En época de cosecha cientos de trabajadoras y los trabajadores dejan sus casas para instalarse temporalmente en establecimientos agrícolas donde realizan tareas intensivas por un período limitado de tiempo. En muchos casos se movilizan junto con sus familias, que terminan sumergidas en la dinámica laboral. De vez en cuando se conoce alguna noticia: inspectores detectan niños y niñas trabajando en la cosecha de cebolla, de yerba mate, de aceitunas. En este marco el Gobierno oficializó la creación en todo el país de espacios de cuidado y educación destinado a los menores a cargo de trabajadores agrarios como una alternativa para que sus padres y madres no se vean obligados a llevarlos a los cultivos.
Según un relevamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) previo a la pandemia, en la Argentina hay 763.500 niños y niñas de entre 5 y 15 años que trabajan, 60% en el sector agropecuario. De acuerdo con el último informe sobre el tema del Ministerio de Trabajo, se registra mayor incidencia del trabajo infantil en las regiones del NOA y el NEA. En las áreas rurales, la participación de menores en tareas de mercado se duplica.
En las zonas rurales el trabajo infantil suele realizarse junto con miembros de la familia como una “colaboración”. Tal como precisa en la resolución 477/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial, niños, niñas y adolescentes suelen verse desempeñándose en la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha, teniendo a su cargo el cuidado de animales y cultivos, en la participación en las fumigaciones, el acarreo de agua o el acopio de leña para su uso industrial o comercial.
El programa Buena Cosecha ya existe en algunas provincias; Mendoza fue la primera en instrumentarlo para acompañar la cosecha de la uva y otros frutales. Por eso la medida apunta a la “creación y/o el fortalecimiento” de espacios de cuidado y contención en todo el territorio nacional. Según la norma, están destinados a menores de hasta 18 años de edad a cargo de trabajadores agrarios o que se desempeñen en trabajos estacionales o en establecimientos alejados de sus respectivos domicilios reales. Se contempla la financiación del traslado hacia y desde dichos espacios durante los meses de cosechas y se dispone que los espacios se gestionen conjuntamente entre el Estado, sindicatos, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil.
“El trabajo infantil constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, que obstruye el desarrollo infantil. Contribuye a perpetuar la pobreza de una generación a otra, y a impedir la movilidad social basada en la educación y escolarización adecuadas”, argumenta el texto. Según muestra un documento oficial, el trabajo infantil comporta un riesgo asociado al acceso, permanencia y rendimiento educativo adecuado en términos de completitud, finalización de los ciclos y niveles de enseñanza en tiempo y forma en la escuela. Entre quienes trabajan, la condición de repitencia, las llegadas tarde o las inasistencias son más frecuentes que entre quienes no realizan actividades productivas.
En la Argentina está prohibido por ley el trabajo de las personas menores de 16 años “en todas sus formas”. Es decir, exista o no relación de empleo, sea remunerado o no. Sin embargo, es una realidad que no solo persiste, sino que se multiplicó en el último año. Según un informe reciente de la OIT, Unicef y el Ministerio de Trabajo, realizado sobre una muestra de población urbana, el 16% de los adolescentes encuestados de entre 13 y 17 años realizan trabajo rentado y la mitad de ellos comenzó a hacerlo durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Esta situación fue propiciada por dos factores: la mayor disponibilidad de tiempo que les generó la desvinculación del colegio y la caída de los ingresos de sus familias.
La encuesta registra que la mitad de los adolescentes de entre 13 y 17 años que trabajan para el mercado residen en hogares en los cuales los ingresos laborales se vieron disminuidos durante la cuarentena y 7 de cada 10 habitan en hogares cuyos miembros perdieron el empleo, vieron reducido su volumen de trabajo o fueron suspendidos temporalmente. Por otro lado, el casi 6 de cada 10 viven en hogares que recibieron algún tipo de asistencia del Estado como AUH, IFE o Tarjeta Alimentar.
La participación en actividades productivas para niñas, niños y adolescentes resulta desigual según el género; los varones se dedican, principalmente, al desarrollo de actividades para el mercado y para el autoconsumo, mientras que las niñas y las adolescentes participan en mayor medida de las actividades domésticas intensivas, revelando así una división sexual del trabajo basada en estereotipos de género que se inician a temprana edad.
Por cada varón de entre 5 y 15 años que realiza tareas domésticas intensas, hay 1,4 niñas. En el grupo de adolescentes (16 y 17 años) la brecha se amplía a 2 mujeres por varón y se profundiza aún más entre los adolescentes de ámbitos rurales, donde esta actividad alcanza a casi 3 mujeres por cada varón.
DT