Desde el comienzo de la nueva gestión se han anunciado medidas de políticas cambiaria, fiscal y monetaria; gran parte ya está en ejecución. Hay otras que se incluyeron en el proyecto de “ley ómnibus”, como la suba de Derechos de Exportación, la suspensión de la Movilidad Previsional, la moratoria tributaria y el blanqueo de activos.
Más allá de estas políticas, se pretende suprimir o modificar gran cantidad de leyes (por DNU o por “ley ómnibus”), referidas a diversas áreas: alquileres, relaciones laborales, industrias regionales, medicina prepaga, empresas públicas, manifestaciones, divorcios, herencias, relaciones comerciales, juicios, sistema electoral, apoyo a actividades culturales y gran cantidad de etcéteras. Son materias de gran importancia para la vida de mucha gente, por lo que en el ordenamiento jurídico vigente se estableció la necesidad de su discusión y aprobación legislativa. Pero no tendrían un gran impacto macroeconómico a corto plazo, más allá de que su aprobación o rechazo pueda incidir en las expectativas.
Al frente de la política económica están dos ex funcionarios de Macri (Caputo y Bausili), con experiencia en mercados financieros. No están enfocados en dolarizar, eliminar el Banco Central, suprimir impuestos, y otras consignas electorales de Javier Milei. Advierten que hay alta inflación y escasez de dólares, hicieron el diagnóstico de que se debían a desajustes derivados de la intervención estatal en la economía; y, ante eso, pusieron en marcha un “ajuste ortodoxo”. Esto ajustes suelen incluir:
- Aumento del dólar oficial, para hacer más rentables las exportaciones y más caras las importaciones, y así mejorar el saldo externo. Esto hace subir los precios: primero, de los bienes comercializables internacionalmente (los que se exportan, importan o compiten con bienes importados); el impacto se transmite a otros bienes y servicios, ya sea porque hace subir sus costos, o por expectativas, en el marco de una puja distributiva: cada vendedor tiende a “remarcar” (si puede) para que su precio no quede retrasado en relación con los demás.
El manual del ajuste ortodoxo incluye la total eliminación de restricciones cambiarias, para que haya un dólar único y determinado por el mercado. Ante el riesgo de aumentar la inestabilidad, el Gobierno no se animó aún; pero la intención es hacerlo.
- Liberación de otros precios controlados o negociados por el Gobierno: tarifas de servicios públicos, combustibles, medicamentos, medicina prepaga, “precios justos”, etc. Está en proceso; junto con el aumento del dólar, contribuye a acelerar la inflación.
- Ajuste fiscal, con eje en la baja del gasto público. Puede complementarse con suba de impuestos; pero cuando requiere autorización legal, enfrenta resistencias. Los sectores que apoyan el ajuste ortodoxo no suelen estar dispuestos a pagar más impuestos.
Por el lado de los gastos:
- Se busca reducir los que dependen de decisiones discrecionales, como obras públicas y transferencias a provincias.
- Se interrumpen contrataciones y se postergan gastos en la medida de lo posible. Se anunció la discontinuidad de los empleados que ingresaron en 2023; pero, seguramente, se estarán tomando y se tomarán otras medidas en este sentido.
- Se plantea la suba de tarifas de servicios públicos, para reducir subsidios y aumentar la rentabilidad de las empresas. Está en marcha, más allá de que las subas no hayan podido ser inmediatas por la obligación de convocar previamente a audiencias públicas.
- El gasto salarial se contrae en términos reales al acelerarse la inflación y denegarse aumentos que recompongan el poder adquisitivo. Habrá en las próximas semanas una pulseada por esos aumentos; el salario real de los empleados públicos caerá, la cuestión es cuánto.
- El gasto previsional también está siendo licuado por la inflación. La Ley de Movilidad exige ajustar los haberes cada tres meses, considerando salarios y recaudación previsional del trimestre previo. Cuando la inflación se acelera (como ahora), los haberes se retrasan respecto de los precios. Pero, si la inflación desciende, deberían tender a recuperar poder adquisitivo. El objetivo de suspender la Movilidad es impedir esta recuperación.
Así, el golpe de inflación es consecuencia necesaria de la devaluación y la liberación de precios reprimidos, pero también una herramienta fundamental para el ajuste fiscal, si los impuestos (que, en su mayor parte, se calculan como porcentaje del importe de pagos y transacciones) suben, en pesos nominales, más que los gastos. Milei, en su discurso inaugural, proclamó –a partir de cálculos absurdos– que el gobierno anterior dejó “plantada” una hiperinflación del 15.000 % anual; lo hizo para culpar a la gestión anterior de la aceleración de la inflación que seguiría a sus medidas; pero, además, exacerbó expectativas, que avivan el fuego inflacionario, útil para el ajuste fiscal.
