“Casi la damos en adopción por el hambre y su mala salud en varias ocasiones. Me duele tanto que a veces deseo que muera”, dice Homaira, madre de Arezzo, una bebé de siete meses, en un testimonio recogido por UNICEF. Se cumple un año de la caída de Afganistán en manos de los talibanes y, desde hace 10 meses, nueve de cada 10 afganos no tiene acceso a la comida suficiente a pesar de gastar el 90% de sus ingresos en alimentos, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés). La mitad de la población (19,7 millones) de unos 40 millones de habitantes sufre actualmente inseguridad alimentaria aguda.
El informe del Integrated Food Security Phase Classification (IPC), herramienta de referencia a nivel internacional en el ámbito de la alimentación, sostiene que casi el 40% de los hogares ha tenido que comprar cereales con crédito. El 92% de las familias dice estar endeudada y el 88% de ellas cita la compra de comida como la principal razón de su endeudamiento.
“En el último año vimos un colapso económico. El empleo y los salarios desaparecieron, las familias empezaron a pedir, acumularon deudas, vendieron sus bienes productivos y sus mecanismos de resistencia ya no existen. Los agricultores, por ejemplo, tuvieron que vender sus tierras”, dice a elDiario.es Philippe Kropf, director de comunicaciones de WFP en Kabul. “El invierno es el momento más difícil para las familias afganas, que no están preparadas para pasar otro invierno duro. En los próximos meses solo podemos esperar que incluso más familias se vean en la necesidad de recibir alimentos”.
Richard Trenchard, director de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en Afganistán, cuenta a este medio una anécdota que refleja la gravedad del nivel de endeudamiento: “En Afganistán es muy normal que un terrateniente proporcione al agricultor una tierra y que este le dé un porcentaje final de la cosecha que suele ser del 50%. Hace seis semanas hablé con un pequeño terrateniente de la provincia de Parwan que tiene media hectárea que suele producir algo más de una tonelada de cereal al año y me dijo que después de pagar todas sus deudas, al agricultor le quedaron 11 kilos de cereal”.
“El grano que tienen va a pagar deudas y eso es comida con la que normalmente se alimentarían. Cuando eso se acaba es cuando empieza la temporada de hambre. Por eso, desafortunadamente esperamos que la temporada de hambre empiece este invierno mucho antes”, dice Trenchard.
A todo ello se añade la falta de fondos para la ayuda humanitaria. El Plan de Respuesta Humanitaria de 2022 para Afganistán solicitó 4.440 millones de dólares para evitar la catástrofe. “Este es el mayor llamamiento de la historia para un solo país en materia de ayuda humanitaria y triplica la cantidad que se necesitó y que realmente se recaudó en 2021”, dijo entonces el coordinador de la Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Sin embargo, la suma total de las donaciones prometidas no llegó a los 2.000 millones, según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esos fondos comprometidos por los donantes internacionales suponen solo el 40% del total solicitado en el Plan de Respuesta Humanitaria, lo que representa el porcentaje más bajo en una década.
El plan recoge las necesidades humanitarias divididas por sectores: sanidad, educación, alimentación, etc. Educación es el único campo que recaudó lo solicitado. En el terreno de la seguridad alimentaria y agricultura se solicitaron 2.660 millones de dólares y se consiguieron 764, menos del 30% del total. Algo similar ocurre con el apartado de nutrición que, de los 287,5 millones solicitados, solo consiguió un 28%. Otro factor relevante es el aumento de los precios: la cesta de la comida básica de WFP ha aumentado un 54% entre junio de este año y junio de 2021.
“Como madre, hubiera dado a mi bebé mi propia vida, pero necesitaba comida y eso no lo tenía”, dice Pari Gul en otro testimonio recogido por UNICEF. “Después de tres meses no podía producir leche. No tenía para comprar leche y solo podía alimentarla con té azucarado y agua”. Gul llevó a su hija desnutrida al hospital: “Vomitaba continuamente y tenía los ojos cerrados”. En el último año, la tasa de desnutrición en mujeres lactantes y embarazadas se duplicó.
Consecuencias de la falta de fondos
Con los fondos recibidos, WFP pudo asistir entre enero y junio a 21,4 millones de personas, la mitad de la población del país, dice Kropf. Sin embargo, en junio la agencia de la ONU se vio obligada a reducir su actividad “por falta de financiación”. Se trata también de una decisión estratégica para reservarse para el invierno, que es la temporada más difícil del año, y porque ahora es época de cosecha y, en teoría, los afganos pueden acceder a producción propia. “Pero todo esto significa que 8 millones de personas que estaban esperando alimentos no los recibieron , pasando de 18,6 millones a 10,8 millones”, dice Kropf.
