Los datos que demuestran que las macrogranjas llevaron a España fuera de la legalidad ambiental
La ganadería intensiva que ha multiplicado la producción de carne de cerdo en España ha supuesto el avance imparable del modelo de macrogranjas mientras el país incumplía sostenidamente la normativa europea sobre contaminación del aire y del agua proveniente de los desechos agroganaderos.
En España hay unas 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino. El término macrogranja no existe de manera oficial. Se aplica a las granjas de gran tamaño que acumulan miles de cerdos en sus instalaciones. La normativa obliga a las grandes explotaciones a reportar sus emisiones de metano en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica (PRTR), como explica esta investigación de Datadista publicada en elDiario.es. Y allí aparecen todas esas explotaciones, que sumaron 99 millones de kilos de metano liberados al aire en 2020.
Así que, mientras la producción de carne porcina crecía a gran velocidad y se creaban estas explotaciones, España no consiguió cumplir con los límites de emisiones a la atmósfera de amoniaco comprometidos con la Unión Europea durante toda la década en la que han estado en vigor, desde 2010 a 2019.
Macrogranjas de porcino activas en 2020
Macrogranjas de porcino
Mataderos especializado en porcino
Zonas vulnerables a nitratos
El tamaño del círculo de cada
granja es proporcional a sus
emisiones de metano en 2019. La
de
Castilléjar de la Cuesta
(Granada), la más contaminante de
España, emitió 590 toneladas
Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR
Macrogranjas de porcino activas en 2020
Macrogranjas de porcino
Mataderos especializado en porcino
Zonas vulnerables a nitratos
El tamaño del círculo de cada
granja es proporcional a sus
emisiones de metano en 2019. La
de
Castilléjar de la Cuesta
(Granada), la más contaminante de
España, emitió 590 toneladas
Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR
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Entre 2007 y 2020 los sacrificios de cerdos crecieron un 36%. De 41 millones de animales se pasó a 56 millones sacrificados. Se saltó de producir 3,4 millones de toneladas de carne porcina a 5,02 millones, según los indicadores del Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, desde 2010 a 2019 se ha emitido una media del 27% por encima del techo establecido para el amoniaco que estaba en 353 kilotoneladas al año. ¿La fuente de este salto? “El incremento de la cabaña ganadera y el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos”, según el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera del Gobierno.
Tras estos diez años, los países de la UE han retocado la normativa. Los techos de emisiones se han convertido en mucho menos rigurosos: para España, bastará con estar en 473 kilotoneladas anuales de amoniaco entre 2020 y 2029, un 16% más que el anterior límite.
Las explotaciones intensivas de gran tamaño ofrecen ventajas de rentabilidad. Sus promotores defienden que ahorran en gastos de energía, personal, o costes de importación de cereal para la alimentación de animales. El argumento es que, sin estar integrados en grandes grupos, no salen las cuentas.
El modelo que se está imponiendo está reflejado en el cambio del tipo de explotaciones. Cada vez hay menos granjas, de las 99.500 que funcionaban en 2007, ahora quedan 88.400. Sin embargo, las de mayor tamaño se han incrementado un 50%: de 1.425 a 2.126. Las comunidades autónomas con más explotaciones de gran capacidad (llamadas de tipo II y III) son Aragón y Catalunya, con más de 2.800 cada una.
Ante la justicia por contaminar
La concentración de gran cantidad de cerdos en lugares concretos ha generado problemas con la gestión de los desechos orgánicos llenos de nitratos. Su filtración al medio natural, junto a los fitosanitarios de los cultivos, termina en muchas ocasiones en las aguas superficiales y los acuíferos. La dimensión del problema hizo que, en diciembre pasado, la Comisión Europea llevara a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la ley debido a la “deficiente” respuesta ante la contaminación de las aguas por nitratos. Antes, en octubre, una investigación publicada por elDiario.es desvelaba cómo el Gobierno de Murcia había ignorado los avisos sobre el impacto de las macrogranjas en el Mar Menor.
El Ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado de mil puntos en 199 masas de agua afectados –o en riesgo– por la contaminación de restos ganaderos y agrarios. El 40% de los acuíferos españoles están dañados.
La Dirección General del Agua del Ejecutivo admitía en un informe de finales de 2020 que más de la mitad de las zonas contaminadas con estos tóxicos no podrían recuperarse en el plazo legal establecido y concluía que la reducción de este tipo de filtraciones debería ser “más ambiciosa” de lo calculado previamente.
La escala del problema ambiental que supone la ganadería industrial intensiva está reconocida desde hace tiempo: el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas (PSOE) lo expresó así en un real decreto de febrero de 2020: “La producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera”. La normativa incluía medidas que las granjas deben adoptar para evitar que los desechos acaben en el agua, racionalizar el uso de estiércol de los animales como fertilizante en los suelos y, acotar, por fin, las emisiones de gases.
Además, el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera (PSOE), calculó a finales de 2020 que, de media, unas 800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente (sobre todo en el agua). La industria intensiva agrícola y ganadera añaden unos 2,3 millones de toneladas a base de fertilizante y estiércol. Los cultivos y la volatización eliminan 1,5 millones. Después llegó la denuncia de la Comisión ante los tribunales.
Aumenta la exportación de carne de cerdo desde España
Evolución de la carne de cerdo, en todo tipo de productos, que se exporta desde España
Transición Ecológica prepara un decreto específico para proteger las aguas “contra la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias”. Su borrador admite que “se considera necesario establecer otras medidas para la dosificación y la aplicación de los estiércoles a los suelos que aseguren la protección de la salud humana y el medio ambiente”. Y añade que “la adecuada gestión de los estiércoles es crucial, siendo responsables de ello, en el ámbito de sus respectivas obligaciones, tanto los titulares de las explotaciones ganaderas como los de las explotaciones agrarias o mixtas”.
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