El asesinato del periodista británico Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira en el Valle de Javari, el extremo oeste de la selva amazónica brasileña, puso de relieve una vez más la extrema violencia que tiraniza al país. El ataque que los victimó es el último de una serie que comenzó en enero y que muestra, hasta ahora, un récord para los primeros cinco meses del año: 19 ambientalistas, indígenas y pequeños agricultores, perdieron la vida a manos de organizaciones criminales. La denuncia es de la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).
Los últimos cuatro años Brasil alcanzó los primeros puestos en el ranking de ferocidad contra activistas ambientales. En 2019, primer año del gobierno Bolsonaro, hubo 24 homicidios; en 2020, otros 20 ambientalistas e indígenas perdieron la vida; y en 2021 el exterminio trepó a 35 muertes. Y la selva amazónica representa 80% de todos los casos.
El coordinador nacional de la Comisión Pastoral, Carlos Lima, apunta a las causas de la creciente trayectoria asesina. Las describe como una combinación de dos factores: el Palacio del Planalto, en Brasilia, optó por abandonar el control de los conflictos, promovidos por quienes buscan apropiarse ilegalmente de las minas de oro, voltear árboles, incendiar la densa vegetación tropical y apropiarse de las tierras; como consecuencia, la delincuencia organizada percibe que puede actuar con total impunidad e intensifica sus acciones depredadoras. “La violencia que se vive es el resultado de un gobierno que optó por colocar el Estado al servicio de la apropiación ilegal, de la busca clandestina de oro, de la extracción de madera. Es un Estado que va en sentido contrario a la vida de las comunidades que habitan la región y a la conservación de la floresta” evaluó Lima.
Los documentos de la CPT revelan que 70% de los asesinatos ocurrieron contra defensores de las florestas, que se oponían a la deforestación. El 30% restante incluyó ataques a ambientalistas que luchaban contra la explotación ilegal de minas (los “garimpos”), la construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura (rutas en medio de los bosques tropicales), y se enfrentaban con representantes del agro negocio. Como sea, esas luchas no lograron frenar la tala de los árboles amazónicos: en mayo último hubo un nuevo récord con 1.475 kilómetros cuadrados de devastación; el peor índice de los últimos 15 años. Fue justo en 2007 cuando el gobierno de Lula da Silva logró, finalmente frenar la destrucción. Con el gobierno de Michel Temer, que asumió en 2016 luego de la destitución golpista de Dilma Rousseff, la curva de derribamiento forestal comenzó a trepar y Bolsonaro acentuó esa tendencia al punto tal que en 2019 hubo 74% más de áreas selváticas aniquiladas.
La “política anti ambiental” del bolsonarismo tuvo un punto álgido en abril último, cuando a la Corte Suprema se le presentó una oportunidad única de juzgar un proceso, que había iniciado la magistrada Carmen Lúcia, y que obligaba al gobierno a elaborar en un máximo de 60 días un plan de control de la deforestación. El juicio formaba parte de otro paquete judicial bautizado “proyecto verde”, acerca de temas ambientales. Pero el Palacio del Planalto se interpuso en el camino a través de André Mendonça, un juez del Supremo Tribunal Federal aliado del presidente brasileño. Este ministro del SRF pidió más tiempo para analizar el caso y eso llevó a la suspensión del juicio por tiempo indeterminado, ya que dependerá del magistrado la reactivación de la causa.
En medio de semejante contexto, el Amazonas –una región de 5 millones de kilómetros cuadrados que incluye nueve estados provinciales brasileños y 29 millones de habitantes—se convirtió en la zona geográfica donde el narcotráfico actúa libremente y se asocia con los forjadores de delitos ambientales. Los informes de las ONG ambientalistas describen la actuación directa de los carteles de Medellín y Sinaloa en el Alto Solimoes, es decir el área que circunda el Valle de Javari, donde fueron cruelmente atacados el periodista británico Dom y el indigenista Bruno.
Allí, los zares de la droga mantienen un sistema de transporte de armas y narcóticos, y de lavado de dinero, que incluyen en los negocios a comerciantes, pescadores, garimpeiros y madereras depredadoras. Los cargamentos de madera les sirve para “ocultar” el transporte de drogas, que usan jangadas sobre el río Amazonas y luego en camiones para llevar la “mercancía” a los puertos del norte del continente sudamericano, y de allí a Europa. “Esos grupos crean empresas, que se adueñarán del contrabando” advirtió Aiala Couto del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En definitiva, la “soberanía” sobre la extensa selva de la que habla Bolsonaro no es otra cosa que el traslado del verdadero gobierno regional al crimen organizado.
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