El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, no se pusieron de acuerdo en la reunión que mantuvieron este martes para arribar a un acuerdo de precios y entonces el Gobierno dispuso el congelamiento por resolución. La Secretaría de Comercio Interior emitió una medida que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.
Feletti había arrancado en su puesto la semana pasada con una propuesta de ampliar el acuerdo de Precios Cuidados, retrotraer los valores al 1º de octubre, anular aquellos que se pusieron en marcha este mes y extender el congelamiento hasta el 7 de enero próximo. Este lunes les envió una lista de 1.650 artículos a las compañías y les dio 24 horas para responder si los aceptaban o manifestaban observaciones para ser evaluadas con posterioridad por el Gobierno. Ante el plazo perentorio, la Copal reaccionó con un duro comunicado reclamando más diálogo. “No ayuda el comunicado de la Copal, se lo dije a Funes de Rioja y dijo que pudo haber sido un error”, declaró Feletti a los medios tras reunirse con el dirigente empresario.
Comercio Interior explicó que la resolución del congelamiento “fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”. “La medida de retrotraer los precios de los productos en cuestión al 1º de octubre pasado y mantenerlos vigentes hasta el 7 de enero de 2022 fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes, tanto productoras como comercializadoras, que así lo hicieron saber a las autoridades de la secretaría. En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo”, apuntó la cartera de Feletti.
En el Gobierno reconocen que en esa minoría se inscribe Molinos, la empresa de los Perez Companc. “Hay 130 productos rebatidos, de los cuales 65 o 70 son de Molinos”, comentan. “Igual la idea no es resolución o diálogo. El diálogo continuará. La resolución sale porque era necesario dar una respuesta hoy a que desde hace dos semanas vienen aumentando los precios de algunos productos en forma desmedida, hasta 20%, añaden.
La lista de 1.432 artículos incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. La resolución garantiza que en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires, la canasta contendrá los siguientes rubros: almacén, limpieza e higiene y cuidado personal. Feletti se mostró satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario, pero lamentó que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”.
“Todo el día recibimos observaciones de las empresas”, explicó el secretario. “De los casi 1.500 productos de la lista, hay observados 139 por parte de las empresas. De los 139, 68 corresponden a observaciones de una sola empresa”, se refirió sin nombrarla a Molinos. “No parece un gran esfuerzo para un número de empresas, que serán 60, mantener 200 y pico de productos. Ni el titular de COPAL ni el titular de las grandes cadenas comercializadoras rechazaron de plano la resolución. Hay 24 productos que empresas quieren agregar al programa”, agregó Feletti.
Ahora habrá que ver cómo reacciona la Copal. Funes de Rioja quería organizar una reunión con los representantes de empresas para explicarles el encuentro con el secretario. Quería evitar mandarles audios de WhatsApp que se filtraran por las redes sociales o la prensa. No se descarta que judicialicen la polémica.
AR