El Congreso de Perú aprobó esta noche en general el proyecto de reforma electoral y adelantamiento de las elecciones generales para abril de 2024, tres días después de que la presidenta Dina Boluarte exigiera a los legisladores reconsiderar la votación al proyecto del Ejecutivo, que había sido bloqueado la semana pasada, en un intento por atenuar la crisis generada por la destitución de Pedro Castillo que alerta a organismos de derechos humanos.
Con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, el Congreso unicameral aprobó hoy la iniciativa, a partir de la cual tras las elecciones de abril de 2024 el mandato de la actual mandataria cesaría el 28 de julio de ese año, en tanto que los congresistas cesarán el 26 de ese mismo mes, para dar espacio a la asunción de los legisladores que resulten electos en esos comicios.
La aprobación de la iniciativa requería un mínimo de 87 votos, que se consiguieron con holgura en unas intensas negociaciones en el cuarto intermedio que se resolvió al mediodía, luego de que el cuerpo aprobara con 94 votos reabrir el tratamiento de este proyecto de reforma electoral para adelantar las elecciones.
Si esta iniciativa de mayoría era rechazada pasaría a tratarse una de minoría que proponía incluir en la votación la convocatoria a un referéndum para consultar al pueblo sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El viernes pasado, el Congreso unicameral no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones -porque implica una reforma constitucional- y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, el debate fue suspendido por el titular del cuerpo, José Williams.
En medio de cruces y gritos afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar, en simultáneo al voto de presidente y nueva composición para el Congreso, una Asamblea Constituyente.
En este contexto, Boluarte descartó el sábado que vaya a renunciar y exigió al Congreso reconsiderar “la votación del adelanto de elecciones”.
“El Congreso tiene que reflexionar y actuar de cara a los intereses país. El 83% de la población quiere el adelanto de elecciones”, indicó la mandataria en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima, al hacerse eco de una encuesta realizada por la consultora IEP.
“Está en sus manos el adelanto de elecciones, El Ejecutivo cumplió presentando el proyecto de ley”, indicó y añadió: “Exijo que se reconsidere la votación”.
En paralelo a esta decisión del Congreso, la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó que el Gobierno de Boluarte concedió el salvoconducto (permiso) para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse con asilo a México al tiempo que declaró “persona non grata” al embajador de ese país y le dio “72 horas para abandonar” el país.
La decisión del gobierno peruano responde a “las reiteradas expresiones” del gobierno mexicano “sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”, dijo Gervasi, en un pronunciamiento. La familia de Castillo ingresó este martes a la embajada mexicana en Lima.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de este mes, cuando el Congreso destituyó a Castillo después de que este anunciara la disolución del Parlamento y el establecimiento de un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.
Sucedido por la hasta entonces vicepresidenta Boluarte, Castillo fue arrestado inmediatamente y la Justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por rebelión y conspiración, por entender que intentó dar un golpe de Estado.
Desde aquel día, buena parte del país es escenario de protestas en las que los manifestantes reclaman el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, y en las que murieron al menos 26 personas.
Como parte de una primera visita -que culminará pasado mañana-, los especialistas mantendrán reuniones con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, informó el diario peruano La República.
Se prevé una segunda reunión en enero de 2023 con la participación directa de comisionados de la CIDH.
La agenda de la delegación contempla una visita al departamento de Ayacucho, donde hace cinco días una represión militar en una protesta en un aeropuerto causó nueve muertes.
La visita, sin embargo, está condicionada a las facilidades que brinde el Gobierno de Dina Boluarte, ya que hay convocatorias para nuevas movilizaciones.
El desembarco de la CIDH en Perú responde a una invitación formal del Gobierno con el fin de “‘tomar conocimiento de los hechos suscitados a raíz de la vacancia constitucional del expresidente Pedro Castillo’”, informó el domingo pasado el organismo en un comunicado.
En tanto, la canciller de Perú, Ana Gervasi, se reunió este martes con Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a fin de discutir la crisis social por la que atraviesa el país.
“La canciller Ana Cecilia Gervasi sostuvo esta mañana una reunión virtual con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, con la finalidad de dialogar respecto de la situación actual de los derechos humanos en el país”, informó la Cancillería a través de su cuenta en la red social Twitter.
A su vez, ambos “renovaron su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, así como manifestaron su intención de incrementar la cooperación para el fortalecimiento de capacidades en instituciones del país”.
También hoy el Gobierno dejó sin efecto el toque de queda impuesto días atrás en algunas provincias de las regiones de Ayacucho y La Libertad en respuesta a las protestas.
En paralelo, el canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó hoy que su país le dio asilo a la familia de Castillo y se encuentra en la embajada mexicana en Lima, además de enfatizar que se trata de una decisión “independiente” y “soberana” del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el Grupo de Puebla, el foro político y académico de la izquierda y la centroizquierda de la región, manifestó hoy su “preocupación por la crisis social y política” en Perú y rechazó “los excesos de las fuerzas del orden en respuesta a las movilizaciones populares”.
Boluarte anunció el fin de semana la destitución de su primer ministro, Pedro Angulo, luego de que a fines de la semana pasada los ministros de Cultura y de Educación presentaran su dimisión ante la muerte de manifestantes en las protestas.
Con solo trece días en el cargo, reformará hoy su gabinete, según anunció ayer, incluyendo el cambio del primer ministro, para privilegiar la designación de funcionarios con mayor experiencia política para buscar salidas a la crisis.
La cartera de Transportes informó que este martes se reiniciaron las operaciones en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región de Puno (sur), luego de seis días de cierre por las manifestaciones.
Las protestas, que incluyeron cortes de rutas y calles, marchas, ataques a dependencias públicas y hasta intentos de tomas de aeropuertos, dejaron ya al menos 26 fallecidos
El saldo de heridos está bien por encima de los 600, entre civiles y policías.
Las visitas a Machu Picchu se encuentran suspendidas y otras terminales aéreas que permanecieron cerradas ya estaban operando.
Algunas manifestaciones seguían activas este martes en el sur del país.
Castillo perdió el poder ese día tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.
Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión, cuando intentaba llegar a la embajada de México para pedir asilo.
DA