“Tuvimos que reducir la ayuda y ahora estamos preparados para aumentarla a finales de año para llegar a 18 millones si recibimos 960 millones de dólares para los meses que quedan. Sin esta financiación, no podemos cumplir nuestros planes”, dice el portavoz de WFP. “Los donantes fueron realmente generosos en los últimos meses, pero la escala de la crisis es tan grande que las necesidades de la gente son mayores que la financiación disponible. Ya desde agosto nos estamos preparando a contrarreloj para el invierno porque muchas comunidades quedarán aisladas cuando llegue la nieve y el hielo. Planeamos posicionar de antemano en esas comunidades 150.000 toneladas de comida, seis veces más que en el invierno pasado, pero tenemos un déficit de fondos que necesitamos urgentemente antes de que llegue el invierno”.
“El alcance de la crisis económica es tal que es muy difícil trazar un camino a la recuperación y me temo que empeorará antes que mejorar”, dice Trenchard. “Si tenés una sequía normal, una invasión de langostas, un terremoto o algo parecido, sabes que tenés que levantar un puente hasta que la gente se recupere. El problema es que ahora estamos construyendo un puente, pero no tiene fin porque la crisis económica es lo que está agravando la situación. La impresión es que evitamos una catástrofe, pero estamos en una mala situación”.
Como ejemplo de los efectos de la crisis, el director de la FAO en Afganistán recuerda otro encuentro que tuvo hace unos meses con un ganadero. “El año pasado tenía 200 animales y ahora tenía 20 y estaban en los huesos. Iba a vender dos de esos 20 por 20 dólares, cuando normalmente se venden entre a 80 y 100 dólares, pero me dijo que no tenía otra opción si quería alimentar a su familia”, cuenta mientras un miembro de su equipo le interrumpe para firmar unos contratos: “Es el momento más ocupado del año por la temporada de cosecha. Estamos desarrollando el mayor programa que la FAO ha tenido nunca en cualquier país del mundo”, se disculpa. Trenchard explica que el trabajo de la FAO y de WFP están muy relacionados: “Si los agricultores son capaces de cultivar su propia comida, entonces necesitan menos ayuda alimentaria, pero mientras crecen los cultivos, seguirán necesitando ayuda”.
El efecto de las sanciones
No solo han aumentado las necesidades humanitarias en el último año, sino que el entorno cambió y en ocasiones resultó más difícil entregar esa ayuda. “Fue increíblemente difícil trabajar cuando la mayoría de los bancos no funcionaban y no podías traer dinero”, recuerda Trenchard. “Los donantes también aumentaron los requisitos para que el dinero no llegase a manos equivocadas”, añade en referencia a los talibanes y destacando que en los últimos 20 años hubo “una enorme inversión” a través del Gobierno.
“Desde el año pasado no podíamos operar de la mano del Gobierno, por lo que se hizo mucho más difícil”, señala el director de FAO en Afganistán. “Algunos de los donantes se han relajado y defendimos nuestra posición de que no se trata de compromiso político [con los talibanes]”. En diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que da a las agencias humanitarias algo más de margen de maniobra. “No dice que no podemos trabajar [con el Gobierno], dice que podemos hacerlo cuando es necesario para la entrega de asistencia humanitaria y apoyo a las necesidades básicas. Pero aunque existe ese espacio legal para operar, un donante puede decir que no quiere que lo hagamos”.
Kropf, de WFP, coincide y asegura que aumentó el nivel de vigilancia. “En principio, toda la asistencia humanitaria está exenta de las sanciones, pero creo que a nivel práctico, las cosas se han complicado. Ningún donante puede arriesgarse a que su dinero vaya a los talibanes”.
Además de la escala de la ayuda y los cambios en el entorno económico a la hora de operar, Kropf cuenta que en el último año también cambió el perfil del receptor de ayuda humanitaria. Ya no son solo ciudadanos residentes en zonas rurales. “Son también antiguos asalariados. Trabajaban para el Gobierno o para empresas que tuvieron que cerrar porque ya no hay clientes. Ahora tenemos puntos de distribución en el centro de Kabul, en lo que era el barrio de las embajadas, una zona de clase media”.