El veto de Milei a la fórmula que aprobó el Congreso revela las verdaderas prioridades del Gobierno

Esta semana Javier Milei formalizó su promesa: vetar la recomposición de los haberes previsionales. En medio de una catarata de agresiones a los legisladores, acusándolos de “degenerados fiscales”, el rechazo presidencial a la norma aprobada fue total y no parcial, como se había especulado en algún momento. Sin embargo, el Congreso podría insistir en la sanción y que de esta manera la ley que en vigencia definitivamente, ya sin la posibilidad de un nuevo veto. La amplia mayoría en ambas cámaras que con se sancionó hace dos semanas la Ley 27.756, que permitía una mejora en los haberes previsionales, vuelve verosímil esa posibilidad.

La pelota está en la cancha legislativa: con dos tercios de los presentes en cada Cámara, la ley se puede ratificar. De hecho, en Diputados ya se solicitó una sesión especial para su tratamiento el próximo miércoles. La política ahora debe definir si hay voluntades suficientes o triunfará la decisión del Presidente. 

Ahora bien, ¿en qué consistía esta iniciativa? Por un lado, otorgaba una recomposición para todos los haberes de 7,2%. A su vez, establecía un piso mínimo para todos los haberes de 109% sobre la valuación de la canasta básica total de un adulto equivalente. Por último, contenía una cláusula gatillo a activarse una vez al año (en marzo) equivalente al 50% del crecimiento real de los salarios en el año calendario anterior. 

No obstante, la fórmula de actualización que proponía la ley es la misma que Milei impuso por DNU en marzo de este año: de periodicidad mensual, atado a la inflación de dos meses atrás. El encono del presidente con el Poder Legislativo fue tal que ni siquiera aceptó ese artículo de la ley y decidió vetar la iniciativa de manera total.

En términos prácticos, la ley permitía incorporar el bono al haber y reducir la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo tiene sobre este componente tan significativo para quienes cobran la mínima. Esa discrecionalidad es la que le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, mantener las jubilaciones como variable de ajuste: el bono se encuentra congelado desde marzo en $70.000 y perdió gran parte de su poder de compra. La licuación es tal que si el bono se hubiera ajustado en la misma proporción que el haber, debería ser en septiembre de $122.000, es decir, $52.000 más por mes.

Asimismo, la ley sancionada, y ahora vetada, permitía que la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación de enero fuera totalmente compensada: el Ejecutivo había otorgado 12,5% de recomposición, restaba un 7,2% acumulado para equiparar la suba de precios promedio de enero de 20,6%. Estas dos cuestiones hubieran permitido que las jubilaciones mínimas mejoraran 5% en términos reales en el próximo trimestre. 

Por último, la cláusula gatillo sólo se activaba una vez al año, y siempre que los salarios hayan crecido en términos reales. Si los salarios crecen, la recaudación de los tributos de la seguridad social también lo hacen, y por ende el Estado tendría los recursos para afrontar ese incremento extra. Este artículo de la ley era el único que permitía pensar en la posibilidad de que las jubilaciones ganen en algún momento del mediano plazo en términos reales. De lo contrario, si mañana la inflación se “destruyera” como se propone el gobierno, las jubilaciones quedarían por siempre en este piso, bajo en términos históricos (32,5% debajo de 2015), sin posibilidad de recuperación. 

Desde el Gobierno, acusaron a los legisladores de atentar contra el plan económico y, como en otras ocasiones, presentaron cálculos de dudosa consistencia teórica para mostrar la imposibilidad del Estado de afrontar dichas mejoras. En parte, esto implica asumir una cuestión que el presidente niega: el superávit fiscal se sustenta en gran medida en el recorte a jubilados y jubiladas (27,7% en el período enero-julio de 2024).

La pregunta que en definitiva rodea la cuestión es: ¿se constituye realmente como impagable la mejora de los haberes, tal como sostiene el presidente? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si comparamos la situación vigente (con bono inclusive de $70.000 hasta fin de año) con la ley que sancionó el Congreso, el costo extra es de 0,44% del Producto Bruto Interno, incluyendo no sólo jubilaciones sino también pensiones no contributivas y asignaciones familiares, cuyos aumentos están ligados a la movilidad previsional. Este cálculo se realizó suponiendo que la ley se comenzaba a aplicar en agosto y retroactivo a abril, con lo cual, en términos efectivos, el impacto sobre el gasto sería aún menor.

¿Eso es mucho o poco? Es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley de Bases. Este impuesto al patrimonio lo abonan 409.081 contribuyentes (dato 2022, último disponible). Es decir, genera prácticamente el mismo impacto mejorar el ingreso a 6.089.252 de jubilados y pensionados y a 5.347.470 titulares de asignaciones familiares (dato junio de 2024) que beneficiar a las personas más ricas de nuestro país. Entonces, no se trata de una cuestión de si hay o no recursos, sino de prioridades: ¿para quién gobierna el gobierno?

CB/JJD