Javier Milei le pidió esta semana a Sergio Massa que postergue la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2024, dado que se trata de una iniciativa que dependerá mucho de quien gane las elecciones presidenciales. Pero el ministro de Economía y candidato presidencial no tenía opción: la norma establece que cada 15 de septiembre se envíe el presupuesto al Congreso. Sí aceptó discutirlo allí una vez que sea elegido el nuevo jefe de Estado, es decir, tras la primera vuelta del 22 de octubre o la segunda del 15 de noviembre. Pero lo interesante del proyecto mandado hoy por Massa no son las proyecciones 2024, que no sólo dependen de los comicios sino que incluso en caso de que él venza, se ponen en duda, sino lo que calcula para lo que queda de 2023.
En el presupuesto 2024 se hacen proyecciones sobre el año actual: la inflación terminaría en 135%, más que el 124% actual, pero mucho menos que el 190% que predicen los economistas que más aciertan en sus pronósticos; mientras que la economía se contraería 2,7%, cuando hasta ahora en el Gobierno soñaban con evitar una caída. Para el año próximo sueñan con un índice de precios al consumidor del 70% a fin de año, con un promedio a lo largo del año levemente inferior al 90%, y una recuperación del PBI del 2,7%.
En el equipo económico de Massa aclaran que el presupuesto fue hecho sobre la base de una hipótesis de reducción gradual de la inflación y del déficit fiscal, pero no descartan una plan de estabilización, también llamado de shock. “En general un presupuesto es gradual, no podemos presupuestar un plan de estabilización. Acá se presenta un presupuesto, pero después se verá”, dejan la puerta abierta en el entorno del ministro. Es que en 2022, cuando Massa asumió el cargo, quería impulsar un programa así, como el Austral en 1985, pero eso implicaba una devaluación inicial del peso que Cristina Fernández de Kirchner resistió. Cualquier plan de shock implica primero acomodar los precios que se consideran atrasados, como el dólar o las tarifas de servicios públicos, y después un congelamiento de todas las variables, desde el gasto público hasta los salarios pero también las remarcaciones de precios. “Estamos muy expuestos a los cambios electorales”, aclararon los que confeccionaron el presupuesto 2024.
En el proyecto se habla de mantener el dólar oficial congelado en $350 hasta la segunda vuelta electoral y después actualizarlo por inflación para que termine en $367 a fin de año. En 2024 llegaría a $607. No se habla del paralelo.
El objetivo de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) sigue en 2023 en 1,9% del PBI, el comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a las compensaciones de ingresos tras la devaluación poselectoral, lo que la oposición llama “plan platita”. ¿Cómo se equilibraría el aumento del gasto y los menores ingresos por la quita del impuesto a las ganancias al 6% de los empleados y jubilados? Por subejecuciones de diversas partidas, por el manejo de la deuda flotante del Estado con proveedores, por la reducción de ciertas erogaciones como subsidios, gastos de funcionamiento, transferencias corrientes a provincias y empresas estatales u obra pública. “Vamos a compensar si sangra, pero queremos ser cuidadosos del impacto fiscal de las medidas recientemente adoptadas”, cuentan en Economía. La extensión del impuesto PAÍS a la importación, el empleo que sigue fuerte y la inflación también mejoran la recaudación actual.
En 2024, si gana Massa y si mantiene este proyecto de presupuesto, algo que está en duda si aplica un plan de shock, el objetivo de déficit primario es 0,9% del PBI, pero en una separata se propone llegar al 1% de superávit mediante el recorte o la eliminación de exenciones tributarias. Entre ellas figura la exclusión de Ganancias para los empleados del Poder Judicial (los altos funcionarios del Ejecutivo seguirán pagando), la de Bienes Personales para inmuebles rurales en el país y en el exterior y otras que atañen a empresas. No se incluyó en el presupuesto la idea existente de un impuesto mínimo del 15% de Ganancias para grandes empresas, que suelen encontrar vericuetos para declarar que tuvieron pocos o ningún beneficio, de modo de no tributar. Quizá el proyecto se presente aparte.
Para pasar del soñado déficit del 1,9% en 2023 -algunos economistas temen que sea del 3%- al superávit del 1%, dos puntos provendrían de la quita de beneficios tributarios, pero otro punto llegaría de una mejora de 0,8 puntos de la recaudación impositiva porque ya no habría sequía en el campo y además la economía crecería. También seguirían recortando subsidios a la energía, sobre todo al 35% de mayores ingresos. Si el Congreso aprueba la quita de Ganancias al 6% de empleados, que se fijó por decreto este fin de año, entonces deberían buscar fondos adicionales para compensar en 2024 esa pérdida de ingresos porque no está contemplada en el proyecto de presupuesto dado que aún no es ley. El gasto, encabezado por las jubilaciones y lo social, subiría 93%, pero los ingresos, 105%. Los subsidios energéticos, los gastos de funcionamiento y las transferencias a provincias crecerían por debajo de la inflación, es decir, se recortarían.
“Si se acaba el déficit, ya no habrá financiamiento monetario y eso impacta en la inflación”, explican en el Gobierno por qué se ilusionan con bajarla al 70% en 2024. “Bajar de un déficit del 1,9% a un superávit del 1% es un plan de consolidación”, agregan. “Habrá que ver si podemos cambiar el régimen monetario”, aludieron al cepo.
AR/DTC