El Gobierno Nacional se fijó como meta para 2021 que los salarios le ganen a la inflación, una lucha que en los últimos años la suba de precios ganó por knockout. Esto es a la vez un objetivo en sí mismo porque implica mejores condiciones de vida para una población muy golpeada, algo necesario para la recuperación económica de corto plazo y, aunque no se diga en voz alta, una base para competir electoralmente en agosto y octubre.
En los últimos años los salarios perdieron “en términos reales”: subieron en pesos, pero menos que la inflación. Septiembre de 2015 fue el último “pico” del salario en Argentina: desde entonces perdieron un 23,3% del poder adquisitivo. En términos prácticos, si en septiembre de 2015 un trabajador o trabajadora con su salario podía llenar un changuito, hoy sólo podría llenarlo hasta 3/4 partes. La mayor parte de esa pérdida de capacidad de compra del salario se dio en 2018 (-6,3% sólo en ese año) y 2019 (-9,5%), pero no se detuvo en 2020 (-3,6%).
En ese promedio general se esconden realidades muy distintas: quienes trabajan en el sector privado de manera registrada perdieron 21,5% del poder adquisitivo de su salario; quienes están empleadas en el sector privado pero de manera informal, un 24,9%; y quienes trabajan en el sector público, 28,4%.
Si a esto se le suma la amplia proporción de desempleo (o de personas que ya ni siquiera buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar) y precarización laboral, la situación de los hogares ha empeorado dramáticamente, como lo demuestran las preocupantes tasas de pobreza e indigencia. Esto no es nuevo en la sociedad argentina, que ha visto reducir sus salarios, aumentar su pobreza, empeorar su distribución del ingreso y perder puestos de trabajo formales, en distintas oleadas pero en forma persistente desde 1975.
Un hecho que demuestra cómo se ha consolidado esta situación a nivel general en todo el país es que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular está obteniendo personería social. Esto aún no implica un reconocimiento como gremio en sí, pero pone en tela de juicio el modelo sindical tradicional. La degradación de las condiciones laborales extendida en las últimas décadas obligó a la población trabajadora a organizarse para trabajar y vivir en torno a la Economía Popular y fuerza hoy a repensar cómo se institucionaliza la representación de ese amplio sector de la sociedad (cartonero, campesino, artesano, de venta ambulante, de programas sociales, cooperativista y de empresas recuperadas, entre otras) que está fuera de sindicatos de rama y centrales obreras.
El salario busca ganar (por puntos) el round 2021
Con 2021 ya iniciado, el contexto para mejorar el salario real no es fácil: para empezar, las PyMEs a lo largo y ancho del país recién empiezan a recuperar ventas, ya superado el peor momento económico de la pandemia. En casi todos los sectores productivos existe capacidad ociosa: o sea que podrían aumentar su producción rápidamente sin necesidad de contratar más personal ni invertir en nuevas máquinas. El desempleo y la precarización laboral continuarán siendo altos este año, sin que se generen en forma relevante nuevos puestos de trabajo formales y/o con buenos salarios. Todo esto también resta a la capacidad de sindicatos y trabajadores/as de presionar por aumentos de sueldo significativos.
En contrapartida, en el corto plazo un aumento del salario real es la única manera de que Argentina continúe recuperando algo del terreno perdido en manos de la recesión 2018-2020. La inversión apenas rebotará desde niveles históricamente bajos, la exportación no tiene suficientes nuevos nichos competitivos, el gasto público deberá moderarse para continuar reduciendo el déficit fiscal y aún falta para la creación de empleo de calidad. Aún así, todo parte de niveles tan bajos en comparación con 2020, que Argentina no necesita de nada de todo eso para rebotar un 5,5% en el crecimiento de su PIB.
Para crecer por encima de ese número y dejar algún tipo de arrastre para 2022, la única opción es que aumente significativamente el consumo de los hogares a través de una suba en el salario real. Y aún así, falta para poder sacarse de encima la sensación de crisis perpetua: incluso con el crecimiento en 2021, el PIB argentino recién volverá a los niveles que tenía en 2010. Esta “década perdida” larga aún podría prolongarse: lo que ocurra post-2021 depende de una coordinación de políticas públicas y agenda privada que en parte dependerán de lo que pase en las elecciones.
Por esto, la recuperación del salario y del consumo es clave. En particular, al Gobierno le permitiría mostrar buenas noticias y recrear un sentimiento de optimismo respecto de una mejora en la calidad de vida, de manera de llegar con mayores chances a las elecciones legislativas de agosto y octubre.
Las negociaciones salariales se darán entonces bajo esa tensión: por un lado, enfrentan una inflación que difícilmente baje de 40%, número que implicaría que no hubo nuevos episodios de volatilidad pese a la crisis económica vigente desde 2018. En ese sentido, el Gobierno apunta a fijar expectativas en torno al 30% y por ende podría homologar aumentos salariales de cerca del 35% “para que recuperen poder adquisitivo”. Pero ese 35% sería en la práctica una reducción real del salario, incluso en el mejor escenario . Reconciliar estos planteos implica aceptar una nueva proliferación de cláusulas gatillo y de instancias de renegociación más adelante en el año.
Otra tensión: un aumento del salario mínimo (hoy por debajo de la línea de pobreza) implica también un mayor gasto fiscal en las prestaciones atadas a ese piso, pero también una mejora de ingresos para familias que hoy lo necesitan. La combinación de aumentos salariales con una apreciación cambiaria, mantener los controles cambiarios (el “cepo”), reducir algún impuesto puntual (como Ganancias a una porción de la población de ingresos medios), continuar con la absorción monetaria y apuntalar las múltiples transferencias y subsidios que todas las empresas y familias del país reciben (en mayor o menor medida), podría entonces generar la recomposición del consumo que el Gobierno se puso como meta para 2020.
MK