Es una auténtica declaración oficial de guerra. Analistas de mercado y observadores geopolíticos internacionales convienen en señalar que la Inflation Reduction Act (IRA) americana, que entró en vigor en enero, representa, de facto, la renuncia de EEUU a las reglas de juego que rigen el libre mercado y todo un desplante a la OMC, la institución multilateral que vela por el adecuado cumplimiento de las normas de competencia en el comercio mundial.
Con el IRA, Estados Unidos busca avances tecnológicos y el impulso de proyectos que sirvan para descarbonizar sectores altamente contaminantes como el transporte, el acero o la generación eléctrica; reducir los elevados costes energéticos actuales e incentivar las inversiones verdes hasta certificar unas emisiones netas cero de CO2 en 2050.
Europa, y sus empresas y trabajadores, no son su única víctima. La iniciativa de la Administración Biden creó un efecto dominó. China, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y naciones de cultura anglosajona como la canadiense o la australiana manifestaron a Washington su preocupación sobre la IRA. Estos países van a responder con estrategias similares a las de la Casa Blanca para amortiguar la pérdida de competitividad y las amenazas de cierre de cadenas productivas en sus mercados.
Pero la reacción de la UE es imperiosa, explican los expertos, en alusión a la urgente puesta en marcha del denominado Green Deal Industrial Plan. El espacio europeo se arriesga a una pérdida de identidad empresarial y a perder peso global frente a las dos superpotencias y rivales comerciales: EEUU y China. Un grupo de analistas de Bruegel, el think-tank paneuropeo con sede en Bruselas, dirigido por su director, Jeromin Zettelmeyer, valora la “significativa” aportación de la ley americana para combatir el cambio climático. Sin embargo, arremete casi sin solución de continuidad, contra unos requerimientos “prohibidos por la OMC”, que favorecen en exclusiva con sus “excelsas ayudas” a firmas estadounidenses y que, en consecuencia, “crean distorsiones en el comercio” y atentan con los subsidios contra la libre competencia.
“Es la primera vez que EEUU inicia una acción contraria al sistema de comercio internacional que podría generar, además, tentaciones proteccionistas” en otras latitudes del planeta. El paper del centro de investigación que preside Jean Claude Trichet, expresidente del BCE, admite que el articulado del IRA mantiene un nivel de recursos de proyectos verdes similar en tamaño a los de la UE que, incluso, los superan en producción de energía renovables. Aunque de inmediato incide en una “importante diferencia cualitativa”: varios subsidios de la Casa Blanca discriminan a compañías productoras extranjeras, una coraza que no existe en las leyes comunitarias.
En Bruegel señalan, además, que los fondos liberados por la IRA “son más simples y están menos fragmentados” y se focalizan masivamente en el desarrollo de tecnologías verdes más que en la innovación, lo que podría dañar la competitividad en Europa mientras las corporaciones estadounidenses podrán beneficiarse de la transición energética del Viejo Continente y del resto del mundo. Al tiempo y, en paralelo, la Casa Blanca puso en liza prohibiciones para sustituir la elaboración de chips y de componentes fabricados en China con sus vetos sobre estos materiales esenciales para la industria manufacturera y sobre la tecnología made in US con destino al gigante asiático.
“La magnitud de ambos efectos es muy incierta” y está provocando una “reorganización masiva de las cadenas de valor” que podría “retrasar inicialmente la transición energética”, si bien en el largo plazo, y por el contrario, estaría en disposición de “propiciar una reducción de los costes tecnológicos en procesos de descarbonización” de sectores neurálgicos.
En respuesta a la IRA, la UE “no debe proteger su competitividad respecto a EEUU, sino persuadir a firmas innovadoras domésticas y foráneas, con objeto de acabar con las huellas de carbono de sus distintos segmentos productivos, sin requerimientos proteccionistas o ayudas locales, poner en ruta su estrategia verde con recursos suficientes e impulsar reformas estructurales y cambios en el régimen de subsidios internacionales que eleve la resiliencia de la UE frente a disrupciones comerciales.
Los ministros de economía de Alemania, Robert Habeck, y de Francia, Bruno Le Maire, acudieron en febrero a Washington para tratar de convencer a la Administración Biden de la necesidad de laminar las excepciones que la IRA exige a las compañías europeas. En concreto, en la exigencia de usar tecnología estadounidense en vehículos eléctricos, que perjudica a la poderosa industria automovilística europea, pero también al cheque casi en blanco concedido por la Casa Blanca a la fabricación de hidrógeno verde.
En Reino Unido también mostraron su repulsa a la política industrial de Biden. El presidente del Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres -una de las universidades más punteras en investigación de financiación pública-, Hugh Brady, la tilda de “amenaza existencial” para las economías europea y británica. Hasta el punto de recomendar que “pongan punto final a sus discrepancias familiares” y reanuden los lazos de cooperación en asuntos como el Horizon Europe, el ambicioso programa comunitario de I+D+i para el septenio 2021-2027 dotado con 95.500 millones de euros.
