El gobierno nacional denunció por lavado de dinero a Pablo Otero, el “Rey del Tabaco”
“Posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”, dice la denuncia de la agencia ARCA que se presentó ante la Justicia Federal y a la cual accedió el portal Infobae.
La denuncia fue firmada por Felicitas Achábal, Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, allí detalla que la empresa de Pablo Otero “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.
Y agrega: “Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”.
A su vez, la agencia ARCA identificó irregularidades en la facturación electrónica, en la emisión de comprobantes, en la ausencia de pagos tributarios y en el uso exclusivo de efectivo, todos elementos que dificultan la trazabilidad de los fondos. La denuncia tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.
“Usinas” de facturas truchas
En un segundo cuadro de la denuncia, aparecen facturas emitidas por distribuidoras falsas que buscan “facilitar o encubrir maniobras orientadas a disminuir el saldo de impuesto a ingresar y/o transferir fondos del circuito formal a uno informal, como respaldo de operaciones inexistentes, con el fin de sustentar erogaciones que constituyen una simple transferencia de fondos hacia un circuito marginal de difícil trazabilidad”.
“Se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.
Para ARCA hay evidencia de una transferencia de dinero desde el circuito informal hacia uno formal, el paso final de una maniobra de lavado de dinero.
El descargo de la empresa
La Tabacalera Sarandí emitió un comunicado en el que denuncia persecución política en defensa de intereses extranjeros. “Desde Tabacalera Sarandí rechazamos de manera categórica las falsas acusaciones vertidas en las últimas horas contra nuestra empresa y su Director, Pablo Otero. Se trata de una denuncia sin ningún sustento jurídico ni fáctico, que responde a una clara maniobra de persecución política y económica.”
La tabacalera argumenta que la agencia de recaudación estatal está interviniendo en una disputa entre privados para beneficiar a una multinacional: “Esta operación tiene como único objetivo perjudicar a una empresa nacional que ha crecido en base al esfuerzo, el cumplimiento de las leyes y la competencia leal. Pretenden desplazarnos del mercado argentino para beneficiar a una multinacional extranjera: Masalin Particulares, perteneciente al grupo Philip Morris, que utiliza al ARCA para presionar en una disputa de mercado entre privados.”
Y afirma que no se quedará callada y defenderá la porción del mercado que quieren arrebatarle. “La denuncia impulsada por el ARCA responde y es funcional al histórico lobby ejercido por estos grupos concentrados que no toleran la existencia de una empresa nacional competitiva en el sector del tabaco. No es la primera vez que enfrentamos ataques sistemáticos destinados a quebrarnos o forzarnos a entregar nuestra participación en el mercado.”
Según la vesión de Sarandí S.A, “la denuncia de ARCA publicada en los medios de comunicación, motorizada por la señora Natalia Pérez Aguín gerenta de Comunicaciones de Massalin particulares, sostiene que algunos distribuidores habrían cometido irregularidades al vender cigarrillos a comercios o consumidores; y por eso también acusan a Tabacalera Sarandí de participar en una maniobra para ”blanquear“ dinero de origen ilegal”.
Entre los varios argumentos que usó la empresa para defenderse uno sostiene que “la acusación es absurda desde lo económico” porque “más del 85% del precio de un paquete de cigarrillos son impuestos”. “Si alguien quisiera lavar dinero, no lo haría usando una actividad con tanta carga impositiva. Sería ridículo perder el 85% del dinero solo para ingresarlo al sistema legal a través de la venta de cigarrillos”, remarcan.
La agencia ARCA (ex-AFIP) está dirigida actualmente por Juan Pazo, un funcionario que responde políticamente a Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía.
MU/MP
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