Edith Rodríguez, la mujer más rica de Argentina, reforzó el peso de España en el entramado de sociedades que su opaca petrolera, Pluspetrol, lleva años tejiendo en diversos territorios para eludir impuestos. Una maraña reorganizada recientemente, en paralelo a reclamaciones millonarias por graves daños ambientales en la Amazonia peruana.
Rodríguez, viuda desde hace casi tres lustros del fundador de Pluspetrol, Luis Alberto Rey, controla junto a sus tres hijos el 70% de la petrolera. La multimillonaria es una de esas grandes fortunas de las que no circulan fotografías en prensa. De edad ya avanzada aunque indeterminada, en 2019 era definida como “septuagenaria” por Forbes, que en 2020 la situó como octava fortuna argentina, con un patrimonio de más de 1.700 millones de dólares. Es la mujer más rica del país, recordaba Clarín en marzo.
Su petrolera, con experiencia en la explotación de yacimientos en varias de las zonas selváticas más remotas del planeta, se fundó en Argentina hace casi 50 años, pero a principios de siglo movió su matriz a Países Bajos. Se define en su web como “la empresa privada líder en producción de hidrocarburos de Latinoamérica”, con presencia en tres continentes, 2.000 empleados y “operaciones en siete países”. Entre ellos no está España, donde tiene dos filiales sin actividad que dispararon recientemente el valor de sus activos.
Son dos empresas gemelas y con nombres muy parecidos, Petro Andina Resources Spain SL y Petro Andina Spain SL, con sede en el corazón del distrito financiero de Madrid, en las oficinas del despacho internacional Intertrust en Serrano, 41.
Comparten domicilio con el entramado armado en los últimos años por otros multimillonarios latinoamericanos sin rostro, los Guillermo Prieto. Estos amos mexicanos del mezcal y la Coca-Cola se convirtieron en caseros de lujo de CaixaBank o Inditex en Madrid, tras invertir cientos de millones en inmuebles en España mediante sociedades vinculadas a varios paraísos fiscales.
El esquema recuerda al que lleva décadas utilizando Pluspetrol, en el que sus filiales en España son una pieza más. Constituidas en 2008, no declararon activos relevantes hasta 2022, último año en el que depositaron cuentas en el Registro Mercantil.
En ese ejercicio, esos activos se multiplicaron por más de seis, hasta 41,3 millones de euros. Sin empleados ni facturación, estas dos empresas españolas tienen el 100% de Pluspetrol Uruguay SA, filial de la multinacional en ese país. Pertenecen a la matriz holandesa del grupo, Pluspetrol Resources Corporation BV, cuyos mayores accionistas, según documentación oficial, son dos sociedades en Luxemburgo constituidas a finales de 2020 y controladas desde el paraíso fiscal de Islas Cook.
Así, a cierre de 2022 la mayoría del capital de la matriz holandesa de Pluspetrol, el 69,75% del capital, se lo repartían dos sociedades luxemburguesas, Lautaro SARL y Prixeon SARL. Ambas valoraban en libros esas acciones en 2.619 millones. Fueron creadas en octubre de 2020 en Luxemburgo por The Berna II Settlement, un vehículo radicado en Rarotonga, Islas Cook. Este territorio de la Polinesia asociado a Nueva Zelanda no aplica impuesto sobre la renta, ni sobre las plusvalías ni sobre el patrimonio ni a los fideicomisos internacionales ni a las sociedades de responsabilidad limitada.
Los dueños de Pluspetrol llevan muchos años recurriendo a este tipo de estructuras. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de abril de 2022 describía un entramado con “varios niveles de sociedades en destinos de baja tributación o con secretos bancarios que se constituyen como cáscaras vacías cuya finalidad es ser propietarios de otras sociedades”. “Se observa en el Grupo de la familia Rodriguez-Rey la intención de ocultar a los verdaderos accionistas y de generar capas de intermediación para alejar la responsabilidad de estos”, añadía este centro de investigación argentino.
Reclamaciones en Perú
Un entramado que se renovó recientemente. La creación de esas dos sociedades del Gran Ducado controladas desde Islas Cook se produjo en paralelo al inicio de la liquidación, en diciembre de 2020, de la peruana Pluspetrol Norte, que mantuvo un contencioso millonario con el Gobierno de Perú por graves daños medioambientales en la Amazonia tras abandonar pozos allí.
Desde 2011 hasta 2021, Pluspetrol Norte acumulaba 73 sanciones impuestas por el gobierno de ese país por importe de 71 millones de dólares. Multas que Pluspetrol se negó a abonar, lo que propició que el Gobierno peruano llevase al caso ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Miami (Estados Unidos), que emitió un laudo favorable a la empresa en 2023.
En febrero de 2022, Oxfam señaló a Pluspetrol como la petrolera que más derrames provocó en Perú entre 1997 y 2021: 316 vertidos, el 31,5% del total, por parte de una compañía que a comienzos de siglo, y en un proceso que pilotó el polémico Alberto Fujimori, se adjudicó la operación del mayor yacimiento de gas del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, Camisea, también ubicado en el corazón de la Amazonia peruana y que, con un 25%, Pluspetrol todavía hoy explota junto a otras compañías como Repsol.