Brady defiende la reacción del premier Rishi Sunak de reescribir el divorcio del Brexit con Europa y le insta a “resolver las divergencias” más allá del protocolo sobre Irlanda del Norte, porque los riesgos de que la tecnología verde europea quede diezmada por el viraje legal de EEUU son más que reales: “Si no reaccionamos, en 20 años habremos dejado sin respuesta a los desafíos a los que deberán enfrentarse nuestras generaciones de jóvenes”, explica Brady, para quien “EEUU ya ha lanzado su primera carta en este juego geoestratégico”. Europa y Reino Unido “corren el peligro conjunto de perder el pulso competitivo con su principal rival y socio económico”.
Las autoridades comunitarias -con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Olaf Scholz o el presidente español, Pedro Sánchez, como puntas de lanza- dejaron sobradas muestras en Davos de los temores a una desindustrialización o, al menos, a unas duras reconversiones en el continente si el club europeo no impulsaba una estrategia con inversiones substanciales para rivalizar con EEUU, como por ejemplo factorías de baterías de última generación con las que conectar los motores de los vehículos eléctricos. Washington incentivó este tipo de plantas con créditos fiscales, además de proporcionar hasta 7.500 dólares de ayuda directa a sus compradores.
La cumbre invernal del WEF empleó por primera vez el término “guerra comercial” y apelativos de “discriminación” hacia el sector privado europeo al analizar la ley americana, de la que se dijo incluso que es “probablemente más extrema” que las batallas arancelarias de Donald Trump, en palabras de Solveigh Hieronimus, socia de McKinsey.
Von der Leyen acaba de adelantar algunos detalles del Green Deal Industrial Plan para convertir a la UE en un espacio libre de emisiones de CO2 con gratificaciones a productores de hidrógeno renovable e impactos similares en subsidios a los que establece la Ley IRA americana. Con hasta 800 millones de euros por cada proyecto piloto que se lanzarán a partir del próximo otoño y que abarcarán los próximos diez años. A diferencia de EEUU -matiza la jefa del Ejecutivo de la UE- las empresas no recibirán barra libre, sino que tendrán que “competir en ofertas públicas” para beneficiarse de las ayudas.
La directiva de McKinsey enfatiza que la UE debería incorporar a su Green Deal Industrial Plan “una parte substancial” de los fondos de Recuperación de la Pandemia a “fortalecer la competitividad del mercado interior” y a crear y atraer industrias de emisiones cero. “Con vocación global”, como ensalza Von der Leyen aclara la socia de McKinsey.
Los conglomerados europeos -entre ellos, Volvo Group- expresan que el ruido de Europa no trae respuestas inversoras precisas, mientras “EEUU o China aceleran su transición energética” alerta Ann Mattler, vicepresidenta de Europe at Breakthrough Energy, fondo de inversión respaldado por Bill Gates. Bruselas admite que las negociaciones sobre la estrategia comunitaria calculan un arsenal de recursos que supere los 260.000 millones de euros que ha liberado Pekín a sus compañías, más del doble de las líneas de financiación en curso en el club europeo.
Zach Meyer, analista del Center for European Reform (CER), próximo al laborismo británico y de ideología pro-comunitaria, afirma que la UE “debe bajar los decibelios de su queja” sobre la IRA y los subsidios a los vehículos eléctricos en EEUU en una fase en la que los lazos transatlánticos son más fuertes que nunca por la invasión de Ucrania. “Europa dice más de lo que está dispuesta a hacer”, aclara. Al otro lado del océano, los estadounidenses ven esta ley como un impredecible esfuerzo para acabar con las emisiones de CO2 y con la hegemonía china en cadenas productivas claves en la globalización. La postura de la UE -subraya- “es hipócrita y poco realista” porque ve proteccionismo en su socio americano mientras subsidia inversiones al coche eléctrico.
A su juicio, Europa debería acelerar en esta carrera competitiva y la paralela de fabricación de componentes, donde la EU Chips Act va a generar 43.000 millones de euros en inversiones, una cantidad que se asemeja a los 53.000 millones de dólares desplegados por la Casa Blanca a este sector. Maria Demertzis, analista de Bruegel, aconseja a Europa que evite caer en la trampa del conflicto entre EEUU y China y desarrolle una respuesta propia a la IRA americana, capaz de relocalizar fábricas y estructuras empresariales externalizadas en el pasado, de impulsar la diversificación de sus economías y de corregir su alta dependencia energética e involucre a EEUU en el respeto a las reglas de la OMC.
IJD
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