El domingo 20 de agosto la ciudadanía ecuatoriana elige sus nuevas autoridades constitucionales y también votará en doble referéndum. Sobre el futuro y el destino de la extracción petrolífera del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Los indígenas waorani y los pueblos no contactados como los tagaeri y los taromenani están convocados a la consulta popular. Y sobre el futuro del extractivismo minero liderada por el colectivo Quito Sin Minería
Más de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos, mayores de edad y con derecho a emitir un voto participarán este domingo 20 de agosto de una muy amplia jornada electoral: no solo elegirán al binomio conformado por el presidente y vicepresidente y también asambleístas, sino también que tendrán la gran oportunidad de definir con un “Sí” o un “No” el destino de la importante zona amazónica ITT.
El 5 de mayo la Corte Constitucional de Ecuador por dictamen nro. 6-22 resolvió por mayoría que la Consulta Popular, la primera de alcance nacional sobre el preciado tema ambiental, se realizara el domingo 20 de agosto, junto a las elecciones adelantadas debido a la “muerte cruzada” adoptada por el presidente Guillermo Lasso, para responder con un SÍ o un NO a la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?
El comunicado favoreció al pedido que la agrupación ambientalista Yasunidos había elevado en 2013, una década antes, para decidir sobre la continuación de la explotación de petróleo o mantener bajo tierra el crudo del bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocido como Bloque 43 y localizado en el Parque Nacional Yasuní, emplazado en el este ecuatoriano, entre las provincias de Napo y Orellana.
El área protegida más extensa del Ecuador, ¿se salva o se condena?
El Parque Nacional Yasuní y el aledaño Territorio Ancestral huaorani, declarado por la UNESCO reserva de la biósfera en 1989, conforman una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Esta reserva amazónica de casi un millón de hectáreas alberga a pueblos indígenas. El bloque petrolero ITT colinda con una parte de la zona intangible, donde viven los grupos tagaeri y taromenane de aislamiento voluntario, emparentados con los huaorani, una de las 14 nacionalidades indígenas del país.
No se trata solo de dirimir la extracción o no del oro negro, sino que se pone en juego el espacio y la vida de estos grupos indígenas. “Por el Yasuní estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Se acabó la época de la explotación, que tanto ha afectado al ambiente y ha empobrecido a nuestras comunidades” declara Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El gobierno del ex presidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) había promovido evitar la extracción en ese bloque a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares. La iniciativa fracasó y Correa, amparándose en la Constitución, promulgada en el 2008 y actualmente vigente, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y garantiza a los pueblos indígenas la consulta previa sobre planes de explotación en sus territorios, solicitó a la Asamblea Nacional que declarara de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el bloque ITT. La solicitud también incluía al vecino Bloque 31, aunque éste venía explotándose desde 2009.
En 2013 decidió la explotación del petróleo iniciada en 2016. Sin embargo, mucho antes empezó el movimiento contra la explotación comenzó mucho antes. “En 2014 presentamos más de 757.000 firmas para convocar una consulta sobre la conservación del parque del Yasuní”, señala Pedro Bermeo, portavoz del colectivo Yasunidos.
Del Bloque 43 del ITT, operado por la empresa estatal Petroecuador se extrae unos 55.000 barriles por día, un 11% de la producción nacional que ronda en los 480.000 barriles diarios. En enero y febrero pasados se extrajo en promedio 469.000 barriles por día; un 64% se destinó a la exportación.
Si gana el SÍ
La Corte estableció que en caso de ganar el “Sí”, será necesario otorgar hasta un año para su ejecución, tiempo durante el cual habrá un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera. El Estado tampoco podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del Bloque 43.
El “Sí” expresaría el convencimiento de que el referéndum sobre el Yasuní llega en un momento “histórico” para Ecuador, en el que la extracción de petróleo está en declive y las reservas están disminuyendo. A la vez que presupone que la economía del el país debe reorientarse hacia otros modelos económicos que prescindan del petróleo.
