Mientras el foro de gerentes de IDEA le hacía de claque a Javier Milei y escamoteaba sus históricos reclamos de respeto por las instituciones, el pluralismo y la prensa, los cimientos del poder económico libertario temblaron esta semana por la guerra abierta que estalló en la galaxia fintech. El clima ya venía caldeado pero el detonante fue el “vamos por todo” de Marcos Galperin: el asalto al subte porteño para primerear otra vez a la competencia, esta vez en el cobro electrónico de boletos del transporte público de todo el país.
Las negociaciones empezaron el verano pasado pero se precipitaron en las últimas dos semanas. Mediante un acuerdo privado secreto, sin licitación pública, compulsa de precios ni un solo acto administrativo que lo haya ordenado, MercadoPago se quedó con el codiciado rol de ‘adquirente’ del nuevo sistema de pagos de las seis líneas propiedad de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) concesionadas a EMOVA, del grupo Roggio. Así se aseguró estar de los dos lados del mostrador, porque también administra los QR con los que pagarán, en su mayoría, los usuarios que elijan el sistema que el gobierno porteño prevé habilitar en diciembre.
Las demás billeteras virtuales -como NaranjaX, MODO, Ualá y Brubank- se enteraron recién cuando vieron los nuevos molinetes con validadoras de pago que aparecieron en estaciones de todas las líneas de subte. Son unas 600 máquinas que EMOVA importó de India, con pantallas capaces de leer “QR pagadores”, que tendrá cada teléfono y que deberán acercarse al lector, al revés de como se hace habitualmente para pagar en comercios (que generan el “QR cobrador” que cada cliente escanea).
Tal como se anticipó en exclusiva en esta columna la semana pasada, la novedad enfureció a todo el ecosistema de pagos online porque MercadoPago no compartió con nadie hasta ahora los protocolos que permitirían a la competencia preparar sus propios sistemas para participar. “Nadie nos avisó que se iban a aceptar QR y esto arranca en 40 días. Lo que va a pasar si arrancamos así es que las validadoras solo van a leer los QR de MercadoPago, que el sistema no va a ser interoperable y que otra vez van a correr con una ventaja temporal que es crucial”, dijo una de las tres fuentes que consultó elDiarioAR en el sector.
¿Cuál es el negocio en juego? Primero, los 240 millones de boletos de subte que se venden por año, de los cuales el gobierno de Jorge Macri estima que un 20% se pagará con QR en pocos meses. Como no hubo licitación, no se sabe qué comisión cobrará el adquirente ni los emisores de los medios de pago utilizables. Lo decisivo, sin embargo, no es eso. Si los usuarios se acostumbran a activar la app de MercadoPago para cruzar el molinete, la billetera líder cristalizaría una ventaja difícil de remontar para las que vengan después, con ese hábito ya instalado, a intentar competir con otras tecnologías como NFC, chips o tarjetas físicas que también podrán usarse en las terminales “multipago”, tal como las promociona el gobierno porteño. Es parecido a lo que denunciaron durante dos años los bancos y billeteras cuyos clientes no podían usar sus tarjetas para pagar vía QR en los lectores de MercadoPago.
En los subtes de Río y en San Pablo, de hecho, ya se puede abonar el boleto desde hace tiempo con cualquier tarjeta física o con contactless desde el celular, igual que en las ciudades más ricas del mundo, pero no con QR. En el único país de la región donde se acepta QR es en Chile. La practicidad, que siempre le jugó a favor a la plataforma de Galperin frente a los medios de pago tradicionales, en este caso no necesariamente lo hará. Exponer el QR requiere al menos cinco pasos (desbloquear el celular, desbloquear la app, elegir pago con QR, subir la pestaña que exhibe el QR pagador y recién ahí embocar en el lector), mientras que las tarjetas contactless se exponen con solo dos toques en un botón lateral.
Pero la ventaja para el que juegue primero no es solo una cuestión de costumbre. Los del subte son apenas el 5% de los viajes con SUBE que se hacen en todo el país y todas sus estaciones tienen conexión a internet por fibra, lo cual lo convierte en el laboratorio perfecto para llegar mejor posicionado a la compulsa que lleva adelante en paralelo Nación Servicios para definir el protocolo de pagos electrónicos que arranca en febrero en colectivos y trenes. A eso se suman las ganancias en términos de “principalidad” (si alguien abre una app al menos dos veces al día es más probable que acceda a comprar algo más ahí, a contraer un préstamo o a contratar un servicio) y de “activación” (las plataformas se valúan en función de cuántos de sus usuarios las activan diariamente).
Ticket Canasta Reloaded
Para calmar las aguas, MercadoPago convocó para el próximo jueves a “una mesa técnica con las billeteras virtuales que nos contactaron para comenzar en conjunto a definir el estándar técnico de este nuevo sistema”. Según voceros del Ministerio de Transporte porteño, que conduce Pablo Bereciartúa, la elección de la empresa como adquirente corrió por cuenta de EMOVA a pedido de SBASE y “en la compulsa se presentaron VISA, MercadoPago, Fiserv y SUBE”. Voceros de MercadoPago, por su parte, dijeron haber participado “en una convocatoria realizada por EMOVA por el procesamiento de cobros”, que luego les confirmó que reunían “las condiciones necesarias para procesar los pagos con QR”.
