Un juez de la Corte Suprema de Brasil decidió este miércoles mantener a 140 personas detenidas como consecuencia de los ataques contra los edificios de los tres poderes del Estado y liberó a otras 60, con medidas cautelares, mientras las causas por delitos como “terrorismo” y “golpe de Estado” continúan.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes espera que analicen hasta el viernes los casos de 1.459 detenidos por el mismo acto cometido el 8 de enero en Brasilia por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
El grupo de 140 detenidos pasó de prisión en flagrante delito a preventiva para garantizar el orden público y la eficacia de las investigaciones, según informó el magistrado en un comunicado que recogió el diario brasileño Folha de Sao Paulo.
Para el juez del máximo tribunal ocurrió “una flagrante afrenta al mantenimiento del estado democrático de derecho, en claro desacuerdo con la garantía de la libertad de expresión”.
Además consideró que hay pruebas en el expediente de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para tratar de desestabilizar las instituciones republicanas y destacó la necesidad de investigar la financiación de la llegada de los detenidos y la estancia en Brasilia.
Según de Moraes, hay pruebas de que los 140 detenidos cometieron delitos como actos terroristas, asociación delictiva, golpe de Estado y supresión violenta del estado democrático de derecho, entre otros, tipificados en la legislación brasileña, reseñó el portal de noticias G1, del grupo O Globo.
Sin embargo, según la ley, el crimen de terrorismo requiere que la acción se lleve a cabo “por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio basado en raza, color, etnia o religión”, mientras que los disturbios fueron de naturaleza política.
El magistrado también consideró que las conductas ilícitas son “muy graves” y tenían como objetivo “coaccionar e impedir el ejercicio de las facultades constitucionales”.
El domingo 8 de enero, miles de personas identificadas con el exmandatario de ultraderecha invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema en Brasilia pidiendo a gritos un golpe de Estado contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que llevaba una semana de gestión.
Más de 2.000 personas fueron detenidas de inmediato después de los ataques. De esos, unos 300 fueron detenidos en el lugar de los hechos, pero la mayoría fue aprehendida durante la redada a un campamento de bolsonaristas, a unos ocho kilómetros de las sedes de los poderes públicos, a donde habían regresado luego de haber participado en el asalto a las instituciones.
Diez días después, los 1.459 detenidos estaban recluidos en la cárcel Papuda en Brasilia y las mujeres en Colmeia, ambas sobrepobladas en consecuencia. Los acusados por la invasión están separados del resto de los presos.
“Muchos de ellos son de otros estados, otras ciudades y van a ser transferidos (...) fuera de Brasilia” en los próximos días para esperar juicio, según un fiscal que dialogó con la agencia de noticias AFP en condición de anonimato.
Más de 600 ya han sido liberadas mientras siguen las investigaciones. La mayoría son personas mayores, mujeres embarazadas o madres con niños pequeños.
Hasta el martes se habían realizado 1.400 audiencias. Su objetivo es confirmar que los derechos y bienestar de los detenidos está siendo respetado. Debido al enorme número de acusados, todas las audiencias fueron vía videoconferencia.
Los jueces de Brasilia fueron auxiliados por magistrados de otros distritos. La parte acusatoria también fue reforzada con personal de otras regiones.
MB con información de agencia de noticias Télam