José Luis Manzano no creía que fuera a aparecer. Desde inicios de marzo venía preparando en Buenos Aires el seminario del IEFA, un sello ignoto que reflotó un par de años atrás de la mano del portorriqueño Frank Holder, un exagente de la CIA reciclado como lobista y consultor VIP en seguridad e inteligencia. Cuando el martes por la mañana sus socios canadienses reiteraron la invitación a Presidencia, él les respondió que perdían el tiempo. Pero Javier Milei llegó puntual, exigió bajar al mínimo la iluminación del escenario y se despachó con un discurso donde reivindicó “el ajuste más grande de la historia de la Humanidad”, cargó contra “los políticos que no quieren ceder sus curros y buscan mantener sus privilegios” y se ofreció, por primera vez, como el articulador electoral que garantice en 2025 la desregulación total de los sectores donde el gran capital ―tanto local como extranjero― detecta nichos de negocios rentables para la próxima década.
No podía desaprovechar la oportunidad. En el primer piso del Four Seasons había ejecutivos de bancos, financieras y compañías energéticas locales y también jerarcas de multinacionales como IBM, Oracle, Vestas y Saint-Gobain. Había elogiado su rumbo (con menos matices que los que plantea en privado) el jefe para América del FMI, Rodrigo Valdés. Pero ante todo lo aguardaban en primera fila el propio Manzano y Alejandro Bulgheroni, dos pesos pesado del establishment amigos de Sergio Massa, el rival que derrotó en la segunda vuelta. Los piropos que volcaron ahí son todo un símbolo del trasvasamiento de lealtades corporativas que viene operando silenciosamente en el último mes y medio.
Ya había hecho punta Paolo Rocca, el más político del mundo magnate, con su respaldo público a Milei en Houston la semana pasada. Manzano y Bulgheroni no quisieron quedarse atrás. “Las primeras medidas van en el rumbo correcto y hay claridad en el diagnóstico”, lisonjeó el exministro del Interior menemista, dueño de Edenor, de Refinor y de varios proyectos mineros en etapa de prospección. “Es una persona que sabe lo que necesita la Argentina, es una gran oportunidad”, se sumó el dueño de Pan American Energy (PAE) y Axion. Al día siguiente, Bulgheroni también se declaró devoto de la motosierra: “No hay otra forma de salir que no sea con dolor”, concedió.
Lo que Rocca cobró por adelantado a cambio de su apoyo (metió más gente en el gabinete que todo La Libertad Avanza, bromean en corrillos empresariales) solo se compara con las ventajas que obtuvieron los dueños de las prepagas y de inmuebles en alquiler gracias a las desregulaciones del DNU 70. A los nuevos entusiastas, Milei los tienta con otra zanahoria: allanar el camino para un salto inversor que todavía se limita a unas pocas fichas lanzadas sobre el paño local por apostadores de Wall Street. Especialmente en los rubros energético y minero, señalados tempranamente por el embajador Marc Stanley y la generala del Comando Sur, Laura Richardson, como las actividades a las cuales le conviene al país abocarse además de la producción de alimentos.
Sobre ese sustrato extractivista floreció la naciente coalición empresarial libertaria, independientemente de que en otros sectores de la economía perjudicados por el Caputazo también haya quienes lo apoyan por razones más ideológicas que materiales. El pragmático Manzano lo resumió en una frase, cuando Milei ya aguardaba detrás del escenario para cerrar el foro: “Se sabe qué hace falta. Falta que esté hecho”.
De Washington a Cutral Co
La Ley Ómnibus que naufragó en Diputados reformaba casi 40 artículos de la ley 17.319, que regula el sector de petróleo y gas desde 1967 y que cada tanto se retoca. El cambio clave era sobre el artículo 6, que fija desde siempre como principal objetivo de la explotación hidrocarburífera el autoabastecimiento local de naftas y gasoil. Bajo el nuevo paradigma que propone el Gobierno, la meta es maximizar las exportaciones y la renta obtenida del recurso. Las petroleras, que convivieron con regulaciones de distinto tipo en los últimos 20 años, aseguran que correr al Estado del medio va a destrabar inversiones mucho más cuantiosas. Por eso empujan el nuevo proyecto “combi” del oficialismo, que insiste con la reforma de la 17.319 y establece que “los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrían exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, y sujeta a la no objeción de la Secretaría de Energía”.
Otra entente de multinacionales estadounidenses, australianas y chinas y socios locales bien conectados como Manzano aguardan que la “combi” barra también con regulaciones que imponen costos a las explotaciones mineras y libere zonas como las periglaciales, hoy vedadas para el sector. Piensan en el litio pero también en el cobre y otros metales, porque el mineral estrella de las baterías bajó a la cuarta parte de lo que valía en 2022. Quieren una ley y no un decreto, como remarcó el vicepresidente regional de la megaminera Albemarle, Ignacio Mehech, cuando enfatizó que “la seguridad no nos la tiene que dar un gobierno sino el Estado”.
