Resulta muy difícil de comprender para la gente que no pertenece al sector productivo. La soja subió en el mercado internacional de unos 310 dólares por tonelada para esta época del año pasado a unos 560 dólares la semana pasada, es decir más del 80% en el término de un año. Todos lo celebran. Todos menos los propios productores de soja.
Casi nadie esperaba en la Argentina este suceso casi fortuito, que resultará clave para la economía en los próximos meses. De golpe y porrazo, una cosecha de granos que usualmente valdría US$ 23.000 millones pasó a cotizar a US$ 33.613 millones, según el cálculo más reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
¿Cómo no celebrarlo? Son US$ 10 mil millones de ingresos adicionales de un año para el otro, con lo que aquí se está necesitando generar divisas genuinas. Para comparar: cuando la economía comenzó a tropezar fuerte a partir de 2018, el ex presidente Mauricio Macri responsabilizaba de esa crisis a la falta de unos US$ 8.000 millones que se habían perdido por culpa de la sequía.
Esas divisas ya están llegando, incluso más rápido que la propia cosecha, que recién ahora está tomando ritmo. Las empresas que procesan y exportan la soja, nucleadas en las cámaras Ciara-CEC, informaron ayer sábado que, contabilizado el mes de abril, el ingreso de agro-dólares a las ventanillas del Banco Central acumulaba en este primer cuatrimestre una suma de US$ 9.755 millones, que es récord para los últimos siete años. Tener oferta de dólares a valor oficial es lo que necesitan las autoridades para mantener sujetas las riendas del dólar, especialmente en este año electoral.
Celebra entonces todo el Gobierno y sobre todo el ministro Martín Guzmán, que por arte y parte de esta escalada, y con los precios de la soja en los niveles más elevados desde 2014, deberá hacer un ajuste fiscal de menor dramatismo para conformar al Fondo Monetario, pues el impacto sobre la recaudación crecería en unos US$ 2.600 millones, que además no son coparticipables. La propia BCR estimó que la recaudación por derechos de exportación podría llegar a los US$ 8.600 millones en el ciclo 2021/22, con la soja aportando ella solita 7.100 millones.
Todo en la Argentina se valoriza al compás de la soja. Los analistas económicos rehacen sus números. Los políticos oficialistas ingresan en la campaña electoral con este viento de cola que no esperaban. Sube fuerte la soja y casi todos lo celebran, pues la Argentina es el tercer mayor productor y exportador de ese cultivo y sus derivados, detrás de Brasil y los Estados Unidos.
Pero algo falla, porque los que no celebran son los propios productores de esa planta oleaginosa. Por el contrario, hay un clima de creciente tensión entre las autoridades económicas y las cuatro gremiales históricas nucleadas en la Mesa de Enlace. Hace falta un manual para tratar de entender qué es lo que pasa por la cabeza de los productores que les impide disfrutar de este aparente sensacional momento. Es eso lo que intentaremos explicar en esta nota.
Los productores de soja, sean grandes o pequeños, son unos 60 mil. Todos ellos, con seguridad, se disgustan cuando ven a los diarios y a los noticieros titular con que el agro se está beneficiando con una soja de más de 500 dólares. Y en ese punto tienen razón, porque en ningún caso ellos llegan a embolsar esos famosos 500 billetes. Los que en todo caso llegan a cobrar esa suma de dinero son los exportadores, cuando colocan los granos en el mercado internacional que se maneja con los precios de referencia de Chicago. Allí la soja rozó esta semana los US$ 566. Un sueño que tocan con los dedos de la mano los productores de Estados Unidos, Brasil o Paraguay, pero no los argentinos.
La primera explicación es que a esos 560 dólares hay que restarle las retenciones del 33%, el nivel máximo que le impuso el Congreso al presidente Alberto Fernández a los pocos días de asumir, dentro de la Ley de Emergencia Económica sancionada en diciembre de 2019. Ese es el tope de retenciones que se pueden aplicar con respaldo legislativo, al menos hasta el 31 de diciembre de 2021.
Ese tributo aduanero se cobra con cada embarque de exportación, y la mayoría de veces por anticipado, a las grandes aceiteras. Te espero en el puerto, es el latiguillo que resume todo. Desde el vamos, el Estado se queda con 33% de los famosos 560 dólares, es decir unos 180 dólares por tonelada embarcada. Si los precios no hubieran subido como subieron el último año, por esa misma tonelada el Fisco estaría recaudando poco más de 100 dólares. ¡Miren si no hay entonces motivo para el festejo en los despachos oficiales!
