Shakira ya no vive en España, pero la Fiscalía no la olvida. El Ministerio Público denunció a la artista por fraude fiscal en el año 2018, un caso que se suma al juicio que deberá afrontar la cantante en otoño, acusada de eludir sus obligaciones tributarias entre los años 2012 y 2014. La cantante sostuvo que siempre actuó “conforme a la ley” y lamentó haberse enterado del caso por la prensa.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat tiene abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por la Fiscalía contra Shakira por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2018. El caso, avanzado por Vozpopuli, sigue en fase de instrucción.
La Fiscalía también confirmó la apertura del caso, pero por ahora no facilitó más detalles sobre la cuantía presuntamente defraudada a la espera de que el juzgado notifique la querella a la cantante. A diferencia de su primera causa, ahora la investigación no se centraría en una supuesta simulación de residencia en el extranjero pese a vivir en España, pues en 2018 la cantante estaba plenamente instalada en Barcelona.
La cantante, a través de un comunicado, indicó que no recibió notificación alguna de la querella y que se enteró de la misma por los medios de comunicación, lo que, a su juicio, “evidencia la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida”.
La artista aseguró que siempre actuó “conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, y explicó que se encuentra centrada “en su vida artística en Miami” y que está “tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales”.
Se trata de la segunda causa por delito fiscal que afronta Shakira. La primera está más avanzada y ya tiene fijado juicio para el próximo mes de noviembre. La vista abordará si Shakira defraudó a Hacienda durante los años 2012 y 2014 simulando residir fuera de España para pagar menos impuestos.
Según la Fiscalía, la Abogacía del Estado –que representa a Hacienda– y la Generalitat, la artista eludió el pago del IRPF y el impuesto autonómico de Patrimonio entre 2012 y 2014 pese a saber que estaba obligada a tributar en España al residir más de la mitad del año en nuestro país, donde ya vivía en la casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué a través de una sociedad. El Ministerio Público pide hasta ocho años de cárcel a la cantante.
En 2012, 2013 y 2014, a criterio de la fiscal, Shakira pasó más de 183 días al año en España, lo que la convertía en residente fiscal. Las únicas estancias fuera de España de Shakira durante esos años fueron, en esencia, para ejercer de jurado en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
Al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial” a la Hacienda española, “con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador”, remarca la fiscal Carmen Martín. Pero la cantante tenía otros planes, a criterio del Ministerio Público.
“Con el deseo de no tributar”, expone la fiscal, Shakira “utilizó un entramado societario” en distintos paraísos fiscales para ocultar sus rentas a Hacienda y “dejar de ingresar” un total de 12,3 millones en IRPF y 2,2 millones correspondientes al impuesto de Patrimonio.