El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro habló por primera vez en público sobre el intento de golpe de Estado en su país el pasado 8 de enero. Desde Estados Unidos lamentó los destrozos que ocasionaron los militantes que lo apoyan en los edificios de los tres poderes.
“Lamento lo que pasó el día 8, algo increíble, pero la gente aprendió en mi gobierno lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, expresó el ex mandatario en un video que grabaron sus simpatizantes.
Desde la puerta de la casa de Orlando en la que está hospedado, Bolsonaro aseveró: “En cuatro años, todos los días eran lunes. ¿Hay algunos agujeros? Por supuesto que los hay. Cometemos algunos errores en casa, y ni digamos en el gobierno. Pero en casa sabemos quién es el responsable. Siempre somos nosotros, los maridos”.
Además destacó algunas medidas que tomó durante su mandato, entre ellas la flexibilización de la regulación de tenencia de armas de fuego. Así, reconoció que en su gestión “el desempleo” había bajado, mientras que la economía “subía”.
Bolsonaro emprendió viaje hacia Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, antes de que finalice su mandato. De esa manera, no le pasó la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, que ganó las últimas elecciones y asumió su cargo el 1 de enero de este año.
El Supremo anula el último indulto de Bolsonaro a policías condenados
La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, anuló el último indulto de Bolsonaro a decenas de policías y militares que fueron condenados por el crimen de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, lo que es conocido como como la masacre de Carandiru.
El indulto fue una de las últimas decisiones de Bolsonaro antes del final de su mandato, ensombrecido aún más después de que miles de sus seguidores hayan asaltado el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes, consignó Europa Press.
La decisión de Weber es una respuesta a un pedido del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien envió a fines de diciembre de 2022 al Supremo una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de este decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos.
Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, pero ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.
De los agentes condenados, cinco ya murieron -uno de ellos asesinado- y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.
MB con información de agencias