Al estallar el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, Pluspetrol fue vinculada con suculentas donaciones realizadas en 2011 a la campaña de Keiko Fujimori, la hija del corrupto expresidente peruano y aspirante frustrada a la presidencia del país en hasta tres ocasiones.
“La contaminación en la zona es tan grande que gobiernos sucesivos tuvieron que declararla en emergencia ambiental porque los ríos y lagunas están fuertemente contaminados, con terribles efectos sobre la salud y la vida de los pueblos indígenas”, escribía en 2018 el economista Pedro Francke, a la postre ministro de economía de Perú con el izquierdista Pedro Castillo. Francke acusaba a Fujimori de “intercambio de favores” con Pluspetrol por impulsar un proyecto de ley para alargar las concesiones a las grandes trasnacionales petroleras y gasistas y rebajar las regalías al sector.
En marzo de 2020, Oxfam y líderes indígenas peruanos denunciaron a la empresa ante el Gobierno de Países Bajos por graves violaciones de los derechos de las poblaciones de la Amazonia, daños medioambientales y actos contrarios a las directrices de fiscalidad y transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por las actividades desarrolladas por Pluspetrol en Perú entre 2000 y 2015.
La denuncia acusaba a la compañía, entre otras cosas, de utilizar “estructuras y estrategias artificiales de evasión fiscal, incluidos fideicomisos extraterritoriales y sociedades buzón vacías, con el probable propósito de minimizar el pago de impuestos en los países en los que opera” mediante un esquema de sociedades en Bahamas, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Holanda o Luxemburgo.
En el caso del Gran Ducado, los denunciantes apuntaban a dos instrumentales que ya no existen. Fueron liquidadas en diciembre de 2020. Las sustituyeron las ya mencionadas Lautaro y Prixeon y una tercera sociedad, Sumsum Investments SARL, creada también en Luxemburgo a finales de 2020 por una entidad de Bahamas, Maria Reina Irrevocable Trust. Sumsum controlaba a cierre de 2022 casi un 7% de la matriz de Pluspetrol. Fue trasladada en 2023 a Holanda.
Además de en Perú y Argentina, Pluspetrol tiene presencia en Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Con oficinas en Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay, según su último informe de sostenibilidad (de 2022), la revista argentina Mercado la ubicaba entre las 131 mayores empresas del país.
La compañía fue fundada en 1976 por el difunto esposo de Edith Rodríguez, el ingeniero Luis Alberto Rey, fallecido en 2005 a los 75 años. Rey fue un firme defensor de la privatización del sector petrolero en Argentina. “Ni el Estado ni las provincias necesitan tener una empresa testigo en un mercado nacional e internacional altamente diversificado y competitivo”, decía en 1992. Creó Pluspetrol junto al también argentino Héctor Pedro Poli, cuya familia, dueña según medios locales del 30% restante de Pluspetrol, es hoy también otra de las grandes fortunas del país.
La compañía nació al calor de la política de apertura al sector privado de las concesiones de la estatal YPF. El boletín oficial de la República Argentina recoge el anuncio de constitución de la empresa Pluspetrol Sociedad Anónima de 1977, en plena dictadura militar. En él figura Luis Alberto Rey como presidente y, como primer vicepresidente y accionista, a través de su empresa Impresit Sideco, Francisco Macri, padre del a la postre presidente argentino Mauricio Macri, otra de las grandes fortunas del país. Del gobierno de Macri proceden varios funcionarios del actual Ejecutivo de Javier Milei, que tras llegar al poder se enfundó enseguida su promesa de combatir a la 'casta' argentina.
En Argentina, Pluspetrol es el quinto productor de petróleo, con una cuota del 4,7% en 2022, y el sexto de gas, con el 4,2%, según cifras de la Secretaría de Energía. A finales del año pasado operaba 163 de los 1.331 pozos de fracking operativos en Vaca Muerta, el enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales dominado por YPF, la petrolera que hasta la nacionalización de 2012 controló la española Repsol y cuya reprivatización (luego pospuesta) anunció Milei tras llegar al poder a finales de 2023.
Pluspetrol también tiene fuertes intereses en el emergente negocio del litio, tras comprar en enero de 2019 por 83 millones de dólares la canadiense LSC Lithium Corporation, con proyectos en el denominado “Triángulo de litio” entre Argentina, Bolivia y Chile, que alberga los mayores depósitos de salmuera de litio del mundo.
La compañía fue una de las primeras energéticas argentinas que hace unas semanas aceptó la quita forzosa del 50% de la deuda de 1.200 millones de dólares que el Estado acumula con varias generadoras de energía eléctrica y proveedoras de gas en el país.
Este jueves vencía el plazo para aceptar la oferta planteada por el ministro de Economía, Luis Caputo (quien ya dirigió la cartera de Finanzas con Macri) y el nuevo secretario de Estado de Energía, Javier Rodríguez Chirillo. Ex directivo de Iberdrola y experto en privatizaciones que fue asesor de Carlos Menem, Rodríguez Chirillo volvió a lo público junto a Milei, protagonista estos días por su trifulca diplomática con España, y cuya famosa motosierra no dio hasta ahora los resultados económicos esperados.
AMV/CRM