“Todos creemos que las telecomunicaciones son un servicio esencial. El estado nacional, provincial, municipal te dice estudie desde su casa, trabaje desde su casa. La Sala II te dice hágalo desde su casa, pero lo va a pagar de su bolsillo al precio que la empresa quiera”, dijo hoy el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, en una conferencia de prensa en la que el organismo explicó su estrategia frente a un fallo favorable al Grupo Telecom, que le permite aumentar sus tarifas sin la autorización del Gobierno.
El episodio parece reeditar un conflicto ya conocido: el gobierno kirchnerista versus el Grupo Clarín, que vía su empresa hermana opera las marcas Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga).
El fallo en cuestión fue dictado el viernes 30 de abril por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con el voto de la mayoría, y eximió a Telecom Argentina S.A. del cumplimiento del DNU 690 por el plazo de 6 meses. Ese decreto, que se anunció en agosto pasado y entró en vigencia en enero, declaró “servicio público esencial en competencia” a la industria de las telecomunicaciones y estableció la intervención del Estado en la definición de sus tarifas.
Según explicó Diego Leiva, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Enacom, el organismo presentará mañana un recurso extraordinario federal ante la Cámara para poder llegar a la Corte Suprema. El argumento oficial para solicitar la intervención de la Corte es que el fallo “trasciende el mero interés de la parte”. “Está en cuestionamiento un DNU que fue ratificado en el Congreso, que es ley, y regula un servicio para todos los habitantes”, señaló Leiva. Según dijo, están en juego derechos constitucionales como la salud, la educación, la información y la libertad de prensa, más allá de la afectación de la empresa en particular.
Por otro lado, los funcionarios de Enacom aseguraron que el perjuicio económico que el fallo da por hecho y establece como principal argumento a favor del grupo no está debidamente acreditado. “El quebranto no sólo no está demostrado sino que según los balances que presentamos, el Grupo Telecom tuvo una ganancia en el primer trimestre de 2020 de $2.774 millones y en el mismo trimestre de este año de $9.009 millones. Es un argumento falaz”, dijo López.
Más allá de este fallo, Enacom tiene problemas para hacer cumplir el decreto desde su entrada en vigencia, en enero pasado. De hecho, Telecom viene desoyendo el régimen de aumentos (es decir, notificando subas por encima de las autorizadas) desde entonces, del mismo modo que otras operadoras. “El Grupo Telecom aumentó 20% en el primer trimestre y ahora les dice a sus clientes que va a aumentar 15% más. Esto da un acumulado de 37% en el trimestre. ¿A los jueces esto les parece lógico y razonable? No sé en qué mundo viven”, dijo López, que resaltó el contexto de pandemia y la baja de ingresos de muchas familias argentinas.
Hasta el momento el Gobierno autorizó un 5% de aumento general en enero, sumó en febrero hasta un 7,5% para telefonía móvil y hasta un 5% para telefonía fija. Ese mes también otorgó aumentos segmentados por tamaño de las prestadoras de entre 5% y 7,5% para internet, TV por cable y TV satelital. Luego en marzo agregó un 2,5% para telefonía móvil. Pese a que las empresas que cobraron de más recibieron la intimación de Enacom de devolver lo cobrado demás, eso todavía no ocurrió.
Telecom no es la única gran empresa que solicitó una cautelar en la Justicia, pero es la única que la obtuvo hasta el momento. Según informó Enacom, el resto de los pedidos fueron rechazados en primera instancia y recurridos a la instancia de la Cámara, por lo que la cuestión de fondo no se ha resuelto todavía. Así las cosas, no se descarta un mayor vaciamiento de la norma al aumentar la cantidad de usuarios que quedarían fuera del paraguas del decreto.
Por otro lado, las autoridades de Enacom aseguraron que la oferta que las empresas hicieron hasta ahora de la Prestación Básica Universal (PBU), también creada por el decreto 690, ha sido “muy insatisfactoria”. Por este motivo se decidió intimar a las empresas para que en el próximo mes se otorguen tres millones de estas prestaciones, que están destinadas a beneficiarios de prestaciones sociales, jubilados que cobran hasta dos salarios mínimos y empleadas de casas particulares, entre otros beneficiarios.
Claudio Ambrosini, presidente de Enacom, aseguró que más allá de los avances Judiciales Enacom continúa dialogando con las empresas y anticipó que todavía no se definió el aumento que se autorizará en junio. Hasta el momento el organismo no logró llegar a un acuerdo con la Jefatura de Gabinete, que debe dar el ok final. El presidente del ente anticipó que hoy tendrán una nueva reunión en la Casa Rosada y que se comunicará el aumento “en las próximas horas”.
Para mayo, en cambio, ya está definido que no se autorizará ningún ajuste. “Quien aumente en mayo lo va a tener que devolver, y así hasta que se acostumbren al DNU”, completó López.
DT