El mendocino Marcelo Macaluso acordó con la gerencia regional de Mendoza del Banco Nación solicitar a la justicia la suspensión durante 180 días de la ejecución de su vivienda por falta de pago de cuotas desde abril de 2019, dijeron dos personas con conocimiento directo de la reunión que mantuvo el primer hipotecado en UVAS en recibir una notificación formal de remate y funcionarios del banco más grande del país. En ese período, las partes buscaran una solución consensuada para el repago del crédito UVA que el empleado del banco ICBC tomó en 2017 y dejó de pagar luego de abonar 20 cuotas, dijo una de las personas que pidió no ser nombrado revelando detalles de una reunión privada.
Macaluso, quien asistió al banco junto con su esposa y sus dos abogados, expresó voluntad de pago de la deuda que dejó de abonar en 2019. La autoridad regional del Banco Nación le expresó que no era interés del Banco rematar su vivienda. Las dos partes quedaron en mantener una segunda reunión mañana para formalizar la presentación. El apoyo del banco, presidido por Eduardo Hecker, al pedido de diferimiento de la ejecución a la justicia será clave para lograr una ventana de seis meses para encontrar una solución consensuada que evite la ejecución de la propiedad que le fue notificada el 30 de marzo luego de que Macaluso acudiera a la Justicia.
El Nación, que concentra alrededor de 46.000 de los 115.000 créditos UVA que existen en el sistema, analizará junto al deudor durante el período de suspensión el caso particular como hizo con otros 129 deudores que expresaron su incapacidad de pago ante la institución, dijo un funcionario del Nación. El crédito de Macaluso se renegociará atendiendo su capacidad de repago como se hizo en cada caso particular en los que se nos expresó imposibilidades para el pago total de las cuotas, dijo el funcionario que pidió reserva de su nombre. El número de reclamos formales para la renegociación es claramente inferior al 0.5% de la totalidad de los créditos otorgados, lo que muestra por un lado una baja morosidad y por el otro una baja complejidad a la hora de resolver el conflicto heredado de la administración de Mauricio Macri, cuando se inventó el índice de actualización UVA y se otorgaron los créditos, dijo el funcionario. Algunos de los 129 casos presentados optaron por la cancelación adelantada del crédito, dijo el funcionario.
Macaluso, de 45 años, sacó un crédito hipotecario UVA a 30 años en 2017 para comprar una vivienda en San Rafael, Mendoza. Empleado del banco ICBC, pidió un crédito un crédito por $2.000.000 en el Banco Nación -que en el momento ofrecía la tasa más baja- por el que inicialmente tenía que pagar $9.000 mensuales. Luego de pagar 20 cuotas, en abril de 2019, cuando por la inflación -que ese año terminaría en 54% anual- el valor se disparó a $21.000, Macaluso decidió dejar de pagar la totalidad de la cuota, entrar en mora y judicializar el caso. Presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de San Rafael, que fue rechazado. El argumento del juez fue que la cuota y el capital se incrementaban en la misma proporción en que se incrementaba el valor de la casa, relató el propio Macaluso.
Al haber sido el propio Mancaluso quien decidió judicializar el caso en forma temprana, fue el primero en recibir una orden de ejecución que ahora tendrá un pedido de suspensión de seis meses. La casa que compró la familia Macaluso está situada en el Barrio Unimev de San Rafael.
Macaluso es uno de los miembros del grupo “Hipotecados UVA”, que agrupa a los cerca de 115.000 tomadores de créditos UVAs, un invento del entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quien copió el sistema chileno de UFIs, que ajusta el saldo de la deuda de acuerdo a la inflación y el índice de construcción sin considerar el salario. En el inicio de la cuarentena el gobierno de Alberto Fernández decidió congelar las cuotas de los créditos UVA. Pero el pasado 31 de marzo empezó a regir el descongelamiento de las cuotas, que de acuerdo a un sistema de convergencia, acumuló los intereses suspendidos en UVAs que serán pagadas al final del crédito. Si bien hasta ahora el número de casos judicializados es mínimo, la aparición de casos particulares puede convertirse en un tema mediático sensible por su incidencia en la clase media en un año electoral en el que la inflación se mantiene por encima del 35% anualizada. Los seis meses que tomaron las partes en este caso particular vencen justo antes de la primera prueba electoral que asumirá el presidente Alberto Fernández, quien en campaña había prometido una solución a quienes tomaron estos créditos.
PRG