Para el productor, en cambio, ahí se produce una primera reducción violenta de sus ingresos potenciales si, como en los otros países, las retenciones no existieran. El derecho de exportación actúa “desacoplando” el valor interno de la soja del mercado internacional, pues las cerealeras recuperan el tributo que la Aduana les retiene en el puerto descontando ese 33% de los precios pagados a los productores. Es decir, no pagan los 560 dólares que marchan las pizarras de Chicago sino ese precio internacional (calculado todos los días por el Ministerio de Agricultura) menos el 33% de retenciones.
Es decir que los 180 dólares que recauda el Estado nunca pasan por las manos del productor, que debe conformarse con cobrar por su soja una suma equivalente a unos 330 o 340 dólares por tonelada. Las grandes cerealeras hacen el clearing, pues depositan por un lado y descuentan por el otro. El mecanismo las convierte en un agente de recaudación infalible, porque hasta el 5% de la cosecha de soja que no sale a la exportación y se utiliza para consumo interno sufre ese descuento.
Es imposible evadir los derechos de exportación, salvo en casos de contrabando que permitan vender la soja en países vecinos que no cobran retenciones. El Gobierno viene denunciando algunos secuestros de soja en la frontera de Misiones con Brasil. Pero son cargas ínfimas respecto de la producción global, de menos del 0,005%.
Las retenciones constituyen la mayor parte de la presión fiscal que recae sobre una hectárea agrícola. La Fundación FADA, formada por productores de Río Cuarto, cada tres meses se dedica a medir esa presión y al 31 de marzo pasado concluía que de cada 100 pesos que genera una hectárea de soja unos 67 pesos (el 66,9%) se van en pagar impuestos, sean derechos de exportación u otros tributos.
Pero todavía así, frente a la suba de los precios de la soja, cabe preguntarse por qué los productores no celebran un aumento que también derrama sobre ellos. En rigor, el valor interno de la soja estaba a fin de abril del año pasado unos 213 dólares y ahora se ubica en 331 dólares por tonelada, con un aumento más que significativo de 120 dólares. Así, si un chacarero cosechaba su soja en abril de 2020 y se decidía a venderla de inmediato cobraba a los viejos precios unos 14.000 pesos por tonelada. Hoy, esa misma tonelada -por el impacto adicional de la devaluación del peso- cotiza a 31.000 pesos.
¿De qué se quejan entonces los productores de soja? ¿Por qué no celebran? De un año a otro su ingreso en pesos subió a más del doble. Se trata de un aumento paritario con el que no podría llegar a soñar casi ningún otro argentino. Pero aquí viene un segundo proceso de extracción de recursos, bastante más complejo.
Por las disposiciones del Banco Central, las operaciones con granos en el mercado interno deben ser liquidadas al tipo de cambio mayorista del Banco de la Nación, que en las últimas jornadas rondaba los 93 pesos. Es decir que las cerealeras compran la soja de los productores al valor externo menos las retenciones y canjeando el resultante por un dólar oficial que es bastante menor a la cotización del dólar “libre”, en sus diferentes variantes.
En este punto, el argumento utilizado por los productores para justificar sus altas dosis de mal humor es que la existencia de una brecha cambiaria cercana a los 50 pesos por dólar constituye una suerte de “retención encubierta” que tiene origen en una situación macroeconómica que ya se arrastra un par de años y no parece tener horizonte de solución. El razonamiento es teórico y podría aplicarse a cualquier asalariado argentino (con ingresos pesificados a 95 cada vez puede comprar menos dólares a 145). Pero en el caso de la soja, al ser un producto dolarizado, queda más expuesta esta situación.
El analista de mercados y director periodístico del Canal Rural, Carlos Etchepare, se toma todas las mañanas el trabajo de mensurar lo que él llama “distorsiones” cambiarias, que también se repiten en otros cultivos. El viernes, para el caso de la soja y tomando un valor externo de 555 dólares por tonelada, calculó que el Estado se apropiaba de 172 dólares por vía de las retenciones convencionales y que otros 179 dólares quedaban en el camino de la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación o dólar bolsa. Es decir que -valuada en dólares- la soja terminaba dejando en los bolsillos del productor 204 dólares y no los 560 que aparecen en los títulos de los diarios ni los 340 dólares que quedan descontadas las retenciones.
La Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, una de las más combativas de Córdoba, hizo el mismo cálculo con una soja que en Chicago valdría 566 dólares como la semana pasada. Aquí al productor le quedarían solo unos 206 dólares billetes. Este “hot sale”, según la ironía utilizada por los dirigentes rurales, implicó que el productor perdió el 64% de su ingreso potencial. Etchepare coincide al afirmar que el productor cobra solamente 37% del ingreso que debería recibir.
