Entre anoche y hoy, ocurrieron en Quito una serie de ataques con granadas y explotaron dos coche-bomba frente a las sedes del organismo que gestiona las cárceles en el marco de una presunta protesta de organizaciones criminales por las constantes requisas en prisiones. En los establecimientos carcelarios, además, tuvieron lugar motines y retenciones de agentes por parte de los detenidos.
Ayer, policías y militares realizaron un operativo en las cárceles de Cotopaxi y Turi y decidieron el traslado de algunos líderes de bandas. Esto generó enfrentamientos entre los agentes y presos en las prisiones, lo que derivó en los primeros grabando un video en el que solicitan al gobierno nacional que no adopte decisiones que atenten contra sus derechos y los de los reclusos. “Este mensaje es para decirles que no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, dijo el vocero de los policías, vestido con uniforme militar.
En este marco, el ministro de Seguridad, Wagner Bravo, sostuvo que este hecho, sumado a la explosión de los autos, constituyen un intento de intimidación hacia la administración de Guillermo Lasso. “Quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las fuerzas armadas y la policía en controlar estos centros penitenciarios”, aseguró.
Los dos vehículos ─un sedán y una camioneta─ cargaban cilindros de gas cuando explotaron frente a distintas sedes del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad en la zona comercial de Quito. Según indicó el general Pablo Ramírez, director de Investigación Antidrogas de la policía, el sedán contaba con “dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita”.
En otros sectores de la ciudad capital, estallaron tres granadas, según informó el alcalde Pabel Muñoz a través de la red social X (antes Twitter). De acuerdo al sitio Primicias, también se produjeron otras dos detonaciones en El Oro.
Frente a estos ataques, el Frente de Seguridad decidió reunirse en el Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo, sin la presencia del presidente Guillermo Lasso.
Según especificó Ramírez, ya se detuvieron a seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, a pocos kilómetros del lugar de una de las explosiones. Todos ellos tienen antecedentes por extorsión, robo y asesinato.
Hasta ahora, las calles de la capital ecuatoriana no había sido escenario de la guerra entre bandas del narcotráfico y las autoridades, pero los recientes hechos parecen marcar un punto de inflexión. Las cárceles habían sido el principal lugar en el que se libraban los conflictos y las masacres como consecuencia de choques entre bandas y motines que, desde 2021, dejaron un saldo de más de 430 presos muertos.
Actualmente, en todo el país rige un estado de excepción que habilita a los militares a patrullar las calles e intervenir en el control de las prisiones donde se desarrolla la guerra de bandas, en general aliadas de cárteles mexicanos y colombianos.
ACM con información de agencias.