En términos generales, un nuevo rumbo que entiende principalmente al turismo ecológico y el bioconocimiento. “La consulta puede abrir un camino en esa dirección. El futuro turístico del Ecuador puede ser muy grande, como lo demuestra el caso de Costa Rica, un país bastante más pequeño que Ecuador, pero que ha logrado una diversificación económica y una altísima generación de empleo promoviendo un turismo de naturaleza. Después de 51 años de haber vivido en un país petrolero, la gente probablemente ha llegado a la conclusión de que el petróleo no brinda mejores condiciones de vida, o lo hace muy limitadamente, y que la pobreza se mantiene”, explica al respecto el Carlos Larrea, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Simultáneamente, los que favorecen el “Sí” tienen bien presente el impacto ambiental de actividades extractivas, como el petróleo y la minería. Y anteponen la protección de la naturaleza y de los pueblos originarios. “La extracción tiene impactos ambientales bastante severos en el Yasuní”, señala Larrea, quien pone como ejemplo que los senderos trazados de forma supuestamente ecológica se han revelado como carreteras aptas para casi todo tipo de vehículos, lo que pone en grave peligro la biodiversidad.
¿Por qué ganaría el NO?
“No” será la respuesta de los ecuatorianos que esgrimen que la extracción de petróleo supone una fuente de la que el Estado podría difícilmente prescindir. “Del ingreso petrolero se está pagando el salario de los empleados públicos. Si nos quedamos sin eso, porque en el Estado trabajan 800.000 personas, el impacto es fuerte”, argumenta Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética.
Ecuador es el país que más depende del petróleo en toda Latinoamérica, carece de reservas de oro y depende de la emisión de dólares de EEUU. “Para mantener eso, necesitamos petrodólares” sostiene Bladeón. “Tendremos un riesgo país supremamente alto para seguir adquiriendo fondos que necesitamos, ya no para el desarrollo, sino para mantener la salud, el empleo y la seguridad, un tema que nos ha impactado mucho en los últimos meses”, agrega el experto quien admite que las encuestas apuntan hacia una victoria del “Sí”.
Los defensores del “No” aseguran que es posible hacer una extracción petrolífera responsable y ambientalmente amigable, bajo el paraguas de las licencias ambientales, emitidas en base a estudios técnicos que toman en cuenta a los pueblos originarios. Además, argumentan que, si esos campos se abandonan, estando tan cercana la selva a Colombia y Perú, se corre el riesgo de que entren grupos ilegales, así como la guerrilla, que protege a la minería ilegal y a la industria maderera.
Por cierto, que el apoyo internacional podría ayudar al país con los fondos necesarios para implementar una vigilancia efectiva: y evitar que el Yasuní se convierta en tierra de grupos ilegales y madereros. “La tecnología moderna lo permite actualmente. Por ejemplo, la observación satelital es muy efectiva para determinar cualquier foco inicial de la deforestación o una afectación de la biodiversidad. Hay antecedentes históricos de que se puede evitar ese problema”, asegura Larrea, quien apunta que sería tarea del Gobierno, tras una victoria del “Sí” gestionar el apoyo financiero internacional.
Quito sin minería
En otro plebiscito simultáneo, liderado por el colectivo Quito Sin Mineríalas ecuatorianas y ecuatorianos decidirán si se prohíbe cualquier forma de minería en Chocó Andino, una gran reserva de la biósfera de la provincia de Pichincha, que forma parte del área metropolitana de Quito, la capital ecuatoriana.
En el Chocó Andino, que cubre un área de 287.000 hectáreas donde viven alrededor de 20.000 personas, actualmente existe una docena de concesiones mineras en fase de exploración y otras ocho en trámite, que en su conjunto abarca unas 27.000 hectáreas. La zona fue declarada en 2018, la Séptima Reserva de la Biósfera.
Elecciones generales y consultas populares bajo estado de excepción
Una atmósfera social de creciente tensión por el aumento de la violencia que envuelve a la ciudadanía ecuatoriana cada vez más desesperanzada, la campaña electoral ha seguido su curso y la fecha de los comicios se ha mantenido, a pesar de las urnas quedaron manchadas de sangre y luto a causa del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, por Construye quien fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto proselitista en una escuela de la ciudad capital de Quito. El país se encuentra bajo el estado de excepción, decretado por el presidente de Lasso. La medida permite el patrullaje de militares en las calles para garantizar el proceso electoral.
Antonella Calle, vocera de Yasunidos afirma que “Las cosas se logran si se las hace de manera colectiva. Los Gobiernos no están tomando medidas reales contra el cambio climático, pero los ciudadanos estamos comenzando a hacerlo frente a sus inacciones”. De imponerse el “SI”, la batalla que el colectivo lleva librando durante una década será un ejemplo y una inspiración para el mundo.
