hay un interés claro de 12 productores y 6 dueños de supermercados que quieren tener acaparada la actividad económica de la producción de alimentos, de la distribución y del mercado minorista. Eso es lo que sucede en el sector”, siguió Ramón y recibió un acalorado aplauso.
El cierre del debate, estuvo a cargo de la kirchnerista Florencia Lampreabe, quien destacó: “Esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria. Detrás de lo que consumimos, está también el modelo de producción que alentamos. Para poder decidir primero hay que saber, una condición que hoy se encuentra empañada porque las empresas no van de frente y ocultan información básica”.
La precedió en la palabra el radical Alejandro Cacace, quien argumentó: “Hay un enorme aumento de la obesidad, una prevalencia del exceso de peso, una clarísima y abundante evidencia que marca la relación entre el incremento de los alimentos procesados y ultraprocesados con ese fenómeno de la obesidad y exceso de peso y la relación que tiene con las enfermedades no transmisibles, con la prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, el cáncer y la diabetes”. En ese sentido, se preguntó: “¿Entonces qué estamos esperando para regular esta problemática de salud?”
El tratamiento del proyecto comenzó con una demora de más de tres horas debido a que varios legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, presentaron pedidos de apartamiento del reglamento para incluir otros temas, aunque esas peticiones en su totalidad fueron rechazadas y se mantuvo el temario acordado entre los bloques políticos.
La sesión fue observada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que vienen solicitando la aprobación de la ley de etiquetado frontal para que la sociedad conozca los excesos de grasas, sodios y azúcares que tienen algunos productos de los alimentos.
El dictamen de mayoría prevé la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro con letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
Por otra parte, el proyecto establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia. Además, dispone que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.
DT