A las 19.30 horas del miércoles 13 de noviembre, mientras 20.000 agentes de seguridad blindaban Río de Janeiro para la cúpula de presidentes del G20, un hombre se autoinmoló a las puertas del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, militante del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, se convirtió en el primer “hombre bomba” de la extrema derecha brasileña.
Caracterizado como el Joker, protagonista de la película de Todd Philips, Wanderley murió al explotar la bomba que cargaba en su propio cuerpo. Unos minutos antes, intentó invadir la sede del Supremo, detonó su coche estacionado en el Congreso de los diputados y arrojó un trapo mojado con nafta sobre la estatua llamada La Justicia, que pensaba incendiar con un extintor lleno de combustible.
Una hora después de la muerte del “Joker Wanderley”, un hombre intentó entrar en la Granja do Torto, una de las residencias oficiales del presidente de Brasil. Un miembro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) tuvo que disparar un tiro para disuadir la invasión.
La euforia que el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses trajo al bolsonarismo se esfumó en apenas dos horas. Los incidentes de Brasilia del día 13 provocaron un punto de inflexión político. Y aceleraron la divulgación de inquérito do golpe, la investigación que la Policía Federal (PF) realiza desde hace dos años sobre el intento de golpe de Estado que desembocó en la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023 de Brasilia.
Tras la victoria de Trump, Jair Bolsonaro confiaba plenamente en la aprobación del proyecto de ley 2.858 del Congreso, un paquete de leyes de amnistía que, entre otras cosas, revertirían la inhabilitación política que le impide ser candidato. “Lo que ocurre en Estados Unidos acaba pasando aquí”, afirmó Jair Bolsonaro en una entrevista Folha de São Paulo un día después de las elecciones estadounidenses.
El intento de atentado del “Joker de Brasilia”, un hombre de extrema derecha que había amenazado en redes sociales a Lula y Alexandre de Moraes (ministro del Supremo), adepto de ideas conspiratorias de QAnon y anticomunista convicto, congeló el optimismo bolsonarista. La verdadera bomba llegó la mañana del martes 19 de noviembre. Mientras los presidentes del G20 se preparaban para la sesión de clausura, la Policía Federal (PF) hizo pública la “operación Contragolpe”, que reveló un plan para asesinar a Lula, Geraldo Alckmin (actual vicepresidente de Brasil) y Alexandre de Moraes a finales de 2022. Cuatro militares y un policía federal fueron detenidos.
Según se iba desgranando el contenido del plan para asesinar a Lula con veneno, el pánico se apoderaba del clan Bolsonaro. La investigación policial colocaba en el epicentro de la trama criminal a Walter Braga Netto, ministro de Defensa durante el gobierno Bolsonaro y candidato a vicepresidente en 2022.
Generales y kids pretos
La “operación Contragolpe” recoge indicios de la participación directa de Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado y el asesinato de Lula. El general Mário Fernandes, entonces número dos de la Secretaría General de la Presidencia, confirmó, según el informe, que Jair Bolsonaro autorizó todo. El denominado plan Puñal Verde y Amarillo fue impreso en el palacio do Planalto (sede de la presidencia) y llevado a una reunión al Palacio da Alvorada (residencia oficial del presidente), en la que estaba presente Bolsonaro.
El golpe de Estado e intento de asesinato de Lula empezaron a tramarse, según la policía, en una reunión en la casa de Walter Braga Netto. El general habría asumido en ella la coordinación de los kids pretos (miembros de los cuerpos de operaciones especiales) que intentarían liquidar a Lula, Alckmin y Moraes. Además, Netto habría sugerido que los gastos de la operación podrían provenir de la caja del Partido Liberal. La investigación revela que los kids preto poseían “armamentos de guerra utilizados por grupos de combate” y detalles privilegiados sobre la agenda de sus objetivos.
Alexandre de Moraes fue el objetivo que estuvo más cerca de morir: llegó a estar en la mira de un francotirador que decidió abortar la operación por un cambio de planes de última hora. ¿Qué falta para que detengan a Jair Bolsonaro y el general Braga Netto?, escribía el martes Ricardo Noblat uno de los analistas políticos más prestigiosos de Brasil.