AGB
Este domingo 20 de agosto la ciudadanía ecuatoriana elegirá sus nuevas autoridades constitucionales y también votará en doble referéndum. Sobre el futuro y el destino de la extracción petrolífera del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Los indígenas waorani y los pueblos no contactados como los tagaeri y los taromenani están convocados a la consulta popular. Y sobre la minería liderada por el colectivo Quito Sin Minería
Más de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos, mayores de edad y con derecho a emitir un voto participarán este domingo 20 de agosto de una muy amplia jornada electoral: no solo elegirán al binomio conformado por el presidente y vicepresidente y también asambleístas, sino también que tendrán la gran oportunidad de definir con un “Sí” o un “No” el destino de la importante zona amazónica ITT.
El 5 de mayo la Corte Constitucional de Ecuador por dictamen nro. 6-22 resolvió por mayoría que la Consulta Popular, la primera de alcance nacional sobre el preciado tema ambiental, se realizara el domingo 20 de agosto, junto a las elecciones adelantadas debido a la “muerte cruzada” adoptada por el presidente Guillermo Lasso, para responder con un “Sí” o un “No” a la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”
El comunicado favoreció al pedido que la agrupación ambientalista Yasunidos había elevado en 2013, una década antes, para decidir sobre la continuación de la explotación de petróleo o mantener bajo tierra el crudo del bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocido como Bloque 43 y localizado en el Parque Nacional Yasuní, emplazado en el este ecuatoriano, entre las provincias de Napo y Orellana.
¿El área protegida más extensa del Ecuador, se salva o se condena?
El Parque Nacional Yasuní y el aledaño Territorio Ancestral huaorani, declarado por la UNESCO reserva de la biósfera en 1989, conforman una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Esta reserva amazónica de casi un millón de hectáreas alberga a pueblos indígenas. El bloque petrolero ITT colinda con una parte de la zona intangible, donde viven los grupos tagaeri y taromenane de aislamiento voluntario, emparentados con los huaorani, una de las 14 nacionalidades indígenas del país.
No se trata solo de dirimir la extracción o no del oro negro, sino que se pone en juego el espacio y la vida de estos grupos indígenas. “Por el Yasuní estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Se acabó la época de la explotación, que tanto ha afectado al ambiente y ha empobrecido a nuestras comunidades” declara Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El gobierno del ex presidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) había promovido evitar la extracción en ese bloque a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares. La iniciativa fracasó y Correa, amparándose en la Constitución, promulgada en el 2008 y actualmente vigente, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y garantiza a los pueblos indígenas la consulta previa sobre planes de explotación en sus territorios, solicitó a la Asamblea Nacional que declarara de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el bloque ITT. La solicitud también incluía al vecino Bloque 31, aunque éste venía explotándose desde 2009.
En 2013 decidió la explotación del petróleo iniciada en 2016. Sin embargo, mucho antes empezó el movimiento contra la explotación comenzó mucho antes. “En 2014 presentamos más de 757.000 firmas para convocar una consulta sobre la conservación del parque del Yasuní”, señala Pedro Bermeo, portavoz del colectivo Yasunidos.
Del Bloque 43 del ITT, operado por la empresa estatal Petroecuador se extrae unos 55.000 barriles por día, un 11% de la producción nacional que ronda en los 480.000 barriles diarios. En enero y febrero pasados se extrajo en promedio 469.000 barriles por día; un 64% se destinó a la exportación.
Si gana el SÍ
La Corte estableció que en caso de ganar el “Sí”, será necesario otorgar hasta un año para su ejecución, tiempo durante el cual habrá un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera. El Estado tampoco podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del Bloque 43.
El “Sí” expresaría el convencimiento de que el referéndum sobre el Yasuní llega en un momento “histórico” para Ecuador, en el que la extracción de petróleo está en declive y las reservas están disminuyendo. A la vez que presupone que la economía del el país debe reorientarse hacia otros modelos económicos que prescindan del petróleo.