Vale aclarar que eso sucedería en el caso de que el productor, al vender su soja, la cobre en pesos al tipo de cambio oficial y con esos mismos pesos intentara de inmediato adquirir dólares en el mercado paralelo. No es algo que pase con todos los productores y con toda la cosecha, pues la mayoría de los chacareros utiliza parte de sus granos como moneda de cambio
¿Qué quiere decir? Que para enfrentar una gran parte de los gastos de producción (la compra de semillas, agroquímicos y otros insumos) e incluso algunas inversiones en bienes de capital (maquinaria agrícola o camionetas) los productores se financian mediante planes canje por soja, pagaderos luego de cada cosecha... en toneladas de soja. Para ese tipo de financiamiento o crédito comercial, que según especialistas ya cubre el 50% de los costos totales de cada campaña, esta distorsión cambiaria no corre.
Las quejas, de todos modos, se repiten. Y algunos análisis insisten en que el productor no debería estar cobrando los 31 mil pesos por tonelada de soja sino bastante más, cerca de unos 81 mil pesos por tonelada. ¿Será posible?
Hay que recordar que cuando cosechan su soja, la inmensa mayoría de los productores debe abonar, además de los planes canje y otros costos como la tarifa de cosecha o los fletes de camión, el alquiler de la tierra donde produce. Según diferentes estimaciones, en la región pampeana cerca del 70% de las siembras se realiza sobre campos de terceros. El valor de arrendamiento, dependiendo de la zona y la calidad del campo, puede oscilar entre 10 y 20 quintales (de 1 a 2 toneladas) por hectárea. Es el equivalente -a valores locales sin la “distorsión” cambiaria“- de entre 340 a 700 dólares.
La patria “rentista” también juega su partida en la construcción del malhumor agropecuario. Con el dinero que reciben por el alquiler de su campo, luego del pago de los impuestos correspondientes (en especial Ganancias y el Inmobiliario Rural), a los dueños de la tierra no les queda mucho por hacer más que posicionarse en dólares, pues no existen demasiadas alternativas de inversión. Esto recarga las tintas de quienes identifican a la brecha cambiaria como uno de los grandes problemas de los productores sojeros.
En realidad, quienes producen soja y asumen todos los riesgos de hacerlo tienen este año dificultades mucho más urgentes. En su último reporte semanal sobre el avance de la cosecha, el jueves, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que ya se lleva cosechado el 31% de los campos sembrados con soja este año, y que debido a los mediocres rendimientos (el promedio apenas supera los 30 quintales) que se están obteniendo en muchos de ellos, la cosecha total se estima en apenas 43 millones de toneladas.
La culpable fue la sequía que castigó a los cultivos todo el verano. Los pronósticos, al comienzo de la campaña, habían arrancado en 52 millones.
Ni el Estado que recauda retenciones ni los dueños de la tierra que cobran alquileres suelen apiadarse de los productores ante situaciones como estas: en muchos lotes castigados por la falta de lluvias, sobre todo del norte de Buenos Aires o la provincia de Entre Ríos, la productividad ofrece resultados de 12 a 25 quintales por hectárea, que no alcanzan para cubrir los costos de producción. Esos productores seguro perderán plata este año, sea que la soja se las paguen a 560 dólares o los 206 dólares luego de descuentos. Con tan baja productividad muchos de ellos no alcanzarán los denominados “rindes de indiferencia”, que son los que en una planilla de márgenes agrícolas definen qué volumen de soja se debe producir de mínima para salvar los gastos y comenzar a ganar algo de dinero.
Por eso hay muchos productores que todavía no tienen nada para celebrar. No al menos hasta que no conozcan los números finales de la cosecha.
Por supuesto habrá otros casos de empresas agrícolas que saldrán mejor paradas y aprovecharán el viento de cola de los altos precios de la soja. Esta semana la Universidad Austral difundió los resultados de su AG Barometer, una encuesta a 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a 200.000 dólares. Una de las preguntas fue si pensaban hacer inversiones de capital este año y el 54 % de los encuestados contestó que pensaba invertir lo mismo o más que el año pasado.
Es decir que hay un importante segmento agrícola al que no se lo escuchará descorchar champaña ni festejar por la soja de más de 500 dólares. Pero algo de resto les quedaría como para renovar la camioneta, seguir jugando la partida y esperar por tiempos mejores, sin retenciones ni brecha cambiaria.
WC