Este viernes el Directorio del FMI se dispone a aprobar un “nuevo” programa con la Argentina, que, sin embargo, ya parece haber quedado viejo. Es que se trata de un programa que se diseñó para un contexto global que ya no existe. La invasión rusa a Ucrania lo trastocó todo, y a pesar de la incertidumbre que gobierna el escenario mundial, no pareciera haber dudas de que la guerra implica un shock estanflacionario (menor crecimiento y mayor inflación) de gran magnitud. El deterioro del contexto económico internacional no es un evento efímero y redujo notablemente la probabilidad de cumplimiento del acuerdo por parte de la Argentina.
El conflicto bélico en Europa del Este compromete en gran medida la producción y provisión mundial de energía y alimentos. Cuesta anticipar si hemos visto toda la suba de precios y cuán perdurable será, pero lo cierto es que Europa está decidida a desprenderse de la dependencia energética de Rusia, y que estamos asistiendo a un cambio geopolítico que obviamente traerá aparejados cambios significativos en las relaciones comerciales globales. Por eso, lo más probable es que la suba de precios internacionales se mantenga en los próximos meses, no necesariamente en los niveles actuales, pero sí significativamente mayores a los que se preveían a principios de año, antes del comienzo del conflicto y en plenas negociaciones con el Staff del Fondo.
Este cambio de contexto internacional afecta muy positivamente a la Argentina en el mediano plazo. Somos un país con enorme potencial productivo en energía y alimentos, en un contexto en que Occidente empieza a buscar nuevos proveedores de estos productos. Pero en el corto plazo, el impacto será negativo. Tres elementos confluyen para ese pronóstico: 1) Argentina es exportadora neta de alimentos y petróleo e importadora neta de gas y, en menor medida combustibles. Pero el precio internacional del gas, especialmente el licuado (GNL), subió mucho más que los alimentos y el petróleo; 2) la sequía durante el verano afectó a la producción agropecuaria y de energía hidroeléctrica; y 3) el déficit del turismo internacional crece fuerte a medida que el turismo emisivo se aproxima a niveles pre-pandemia y la brecha inhibe la liquidación de divisas provenientes del turismo receptivo en el canal formal. La combinación de estos elementos redundará en un menor ingreso de divisas a través de la cuenta corriente del balance cambiario por U$S 8.000 millones respecto al año pasado.
En este escenario, el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas pactada con el FMI sólo podría alcanzarse en una economía que no crece. Las divisas que se acumulen significarán menos importaciones, y un parate en la actividad de los sectores que utilizan insumos importados. Si el Ejecutivo decidiera, por ejemplo, limitar el gas a la industria durante el invierno para no convalidar los elevados precios de la energía y ahorrar divisas, la acumulación de reservas se daría a costa de una fuerte parálisis fabril. Pero incluso relajando levemente la meta de acumulación de reservas netas, los dólares remanentes para importar no alcanzarían siquiera para comprar los mismos volúmenes del año pasado, y los sectores productivos dependientes de las importaciones no podrían sostener -por falta de insumos- el nivel de actividad de fines del 2021.
Es cierto que las actividades que dependen principalmente de la demanda interna, como la mayoría de los servicios, no se verían tan afectadas por la disponibilidad de divisas (aunque moderadas por el deterioro del salario real), por lo que una parte del arrastre estadístico positivo que dejó 2021 persistirá. Pero el shock de la sequía sobre el sector agropecuario y las actividades conexas no sólo implicará menos divisas de exportación sino también menor producción. La premisa de una economía creciendo en torno al 4% parece haber quedado muy lejos. Si se cumple la meta de acumulación de reservas a rajatabla, no podemos pensar en otra cosa que en una economía que entrará en recesión. Desde Equilibra nos atrevemos a decir que la economía difícilmente crezca en 2022.
Con una economía que no crece, se cae otra de las premisas del acuerdo: el aumento de la recaudación por mayor crecimiento económico. Y con el nuevo set de precios de la energía, la meta de reducir subsidios energéticos se vuelve una utopía. El Fondo aceptó la suba segmentada de tarifas energéticas propuesta por el gobierno para usuarios residenciales -la mayoría pagará un 43% más, los que perciben tarifa social 21% y los hogares de mayores recursos afrontaran el costo pleno- pero exige una reducción en los subsidios de 0,6% del PBI. Sin embargo, la fuerte suba de los precios internacionales de la energía prácticamente duplica los costos del suministro de electricidad y gas en moneda local, volviendo imposible la reducción pactada de estos subsidios, y forzando a un feroz ajuste de otros gastos (¿vía una mayor inflación?) para acercarse a la meta fiscal. Se empieza a derrumbar el castillo de naipes: la meta fiscal seguramente necesitará de un waiver (una flexibilización por parte del FMI).
El acuerdo que será aprobado mañana en el Board del FMI buscaba corregir desequilibrios de una manera gradual: el plan no contiene una estrategia nítida para contener la suba de precios, ni tampoco planea reformas estructurales. Pero la sequía y la guerra le jugaron una mala pasada al gradualismo del acuerdo. El Gobierno y el FMI muy probablemente se verán forzados a readaptar el programa. Esto puede implicar que se adapten las políticas a llevar a cabo, los plazos para las metas y/o que directamente se planteen nuevas metas. El gobierno buscará mantener las políticas y modificar las metas, mientras que el FMI corregir las políticas y cumplir con las metas acordadas. Será materia de negociación. Si la magnitud de los impactos de la guerra se mantiene como hasta ahora, la flexibilidad seguramente alcance a todo: medidas, plazos y metas. Demasiados cambios para un programa que ni siquiera comenzó.
LG/GL