Prisión de Bolsonaro
Tras dos días de desconcierto de la extrema derecha, la Policía Federal lanzó la tarde del jueves la traca final: entregó al Supremo el inquêrito do golpe, responsabilizando a Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de “intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”. En la lista de acusados están los generales Braga Netto y Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional), así como Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileira de Inteligencia (Abin). El Supremo entregará el informe a la Fiscalía, responsable de ejecutar la denuncia, previsiblemente a inicios de 2025. Jair Bolsonaro podría enfrentarse a una pena de 30 años de prisión e inhabilitación política.
La “operación Contragolpe” coloca a Jair Bolsonaro contra las cuerdas. El expresidente ya estaba fuertemente comprometido por sus múltiples lazos con los acontecimientos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y la aparición de la minuta del golpe, un borrador de decreto que autorizaba un golpe de Estado.
Sin embargo, la Policía Federal escaló en los últimos días la implicación de Bolsonaro, al revelar la existencia de una organización criminal que actuó para intentar dar un golpe de Estado, atacar instituciones, vender ilegalmente joyas del Estado, defraudar certificación de vacunación, espiar a adversarios políticos y asesinar a sus oponentes.
“Los hechos dejan muy tocado a Bolsonaro. Prácticamente terminan con la posibilidad de ser amnistiado y de volver a disputar las elecciones presenciales de 2026 y de que haya un cambio en la decisión jurídica en ese sentido”, asegura Sérgio Praça, profesor de la Escola de Ciencias Sociales de la Fundación Getúlio Vargas.
El proyecto de ley de la amnistía está casi enterrado. “No tiene sentido hablar de amnistía para los condenados por el ataque golpista del 8 de enero de 2023 ante la actual conyuntura”, aseguró el jueves Gilmar Mendes, ministro del STF. El Partido de los Trabajadores (PT) aprovechó la tesitura para pedir a Artur Lira, presidente de la mesa del Congreso, que aparque indefinidamente el proyecto de ley de amnistía.
Liderazgo político en baja
Tras el breve paréntesis del efecto Trump, el liderazgo político de Bolsonaro está seriamente comprometido. La trepidante semana brasileña reforzó la soledad del expresidente. Los caciques conservadores de Brasil están empezando a abandonarlo a su suerte.
“Su ápice fue en 2018, cuando fue electo. De ahí para adelante solo menguó, porque no supo liderar el país”, afirmó un líder conservador a la periodista Raquel Landim. Por si fuera poco, la inclusión en la lista de acusados de Valdemar de Costa Netro, presidente del Partido Liberal (PL), acierta de lleno en la línea de flotación del principal partido de la oposición.
La elecciones municipales de octubre, muy por debajo de las expectativas del PL, ya habían supuesto la irrupción de nuevas alternativas ultras. Por un lado, el coach radical Pablo Marçal aparece muy bien posicionado en las encuestas presidenciales. Por otro, União Brasil, poderoso partido conservador, ya anunció que tendrá candidato propio. Los desdoblamientos del inquêrito do golpe podrían provocar, en palabras de Sérgio Praça, un alejamiento del partido de Bolsonaro de la extrema derecha: “En el PL no solo hay extremistas. Hay gente más sensata, menos proclive a dictaduras y golpes de Estado. Con la acusación a Valdemar Costa Neto, que debilita al PL, el partido va acabar migrando hacia el centro”.
Para el presidente Lula, que perdió popularidad en lo que va de año, la trama golpista es una tabla de salvación. “Tengo que agradecer ahora porque estoy vivo. El intento de envenenarnos a mí y a Alckmin no funcionó. Aquí estamos”, afirmó el jueves desde el palacio do Planalto. El victimismo cambió de lado. Si hasta ahora era Jair Bolsonaro quien usaba el atentado sufrido durante la campaña electoral de 2002 como comodín para reforzar su imagen, Lula está ya surfeando la ola del intento de asesinato. “Yo no quiero envenenar a nadie. La única cosa que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos, con números, aquellos que gobiernan antes de nosotros”, matizó Lula.
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ya pidió al Supremo la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, algo poco probable según la mayoría de los analistas. “Bolsonaro no va dejar de ser un líder popular. Muchos de sus seguidores van a ver estos acontecimientos como un complot del Supremo, el PT, los medios, en fin, teorías de la conspiración”, afirma Sérgio Praça. El Supremo difícilmente ordenará la prisión preventiva del expresidente, ya que podría provocar que una multitud enfurecida se levante y tome el mismo rumbo radical que el “Joker de Brasilia”, el hombre-bomba que aceleró el cerco a Jair Bolsonaro.