En términos generales, un nuevo rumbo que entiende principalmente al turismo ecológico y el bioconocimiento. “La consulta puede abrir un camino en esa dirección. El futuro turístico del Ecuador puede ser muy grande, como lo demuestra el caso de Costa Rica, un país bastante más pequeño que Ecuador, pero que ha logrado una diversificación económica y una altísima generación de empleo promoviendo un turismo de naturaleza. Después de 51 años de haber vivido en un país petrolero, la gente probablemente ha llegado a la conclusión de que el petróleo no brinda mejores condiciones de vida, o lo hace muy limitadamente, y que la pobreza se mantiene”, explica al respecto el Carlos Larrea, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Simultáneamente, los que favorecen el “Sí” tienen bien presente el impacto ambiental de actividades extractivas, como el petróleo y la minería. Y anteponen la protección de la naturaleza y de los pueblos originarios. “La extracción tiene impactos ambientales bastante severos en el Yasuní”, señala Larrea, quien pone como ejemplo que los senderos trazados de forma supuestamente ecológica se han revelado como carreteras aptas para casi todo tipo de vehículos, lo que pone en grave peligro la biodiversidad.
¿Por qué ganaría el “NO”?
“No” será la respuesta de los ecuatorianos que esgrimen que la extracción de petróleo supone una fuente de la que el Estado podría difícilmente prescindir. “Del ingreso petrolero se está pagando el salario de los empleados públicos. Si nos quedamos sin eso, porque en el Estado trabajan 800.000 personas, el impacto es fuerte”, argumenta Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética.
Ecuador es el país que más depende del petróleo en toda Latinoamérica, carece de reservas de oro y depende de la emisión de dólares de EEUU. “Para mantener eso, necesitamos petrodólares” sostiene Bladeón. “Tendremos un riesgo país supremamente alto para seguir adquiriendo fondos que necesitamos, ya no para el desarrollo, sino para mantener la salud, el empleo y la seguridad, un tema que nos ha impactado mucho en los últimos meses”, agrega el experto quien admite que las encuestas apuntan hacia una victoria del “Sí”.
Los defensores del “No” aseguran que es posible hacer una extracción petrolífera responsable y ambientalmente amigable, bajo el paraguas de las licencias ambientales, emitidas en base a estudios técnicos que toman en cuenta a los pueblos originarios. Además, argumentan que, si esos campos se abandonan, estando tan cercana la selva a Colombia y Perú, se corre el riesgo de que entren grupos ilegales, así como la guerrilla, que protege a la minería ilegal y a la industria maderera.
Por cierto, que el apoyo internacional podría ayudar al país con los fondos necesarios para implementar una vigilancia efectiva: y evitar que el Yasuní se convierta en tierra de grupos ilegales y madereros. “La tecnología moderna lo permite actualmente. Por ejemplo, la observación satelital es muy efectiva para determinar cualquier foco inicial de la deforestación o una afectación de la biodiversidad. Hay antecedentes históricos de que se puede evitar ese problema”, asegura Larrea, quien apunta que sería tarea del Gobierno, tras una victoria del “Sí” gestionar el apoyo financiero internacional.
Quito sin minería
En otro plebiscito simultáneo, liderado por el colectivo Quito Sin Mineríalas ecuatorianas y ecuatorianos decidirán si se prohíbe cualquier forma de minería en Chocó Andino, una gran reserva de la biósfera de la provincia de Pichincha, que forma parte del área metropolitana de Quito, la capital ecuatoriana.
En el Chocó Andino, que cubre un área de 287.000 hectáreas donde viven alrededor de 20.000 personas, actualmente existe una docena de concesiones mineras en fase de exploración y otras ocho en trámite, que en su conjunto abarca unas 27.000 hectáreas. La zona fue declarada en 2018, la Séptima Reserva de la Biósfera.
Elecciones generales y consultas populares bajo estado de excepción
Una atmósfera social de creciente tensión por el aumento de la violencia que envuelve a la ciudadanía ecuatoriana cada vez más desesperanzada, la campaña electoral ha seguido su curso y la fecha de los comicios se ha mantenido, a pesar de las urnas quedaron manchadas de sangre y luto a causa del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, por Construye quien fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto proselitista en una escuela de la ciudad capital de Quito. El país se encuentra bajo el estado de excepción, decretado por el presidente de Lasso. La medida permite el patrullaje de militares en las calles para garantizar el proceso electoral.
Antonella Calle, vocera de Yasunidos afirma que “Las cosas se logran si se las hace de manera colectiva. Los Gobiernos no están tomando medidas reales contra el cambio climático, pero los ciudadanos estamos comenzando a hacerlo frente a sus inacciones”. De imponerse el “SI”, la batalla que el colectivo lleva librando durante una década será un ejemplo y una inspiración para el mundo.