El llamado a tregua nacional hecho ayer por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, no tuvo efectos y, por el contrario, antecedió a nuevos choques, a más militarización y a la salida de otra ministra, Sandra Belaunde, quien hoy renunció a Producción.
“La exigencia de los dirigentes es que la presidenta renuncie y la presidenta no quiere renunciar”, le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, en referencia a por qué no se le ve futuro a la tregua que, sin especificaciones, planteó la mandataria en conferencia de prensa.
Santa Cruz destacó que Boluarte no intentó ningún mea culpa. Al contrario, insistió en que las protestas son financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico y que algunos muertos han sido asesinados con armas bolivianas, versión sobre lo que hasta ahora no se ha dado ninguna prueba.
Apenas terminó la presidenta su planteamiento, en varias ciudades se reactivaban las movilizaciones que empezaron el 7 de diciembre y que, en el caso de Lima, la ciudad más reticente a sumarse, completan ya una semana sin descanso.
Todo empezó con la destitución por el Congreso del presidente Pedro Castillo, quien previamente intentó disolver el Parlamento y decretar un Estado de excepción sin apoyo popular ni militar, que abortó con una reacción que puso al frente a la vicepresidenta Boluarte, proveniente de la izquierda como su antecesor.
Boluarte anunció que pretendía quedarse hasta 2026, desoyendo el clamor de elecciones generales inmediatas para Ejecutivo y Legislativo, y se alineó con la derecha. Lo que le generó un rápido distanciamiento con sus bases.
Cuando corrigió y habló de elecciones anticipadas, ya había muertos y el divorcio se tornó prácticamente irreversible.
Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó seis fallecidos; el de Chile, ese mismo año, 34; el de Colombia en 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política, dice un texto firmado por varios de los más reputados científicos sociales peruanos.
Somos muy conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale y así socavar la democracia. Grupos que han cometidos actos bárbaros (Â…). Sin embargo, el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima, añade el documento.
Si la presidenta solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia, debería renunciar, sentencia el texto, firmado por expertos de diversas tendencias.
Según el diario limeño La República, Boluarte ha estado dos veces a punto de renunciar, pero se lo ha impedido su primer ministro, Alberto Otárola, percibido como el hombre fuerte del régimen.
De acuerdo con esas versiones no confirmadas, Otálora le ha dicho a la jefa de Estado que, si renuncia, ambos tendrán que enfrentar a los tribunales por excesos de violencia. A cambio, le ha ofrecido respaldo de la Justicia, la Fiscalía, de la derecha política y de los poderes mediático y económico.
Por ahora, la Fiscalía avanza en indagaciones preliminares contra Boluarte y su jefe de gabinete, mientras que un grupo de abogados los denunció ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”.
El ingreso violento en Lima de la Policía, la Universidad estatal San Marcos, la mayor del país y la más antigua de América, también generó gran malestar: fueron detenidos 193 supuestos extremistas, sin los procedimientos que se aplican aún en estado de emergencia y con denunciado exceso de fuerza.
Al final, 191 fueron liberados sin condiciones en unas horas por no haber ningún elemento en su contra, uno quedó bajo comparecencia para aclarar casos y solo uno quedó detenido por una vieja requisitoria sin relación con el tema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios estados vecinos han expresado preocupación por lo que ocurre.
Boluarte, abogada de 60 años que como Castillo proviene de una familia andina, pobre y quechua hablante, insiste en que el Congreso avance pronto en la fecha exacta para las elecciones, en principio planteadas para abril de 2024, aunque la oposición quiere que sean en 2023.
La presidenta lucha por sobrevivir en el poder. Si renuncia, su lugar sería tomado por el jefe del Congreso, José Williams, pero este tiene más anticuerpos, por lo que la salida planteada por expertos es que el Parlamento busque una figura más digerible para encausar el proceso electoral.
DA