El problema es que no todos los jugadores del negocio están de acuerdo. Las provincias, dueñas de los recursos del subsuelo según la Constitución y también de los votos con los cuales debería salir la ley, discuten en paralelo sus costos y beneficios. El neuquino Rolando Figueroa, por caso, sabe que el grueso de las inversiones de los próximos años irá a Vaca Muerta y por ende a su provincia. Le conviene la desregulación. Otros patagónicos, como el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, ya empezaron a sufrir el éxodo de las petroleras hacia el shale y el abandono de sus campos convencionales maduros.
Nadie quiere regalarle empleos al de al lado. En Santa Cruz, por ejemplo, las contratistas ya suspendieron unos 1.500 petroleros y camioneros por el freno intempestivo de los pozos convencionales que decidió Horacio Marín apenas tomó las riendas de YPF. “Nos tiraron la llave sin mirar atrás. Pudieron haberse quedado un año más y hacer una transición más organizada pero se fueron de golpe”, rezongó ante elDiarioAR una fuente cercana al gobernador. Es un recordatorio de la explosiva conflictividad que acompañó la privatización de YPF en los 90, cuando se cerraban los pozos y multiplicaban los piquetes desde Cutral Co hasta Tartagal.
Hay un montón de negocios conexos que la desregulación también puede afectar. ¿Qué pasará con los precios sostén del Plan Gas? ¿A cuánto van a comprar ese gas las plantas de generación eléctrica? ¿Cuánto va a valer en consecuencia el megavatio? ¿Y los parques eólicos? ¿Y las represas hidroeléctricas? Son desvelos comunes al sur del río Colorado. Por eso sigue latente el proyecto de una Empresa Patagónica de Energía, revelada en esta columna el 25 de febrero pasado. En dos semanas se volverán a reunir los ministros de Energía para evaluar su viabilidad. Creen que podría servir también para cubrir la retirada de YPF y aventar el riesgo de otro cutralcazo.
Menudeo
La súbita conversión al credo libertario de hombres de negocios que orbitaban cómodos en el capitalismo de amigos peronista no es ni más ni menos que la traducción corporativa de las transmutaciones en el tablero político nacional y en el Congreso. Así como los diputados macristas intuyen que su electorado ya se volcó por La Libertad Avanza y temen que amoneste en las elecciones del año próximo cualquier apartamiento de su libreto, Unión por la Patria también discute su liderazgo con un ojo puesto en el reseteo de la economía que propone Milei.
La figura de Axel Kicillof, resistida por Máximo Kirchner pero crecientemente influyente sobre sectores que jamás se le habían acercado ―como la UOM de Abel Furlán―, podría encarnar un eventual reverdecer mercadointernista que solo tendrá chances si el ajuste récord del que se jactan Milei y Caputo se choca con un caos social incontrolable. El gobernador sabe que le falta recorrer un desierto fiscal hasta 2027 y que en el peronismo hay quienes piensan que el experimento de Milei puede salir bien. No solo Massa, con quien compartió dos semanas atrás una cena con larga sobremesa en sus oficinas de Retiro.
La designación de Ariel Lijo como candidato para la Corte Suprema, contra la que protestó airadamente incluso el establishment entusiasmado con el nuevo consenso de las commodities, exhibió un puente de diálogo entre Milei y el kirchnerismo que incomoda a ambas partes. Detrás de la impostación republicana de quienes se indignaron por sus antecedentes de corrupción, muchos identifican a un Mauricio Macri que se niega a irse en fade del foco de los flashes junto a Cristina. “Él sabe lo importante que es la Corte. No te olvides de que ahí se salvó de ir preso por contrabando”, recuerda ante elDiarioAR un dirigente que le fue fiel hasta hace poco.
En Tribunales, donde ya nadie se preocupa por impostar nada, sonaron alarmas cuando el Papa Francisco advirtió sobre los vínculos del narcotráfico con comisarios, jueces, fiscales, financistas y políticos. Sigue llamando la atención que en Santa Fe no haya un solo lavador de dinero preso ni la policía se tirotee jamás con los narcos, ni siquiera en medio del actual raid de crímenes sangrientos y amenazas mafiosas.
Milei, en cambio, no parece haber escuchado al Santo Padre: como reveló en el portal LetraP Hernán Lascano, acaba de designar a Juan Lafontana al frente de la oficina en Rosario de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Es el abogado defensor de Darío Scattaglini, un político de estrecha relación con el senador Armando Traferri, a quien dos fiscales procuran desaforar desde 2020 para investigarlo por una red de juego clandestino. Lafontana también integra el estudio de un socio local del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La Argentina como plataforma exportadora de materias primas es El Dorado con el que sueñan las mineras y petroleras extranjeras y sus socios capitalistas locales. Pero también es una realidad que pretenden consolidar otros empresarios de modales menos elegantes. Gente poderosa que, sin trajinar los pasillos del Four Seasons ni vestir lujosos trajes, también influye sobre la política con los mismos argumentos metálicos.
AB/DTC