La imagen de la avenida más ancha del mundo cubierta por carpas durante dos días recorrió el país reflejando la realidad de millones que pelean para garantizar alimentos en los comedores populares. Ignorar esa situación es pretender tapar el sol con la mano y relativizarla con datos de recuperación económica que por ahora son solo estadística no parece una estrategia muy efectiva.
La sabiduría popular muchas veces distingue lo urgente de lo importante, pero en este caso parecen coincidir. ¿Cómo pensar una Argentina en el largo plazo sin atender la necesidad de los sectores más carenciados? ¿Cómo desarrollar un país sin políticas que reviertan el deterioro social? ¿Cómo levantar la mira en medio de la crisis y apuntar a una reconstrucción duradera?
La última semana nos enteramos de que a diciembre del año pasado había más de 17 millones de argentinos y argentinas pobres, que más de la mitad de los menores de 14 años viven en esa condición y que una de cada 12 personas que habitan en nuestro país directamente son indigentes, no cubren sus necesidades alimenticias. Son cifras que estremecen y que todo indica que la aplicación de las políticas acordadas con el FMI tenderá a agravar.
Por eso resulta incomprensible que muchos funcionarios hayan festejado que la pobreza sea solamente de un 37,3%. Lo hicieron con el argumento de que no se trata de la foto, sino de la película y que respecto de la medición anterior hay una pequeña mejoría. Mal de muchos y consuelo de tontos, en su festejo omiten que con la inflación acumulada de los primeros tres meses del año y la evolución de los ingresos por debajo de ella, la pobreza y la indigencia volverán a crecer.
Los entusiastas del gobierno se valen también de otras noticias para sostener su relato, como que el desempleo cayó al 7%, el menor registro de los últimos años. El lado B de esta recomposición es que la precarización laboral hizo estragos sobre la fuerza de trabajo: estamos en presencia del récord de trabajadores ocupados pobres -según la UCA un 28,2%- y el pico histórico de trabajadores que, incluso teniendo un empleo, buscan otro para poder llegar a fin de mes. No se trata solamente de los desocupados, sino de un empeoramiento generalizado de las condiciones para quienes viven de su trabajo.
La panorámica de la Argentina tiene como protagonista una inflación galopante, incluso antes de que aumenten las tarifas, se profundice la devaluación o se sienta aún más la contienda bélica; con una fuerza laboral cada vez más diezmada en sus ingresos y una realidad social que coquetea permanentemente con el estallido.
En este contexto, no es de sorprender el descreimiento de una parte creciente de la sociedad en la política, a pesar de una necesidad cada vez más acuciante de transformación. El enojo y la impugnación a quienes nos vienen gobernando es un clima de época que, si bien trasciende las fronteras nacionales, impacta con especial crudeza en nuestro país. Los analistas buscan constantemente las razones para explicar por qué todavía no hubo una reacción popular como la que sí se generó frente a realidades parecidas, ya sea en otros momentos de nuestra historia como en otros países en los últimos años.
La desprestigiada dirigencia política ha tomado nota de esta realidad y se sabe en la cornisa. Incluso en su desorientación busca dar alguna señal de esperanza frente a un futuro cada vez más difuso. No es de extrañar, entonces, que en las últimas semanas hayan proliferado a ambos lados de la grieta dos formas de abordar el complejo entramado de la economía argentina: ideas rimbombantes de dudosa aplicación en el congreso y planes ambiciosos para el largo plazo.
Los manotazos de ahogado como el proyecto de dolarización de Alejandro Cacace, solo buscan golpes de efecto, valerse del descontento popular frente a la inflación y ganar un poco de popularidad. Lo quiso presentar antes que Milei, que al menos tuvo la decencia de saber la inconsistencia de su planteo antes de exponerlo en la mesa de entradas del Congreso.
Lo mismo vale para el proyecto presentado por el bloque de senadores kirchneristas, un blanqueo para los evasores, que difícilmente pasará la Cámara de Diputados y que, en el hipotético caso de promulgarse, no tendría ninguna aceptación por parte de quienes han fugado sus divisas. El kirchnerismo ya intentó bajo el gobierno de CFK políticas de blanqueo que nunca recaudaron montos significativos. Bien visto, el proyecto del instituto Patria termina legitimando la deuda con el FMI que ellos mismos pretendían condenar.
Melconian y la Fundación Mediterránea quisieron contribuir a la confusión generalizada, pero con la agudeza de presentar un plan general de gobierno, partiendo de la idea de que hace falta tiempo para arreglar tierra tan arrasada. La profundización del ajuste vigente es música para los oídos del círculo rojo, que se quemó con Macri y quiere certezas sobre el plan que le piden financiar en poco más de un año.
El albertismo por su parte, lanzó el Plan Argentina 2030, en el que se propone llegar a esa fecha con el doble de las exportaciones de 2021 y dos millones de puestos de trabajo más que los que existen en la actualidad. El gran problema de la presentación es que sus planes inciertos, por fuera del desarrollo extractivista y las exenciones impositivas a quienes inviertan, relegando el afán recaudatorio del Fondo y poniendo todos los huevos en la canasta de una burguesía nacional que incluso subsidiada suele escatimar sus desembolsos.
La clase dirigente del país y su brazo político vienen de un traspié tras otro. Son los grandes responsables de habernos traído hasta esta situación lamentable no solo por su obsesión en el corto plazo, sino por la defensa de sus intereses minoritarios. Ahora han cambiado de estrategia, poniendo planes más extensos sobre la mesa y modificando la pregunta: ¿Saben hacia dónde ir o solo patean la pelota hacía adelante?
GL