Para las grandes fortunas no hay territorio más seguro para esconder sus valores patrimoniales que EEUU. Este país es la jurisdicción que concede más esperanzas a las personas con más renta de que sus riquezas estén a buen recaudo. Así lo revela el ranking de Tax Justice Network, institución dedicada a la investigación de paraísos fiscales, centros offshore o naciones que favorecen el blanqueo de capitales, entre otras prácticas dañinas. En su último informe sitúa a la mayor economía del planeta a la cabeza de las jurisdicciones más condescendientes y con más garantías de preservación del secreto financiero. De hecho, es el país que más caudal monetario opaco almacenó desde 2020, hasta suponer casi la tercera parte del patrimonio oculto de todo el mundo, y alcanza la peor puntuación de la clasificación desde que empezó su edición en 2009.
Este barómetro calcula el nivel de permisividad del secreto financiero; es decir, establece la lista de jurisdicciones con mayor complicidad a la hora de ayudar a personas físicas o jurídicas a que encuentren escondites para sus finanzas o beneficios bajo el imperio de la ley. Con puntuaciones que van de 0 a 100 en función de si el ordenamiento jurídico impide totalmente o facilita la ocultación de la riquezas bajo estrictas normas de confidencialidad, ya sea con idea de convertirse en un arsenal monetario o de activos empleados para evasiones fiscales, blanqueo de capitales o actividades terroristas o vinculados con el narcotráfico.
Ian Gary, director ejecutivo de Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una organización hermanada con Tax Justice Network y que colabora en la elaboración de este índice de secreto financiero, considera que este estudio “muestra cuán corruptas son las naciones y la weaponización (o militarización) que nuestro sistema financiero ejerce sobre las democracias”. Antes de advertir que la Casa Blanca “debe realizar muchos más esfuerzos bilaterales, recíprocos y automáticos de intercambio de información bancaria y fiscal con otros países” si quiere lograr el galardón de mercado transparente.
Los datos que arroja el informe son contundentes. Los expertos de Tax Justice conceden a EEUU un valor FSI (Financial Secrecy Index) de 1,951 billones de dólares, cantidad similar al PIB italiano, con una valoración de 67 sobre 100; además de darle un 25,8% de Peso de Escala Global (GSW) o porcentaje del total de servicios financieros globales a no residentes y una cuota (share) del 5,74% del arsenal patrimonial que actúa bajo reglas de secreto bancario. El segundo peldaño de este escalafón lo ocupa Suiza, tradicional enclave financiero y fiscal offshore: con un FSI de 1,167 billones -casi el tamaño de la economía de Indonesia- una puntuación de 70 sobre 100, un peso del 3,9% y una cuota del 3,43%. Singapur cierra el pódium con la misma cantidad acumulada, un 67 sobre 100, un 5,6% de patrimonio de no residentes respecto al circuito financiero internacional y una porción similar a la de Suiza, del 3,43%, de toda la riqueza bajo secreto bancario en el planeta.
El Financial Secrecy Index 2022 también denuncia regulaciones que cierran los ojos antes este tipo de prácticas dañinas entre las potencias industrializadas. Cinco de los socios del G-7 -EEUU, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia- recortaron a la mitad sus progresos en transparencia. El gobierno germano, que acogió estos días la reunión de ministros de Finanzas del G-7, tuvo la séptima peor evaluación global por su pobre inclusión de leyes de aportación de datos fiscales y de revelación de información en su acervo legal, explica el estudio.
El estudio estima en 10 billones de dólares la riqueza que atesoran los centros offshore, más de 2,5 veces el valor de todos los dólares y euros que circulan actualmente por el mundo. España se encuentra en el vigésimo noveno lugar, por detrás de Canadá y por delante de Francia, las dos naciones del G-7 menos conniventes con el secreto bancario. Con una puntuación de 57, pero con 346.000 millones de dólares, el 0,7% del patrimonio de no residentes en todo el planeta y el 1,02% de activos totales sin declarar.
Tras los tres países con legislación más dócil, completan en top-ten del ranking de Tax Justice Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y dos sospechosos habituales: las Islas Vírgenes británicas y Guernsey; ambos, territorios bajo control británico. En opinión de Alex Cobham, ejecutivo jefe de este think-tank, “de forma global, hemos empezado a perseguir el secreto financiero que usaron los oligarcas rusos, pero también es el momento de ampliar estos derroteros a evasores fiscales, políticos corruptos, organizaciones criminales y a cualquier persona o entidad que trate de blanquear capitales”. Una acción combinada del G-7, como la que acaba de imponer para exigir el 15% de fiscalidad a las multinacionales en todo el planeta, reduciría más de la mitad el secreto financiero.
El G-7, un club selecto y permisivo
“Un pequeño club de países ricos que impulsan las reglas de la globalización, de la arquitectura global y las normas tributarias transnacionales son precisamente los mayores responsables de los delitos fiscales y del secreto financiero que conduce con demasiada frecuencia al blanqueo de capitales”, avisa Moran Harari, responsable de investigación en Tax Justice Network. Durante décadas -aclara- los poderosos socios del G-7 “cortejaron a milmillonarios, oligarcas y gigantes corporativos con el señuelo del secreto financiero y cerrando los ojos a regulaciones y controles de supervisión específicos”.
En este sentido, recoge una crítica rotunda contra Reino Unido y sus vastos enclaves soberanos que aún dependen de la Corona británica, desde las Islas Vírgenes hasta Jersey, paraísos fiscales que en conjunto son responsables del 8,9% de la opacidad bancaria del planeta. En estos territorios recalan activos sin declarar que suponen más de la décima parte del volumen patrimonial global si se incluye a la City de Londres.
También hay otro mensaje para Joe Biden: si EEUU cumpliera con el intercambio de información fiscal y financiera como hacen otras grandes economías, la confidencialidad bancaria se reduciría en un 40%. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya admitió que EEUU “podría ser el mejor lugar para esconder y lavar dinero negro e ilícito”; todo un alegato a favor de nuevas normas y esfuerzos que erradiquen la corrupción.
La radiografía de situación de 2022 deja varios calificativos para EEUU, Suiza y Singapur de áreas fiscalmente dañinas e, incluso, menciona al mayor mercado mundial como territorio con varios paraísos fiscales que “socavan la cruzada de la Administración Biden contra las finanzas ilícitas”. En alusión a su primera intervención en el Congreso, con motivo de los 100 primeros días de su gestión, en la que aseguró sin tapujos que “numerosas compañías eluden impuestos a través de paraísos fiscales como Suiza, las Islas Caimán o Bermudas”. Aunque su condescendencia con el secreto bancario ocasiona pérdidas de ingresos tributarios de 20.000 millones de dólares al resto del planeta.
La Casa Blanca adoptó en 2021, en las primeras semanas de Biden como su inquilino, una ley de transparencia que fue calificada de histórica porque requería la identificación y el registro de los propietarios y empresas. Sin embargo, su pobre definición delictiva y la leve frontera entre actos legales e ilícitos dejó una serie de excepciones que han aprovechado trusts y firmas de inversión colectiva para reincidir en la opacidad bancaria.
IJD