El Gobierno nacional eliminó la presencia de veedores sectoriales para la habilitación de importación con el fin de facilitar el ingreso de mercadería al país. Lo hizo a través de la Resolución 5586/24 de AFIP, pese al anuncio de que había sido eliminada desde este lunes.
La normal derogó las circulares 701/99 y 799/2000, que obligaban a tener un veedor de la industria nacional para liberar un contenedor en canal rojo cuando se importaban bienes de ese sector.
“¿Cómo decirlo?: si querías importar calzado un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional tenía que dictaminar…hasta había listas de personas con nombre y apellido autorizadas con esta finalidad”, explicó en su cuenta de “X” en ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger.
Entre los considerandos, se señaló que “en base a la experiencia recogida en la aplicación del sistema de participación de las cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales como observadoras en los actos de verificación, conforme lo informado por las áreas operativas competentes de la Dirección General de Aduanas, ha resultado de baja concurrencia”.
Añadió que “la presente medida se orienta al logro de una gestión pública ágil, eficiente y eficaz, sin que ello desvirtúe el control aduanero y la trazabilidad de las operaciones de importación”.
La explicación de Sturzenegger para elimina los valores de referencia
“Por la Resolución 5587/24 de Florencia Misrahi de la ex AFIP dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo damos por finalizado el uso de los ”valores de referencia“ para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción. Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones.
Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.
Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía.
A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público, todos objetivos del presidente Javier Milei“.