El Gobierno pretende subir impuestos a las exportaciones y volver a gravar con Ganancias a los trabajadores eximidos hace poco de hacerlo; pero, como depende del Congreso, su aprobación es incierta. También se ha propuesto una amplia moratoria y blanqueo de activos; aquí, lo más incierto es cuánto se recaudaría; es difícil que tenga el mismo éxito que el blanqueo 2016-17, porque gran parte de lo que se quería blanquear, ya ingresó en esa oportunidad.
El documento emitido por la misión del FMI menciona la meta de llegar, este año, a un superávit fiscal primario del orden del 2% del PBI. Parece un objetivo ambicioso, que supondría, entre otras cosas, la aprobación de subas de impuestos y suspensión de la Movilidad Previsional; y, posiblemente, un éxito considerable de blanqueo y moratorias. Pero no lograrlo no invalidaría el apoyo al camino emprendido.
El manual del ajuste ortodoxo incluye también una política monetaria contractiva: reducir la cantidad de pesos en circulación para que pasen a ser escasos, y aumente la tasa de interés. La idea es que, si hay menos pesos, se reducen las ventas de bienes y servicios, lo que constituye un freno al aumento de los precios. La producción disminuye y también el empleo, lo que aumenta la desocupación, ayudando a contener las demandas salariales. Así, la recesión ayudaría a frenar la inflación, una vez lograda la suba del precio relativo de los bienes comercializables internacionalmente, y la baja (respecto de los precios) de los salarios, tendiendo a mejorar tanto el saldo externo como el fiscal. Además, reduce la demanda interna, con lo cual disminuyen las importaciones.
En los primeros días de gestión no hubo disminución de la cantidad real de dinero, ya que aumentaron los saldos de depósitos bancarios a la vista (que, junto con el efectivo, son dinero). Pero es probable, dado el aumento de los márgenes de ganancia de muchas empresas, que haya más dinero de empresas, pero menos de consumidores; lo que ayudaría a frenar la demanda.
¿Qué resultados tenemos hasta ahora?
- Inflación: venía subiendo desde noviembre –con fuertes aumentos de algunos precios, como carnes y medicamentos–, pero se aceleró en diciembre, por subas del dólar y de combustibles, liberación de precios y aumentos de márgenes de ganancia ante mayores expectativas de inflación. Ahora se estaría produciendo una lenta desaceleración, en el contexto de nuevas subas –ocurridas o por ocurrir– que incluyen, por ejemplo, cuotas de prepagas y tarifas de servicios públicos.
- Salarios: sufrieron, en general, un marcado deterioro en su poder adquisitivo. El cobro del aguinaldo mitigó, para muchos trabajadores, ese impacto; pero en enero ese efecto desaparece, y la incógnita es cuál es el grado de recomposición salarial que podrán lograr.
- Nivel de actividad económica: no hay aún estadísticas confiables y actualizadas, pero los datos disponibles parecen indicar una retracción significativa.
- Sector externo: se ha fortalecido. El Banco Central ha comprado divisas por más de 4 mil millones de dólares, lo que le ha permitido pagar intereses de la deuda externa y recomponer reservas. Y el acuerdo con el FMI permitirá continuar con el programa de marzo de 2022, tendiente a refinanciar los pagos del préstamo tomado en 2018-19.
- Déficit fiscal: no se cuenta con datos aún, pero se estaría reduciendo, por contención de gastos nominales. La recaudación tributaria se vería afectada negativamente por la recesión; pero la inflación debería lograr que ingresen más pesos al fisco, reduciendo así el déficit.
¿Qué podemos esperar en el futuro cercano? Mucho dependerá de la evolución de la política económica. Asumo que el Gobierno no buscará reemplazar el ajuste ortodoxo por un plan de estabilización heterodoxo, como fue el Plan Austral.
De ser así, probablemente la onda expansiva del golpe de inflación de diciembre la seguirá impulsando, reforzada por el aumento de tarifas de servicios públicos; y probables nuevos aumentos del tipo de cambio oficial (que tiendan a la unificación cambiaria), para evitar que quede nuevamente retrasado. Pero es de esperar que, si se profundiza la recesión, la inflación se vaya atenuando. La puja distributiva podría exacerbarse, ante el deterioro del poder de compra de los salarios; pero su intensidad dependerá de cómo se distribuyan los costos del ajuste.
FE/MG