Esas condiciones no se hicieron públicas, como tampoco los destinatarios de esa convocatoria. Según pudo reconstruir elDiarioAR, fue un simple correo electrónico que mandó EMOVA a quienes quiso.
La opacidad del proceso se riñe con la ley porteña 104/98 de Acceso a la Información Pública, que obliga no solo al gobierno sino también a los “concesionarios, permisionarios, licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada”. También choca con el Código de Ética y Conducta de EMOVA, que en su página 24 incluye como deber “seleccionar a los proveedores en función de la oferta competitiva, asegurando en todo momento un proceso justo de selección y sin favoritismos”.
Los actores en pugna convierten todo en más sospechoso. El propio Galperín no oculta sus vínculos con Milei, con quien Jorge Macri pretende sellar una alianza para 2025. La propia EMOVA es el nuevo mascarón de proa de los Roggio, que debieron entregar a Aldo y sacarse de encima el lastre de Metrovías, cuyo jefe había confesado en la causa Cuadernos el pago de retornos por el 5% de los subsidios que le giraba el Estado. Y el cobro con tarjetas de crédito y débito fue asignado a Payway (Prisma) y a OpenPass, ésta última propiedad en partes iguales de Telecom (Clarín) y Fabio Calcaterra, primo de Mauricio Macri y del jefe de gobierno. La sede de OpenPass Holding Corp, que en su momento creó el sistema ‘Monedero’, está en la guarida fiscal estadounidense de Delaware.
La apropiación de bienes públicos y la captura de datos privados por parte de la nueva élite de magnates tecno-rentistas genera controversia en todo el mundo desarrollado. Acá, Galperin fue denunciado ante la comisión antimonopolios, la Justicia y el Banco Central por “ventas atadas”, comisiones abusivas y otras prácticas anticompetitivas, igual que Amazon y ApplePay en Estados Unidos. Lo que más ambiciona ahora es que lo habiliten para liquidar sueldos y jubilaciones, como ya lo logró de la mano de Milei con los planes sociales.
El último nicho de negocio que abrió, sin embargo, pasó inadvertido para propios y extraños. Es una remake de los Tickets Canasta que fueron furor en los años 90 y funciona así: a los empleados fuera de convenio, muchas empresas empezaron a ofrecerles adicionales que se liquidan bajo la forma de “descuentos del 99%” en sus compras con MercadoPago. A uno, por ejemplo, le pagan $300.000 mediante esa modalidad. Hasta cubrir ese monto, si quiere comprar algo por $10.000, solo abona $100. El único requisito es que pague con la billetera de Galperin. Otra vez, más principalidad y más activación para la plataforma. Pero además la empresa contratante se ahorra cargas y contribuciones sobre ese monto, que tampoco cuenta para eventuales indemnizaciones.
Viejas y nuevas ideas
En Globant, otro unicornio argentino de nacimiento pero cuyos fundadores también se radicaron en Uruguay para pagar menos impuestos sobre el patrimonio personal, como el zar del e-commerce, las quejas por los salarios empiezan a multiplicarse. En una nota que publicó en Reddit la Asociación Gremial de Computación (AGC) a propósito del auspicio de la compañía al piloto Franco Colapinto (titulada “Globant, nuevo sponsor de tu salario congelado”), los comentarios de los trabajadores son elocuentes: “Me molesta que una nota peroncha sindicalista diga tantas verdades”, escribió uno. “¿Posta Globant no actualiza por inflación?”, preguntó otro. “No, es por dólar oficial, hoy 2% mensual”, le respondieron. “Y siguen pagando $7.000 por internet desde 2021. Ya es un chiste”, agregó un tercero.
Lo que sí aceptan con mano abierta los dos unicornios son las exenciones impositivas de la Ley de Economía del Conocimiento. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ese subsidio le costó al fisco $76.000 millones en 2023, equivalente a un 0,04% del PBI. Más de un tercio de lo que el Congreso ordenó girarles a las 65 universidades nacionales y que Milei vetó para no darles el gusto a los “degenerados fiscales”. Del total, Globant y MercadoLibre embolsaron el 48%.
La prórroga de esos subsidios fue aprobada por amplia mayoría en 2019 y es parte de los incentivos que los estados suelen generar para potenciar el desarrollo de determinadas industrias. Lo llamativo es que sus beneficiarios sean los principales auspiciantes de una gestión que advierte explícitamente que viene a desmantelar ese Estado, incluyendo las universidades donde se forman sus técnicos y programadores.
Es tan contradictorio como lo fue para el foro de IDEA la única voz disonante con la partitura mileísta que se oyó durante los tres días de tertulia marplatense: la del exministro de Hacienda chileno y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, Alfonso Velasco Brañes, que dejó en evidencia cuán a contramano del mundo quedó el minarquismo criollo. “La política industrial está de moda. Está de vuelta”, dijo Velasco. “El mundo volvió a querer fragmentarse. Si uno mira los aranceles y las barreras para-arancelarias, hay una tendencia creciente hacia el fin de globalización; o por lo menos, a ponerle un freno”, agregó.
Al día siguiente, tras las súplicas de Luis Caputo para que inviertan de una vez, los mismos gerentes escucharon a Federico Sturzenegger confesar que su “coloquio de IDEA ideal” sería uno donde no haya funcionarios públicos, el día “que su palabra sea irrelevante”. “Ése día habremos sido exitosos”, añadió. Sería la primera vez.
AB/DTC