El frente judicial de Shakira en España no se cerró tras admitir que defraudó a Hacienda. La cantante tiene abierta otra causa por otro delito fiscal del ejercicio 2018. Este jueves la artista negó el fraude en una breve declaración como investigada. La comparecencia judicial de la cantante, adelantada por El País y que ha confirmado elDiario.es, se ha practicado por videoconferencia desde Miami, ciudad en la que reside Shakira actualmente.
En la breve comparecencia, la cantante ha negado que se sirviera, como mantiene la Fiscalía, de un “entramado societario” en paraísos fiscales “movida por su deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas” en el ejercicio de 2018, en un fraude que el Ministerio Público cifra en seis millones de euros. La defensa ha pedido el archivo del caso.
La estructura del fraude que describe la Fiscalía en 2018 es similar a la que ya le valió una condena –que ya es firme– a la cantante por fraude fiscal entre los ejercicios 2012 y 2014. Pese a reconocer dentro de la sala de vistas el delito, la cantante criticó con contundencia a Hacienda y aseguró que la decisión de pactar se basó “en razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico”. La artista accedió a pagar una multa de 7,3 millones de euros (la mitad de la cuota defraudada) y se suspendió su ingreso en prisión a cambio del pago de 432.000 euros. Por haber defraudado 14,5 millones, Shakira pagó en conjunto 25,2 millones de euros.
La declaración por videoconferencia de este jueves ha permitido a Shakira ahorrarse la escena que protagonizó en el juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) en su declaración como imputada en 2019 en la primera causa por fraude fiscal: la cantante obvió la orden de la magistrada para entrar por la puerta principal del juzgado como todos los ciudadanos y usó un parking trasero para acceder al edificio judicial y esquivar a la prensa.
En esta nueva causa, el fisco mantiene que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a Hacienda 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.
A través de una sociedad de Malta –paraíso fiscal que también apareció en su primera causa–, y de varias sociedades pantalla domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, la cantante “canalizó los movimientos de capital” generados por su trabajo en 2018 lugar de hacerlo en España. Además de no declarar el IRPF que le tocaba (26,7 millones de base imponible)., tampoco lo hizo con el Impuesto de Patrimonio.
La denuncia de la Fiscalía menciona hasta 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar sus ingresos como artista y su patrimonio inmobiliario y financiero.
Además de tributar en paraísos fiscales para pagar menos impuestos a la Hacienda española, la Fiscalía mantiene que Shakira se dedujo hasta siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”. Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado –150.483 euros–, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.
La artista ya entregó el pasado mes de agosto en el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat la suma supuestamente defraudada en esta segunda causa, lo que le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero presuntamente evadido. Esa atenuante de reparación del daño fue la que propició el pacto en su primer juicio por fraude fiscal.